WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó medidas de protección para 13 líderes sociales y defensores de los derechos del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bahía Málaga, oeste de Colombia, amenazados por grupos armados irregulares.
La Cidh solicitó a Colombia que “adopte las medidas necesarias para proteger la vida de los 13 líderes sociales y que estos puedan volver a su comunidad –en la costa del Pacífico colombiano, cerca del puerto de Buenaventura- de manera segura”.
“Estos lineamientos deben ser implementados, pues son indispensables para que los líderes puedan continuar realizando actividades de defensa de derechos humanos sin ser amenazados u hostigados”, señala el texto de la Cidh.
Al Estado colombiano se le establece, además, la obligación de informar sobre las acciones que decida tomar en el área de Bahía Málaga, donde viven unas 12 000 personas -40 % afrodescendientes- junto a un parque nacional que despunta como atractivo turístico, pues su parte oceánica es área de cría de la ballena jorobada.
El consejo comunitario de Bahía Málaga denunció que el 22 de enero pasado sufrió una invasión de grupos armados irregulares, que amenazaron a la población y trataron de robar parte de sus bienes y secuestrar a dirigentes comunitarios.
La Cidh recibió informes de que un grupo armado utilizó fusiles, disparos indiscriminados y amenazas de muerte “a los líderes del consejo de defensa de los derechos étnico-territoriales”, para presionar por el control de la zona.
Aunque no se precisó la identidad del grupo armado, en la región han operado la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN, que negocia un acuerdo de paz con el gobierno) y el delincuencial Clan del Golfo, de origen paramilitar.
“La amenaza e intimidación se viene presentando desde el año 2006”, dijo el consejo en un escrito de denuncia, y destacó que la incursión de los irregulares se produjo “a pesar de la situación inconcebible de encontrarnos en plena jurisdicción y presencia militar de la base naval de Bahía Málaga”, la principal del Pacífico colombiano.
El consejo sostiene que en los últimos meses los habitantes de varias comunidades se encuentran atemorizados y confinados tras la incursión de los grupos armados, y reclaman presencia de la fuerza pública.
Aunque los defensores de derechos humanos realizaron la denuncia y le solicitaron al Estado protección, las autoridades no habrían adoptado las medidas necesarias para este tipo de situación, según el reporte de la Cidh.
El organismo interamericano analizó la información entregada por el Estado sobre la ayuda humanitaria que han prestado a la comunidad de la bahía, y consideró que esas acciones son insuficientes, ya que no se tradujeron en la disminución de factores de riesgo, así como tampoco se implementaron esquemas de protección.
Por ello solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para proteger la vida de los 13 líderes sociales, y que puedan volver a su comunidad de manera segura.
Colombia es el país de América más peligroso para los activistas sociales y defensores de derechos, con 181 de ellos asesinados el año pasado (215 en 2022 y 145 en 2021) según la Defensoría del Pueblo de ese país.
Una misión de las Naciones Unidas que hace seguimiento a los acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia colombiana insistió en su último informe, el 10 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en que el país debe redoblar esfuerzos por colocar a las comunidades vulnerables al margen de la espiral de violencia.
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