LONDRES – Un grupo de mujeres suizas acaba de obtener una importante victoria que renueva la esperanza de combatir el cambio climático. A principios de este mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno de Suiza está violando los derechos humanos porque no está haciendo lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las mujeres suizas toman la iniciativa
Más de 2000 mujeres suizas con una media de edad de 73 años apoyaron el caso, agrupadas en KlimaSeniorinnen Schweiz (Mujeres Mayores por la Protección del Clima en Suiza). Argumentaron que se vulneran sus derechos a la vida familiar y a la intimidad en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque son especialmente vulnerables a la muerte prematura por calor extremo.
Los datos de las recientes olas de calor en Europa son desalentadores: se calcula que más de 70 000 personas murieron a causa de las altas temperaturas en 2022. Las personas adultas mayores son más vulnerables a las olas de calor, y las mujeres son las más afectadas. En Suiza, las mujeres mayores registraron el mayor número de muertes durante la ola de calor de 2022.
La sentencia favorable constituye un hito.
Si bien en los últimos años los tribunales nacionales han dictado varias sentencias a favor de la acción por el clima, es la primera vez que el Tribunal Europeo dictamina que la falta de acción contra el cambio climático viola los derechos humanos, y la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos reconoce que las personas tienen derecho a ser protegidas del cambio climático.
Y no será el último hito.
Al menos otros seis casos climáticos esperan al Tribunal Europeo, entre ellos uno presentado contra el gobierno noruego por Greenpeace Nordic, alegando que los planes para ampliar la extracción de combustibles fósiles en aguas del Ártico violan los derechos humanos. Los tribunales nacionales también pueden inspirarse en el precedente del Tribunal Europeo. No cabe duda de que se producirán más litigios.
Un campo en expansión
Este caso fue uno de los tres examinados por el Tribunal, y el único que prosperó.
Las demandas presentadas por un grupo de jóvenes portugueses contra 32 Estados europeos y por un político francés contra Francia fueron desestimadas, pero por motivos de procedimiento y no por el fondo del asunto. La única victoria fue un triunfo para todos, ya que todos se beneficiarán de los recortes de emisiones que deberían resultar.
En muchos juicios sobre el cambio climático, los jóvenes son los protagonistas, argumentando con razón que el cambio climático les afecta de manera desproporcionada, ya que afecta a los derechos de su futuro.
Pero los jóvenes activistas portugueses reconocieron la contribución vital que han hecho sus homólogos suizos de más edad, demostrando lo vital que es la solidaridad entre generaciones para las luchas de la sociedad civil.
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Los defensores del clima recurren cada vez más a los litigios para exigir responsabilidades a gobiernos y empresas por su inacción ante la crisis climática.
Desde que se alcanzó el Acuerdo de París sobre cambio climático en 2015, se han presentado más de 1500 casos de litigios climáticos, y más de la mitad han tenido resultados favorables.
Existe una tendencia creciente de litigantes climáticos que enmarcan sus casos en acuerdos de derechos humanos que argumentan que se están incumpliendo cuando los gobiernos y las empresas no toman las medidas adecuadas.
Entre los éxitos recientes, el pasado noviembre el Tribunal de Apelación de Bruselas impuso a las autoridades belgas un objetivo vinculante de reducción de emisiones a raíz de una demanda de derechos humanos.
Ese mismo mes, un tribunal alemán dictaminó que el gobierno debe adoptar inmediatamente un programa de acción sobre objetivos de emisiones para la construcción y el transporte.
En agosto de 2023, 16 jóvenes activistas ganaron un caso en el estado estadounidense de Montana y el tribunal dictaminó que las políticas del gobierno estadual en apoyo de los combustibles fósiles violan su derecho a un medio ambiente sano.
Este mismo mes de abril se produjo otro gran avance en India, cuando el Tribunal Supremo del país dictaminó que los ciudadanos indios tienen el derecho fundamental a no sufrir los efectos nocivos del cambio climático, basándose en que la Constitución garantiza los derechos a la vida y a la igualdad.
Mientras tanto, en países como Brasil, Perú y Corea del Sur, donde el Tribunal Constitucional acaba de iniciar la vista de una demanda interpuesta por jóvenes y niños, se están llevando a cabo casos sobre el clima basados en los derechos humanos.
Una de las sentencias que el Tribunal Supremo indio tuvo en cuenta para llegar a sus conclusiones fue un veredicto de 2015 que ordenaba al gobierno holandés tomar medidas más enérgicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que demuestra cómo una sentencia en una jurisdicción puede ayudar a construir un caso en otra.
Se necesita un espacio cívico abierto
La acción legal lleva tiempo. A los activistas suizos les llevó casi ocho años, tras haber tenido que agotar todas las vías que ofrecía su sistema jurídico nacional hasta llegar al Tribunal Europeo.
Los litigios seguirán siendo sólo una de las muchas herramientas vitales utilizadas por los defensores del clima, junto con la defensa de alto nivel ante los gobiernos nacionales y en procesos globales como las cumbres climáticas, las COP, la presión de los consumidores, el activismo de los accionistas, las campañas para la desinversión en combustibles fósiles, las protestas callejeras y la acción directa no violenta.
Pero precisamente en el momento en que la sociedad civil está demostrando lo necesaria que es, su capacidad de acción se está viendo mermada, sobre todo por las restricciones a los derechos de protesta.
Es un hecho triste que los activistas que se resisten a la extracción de combustibles fósiles en muchos países del Sur global hayan sido reprimidos durante mucho tiempo. Pero, en una tendencia preocupante de los últimos dos años, muchos Estados del Norte están atacando a los defensores del clima.
Recientemente, las autoridades alemanas e italianas han criminalizado a los activistas con leyes contra la delincuencia organizada, la policía de los Países Bajos ha detenido a miles de manifestantes y el gobierno del Reino Unido ha aprobado leyes contra las protestas y ha encarcelado a activistas pacíficos.
Estas crecientes restricciones podrían minar las energías y mermar las filas del movimiento por el clima en el momento en que más se necesita.
Los Estados europeos deben tener en cuenta la sentencia del Tribunal Europeo, reconocer que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos y comprometerse tanto a reducir sus emisiones como a respetar el espacio cívico para el activismo climático.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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