LONDRES – La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) reclamó de nuevo la libertad del activista de Internet australiano Julian Asaange, al cumplirse este jueves 11 cinco años de su reclusión en la prisión británica de Belmarsh, y bajo la amenaza de su extradición a Estados Unidos.
Washington “debe retirar todos los cargos contra Assange, lo que permitirá su liberación sin demora de la custodia estatal de Reino Unido”, dijo en una declaración la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
El presidente estadounidense Joe Biden respondió “lo estamos considerando”, cuando periodistas le inquirieron la víspera, durante una rueda de prensa junto al primer ministro japonés Fumio Kishida, acerca del pedido de Australia para que su país retire los cargos contra el activista.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha pedido desde noviembre de 2023 que se cierre el caso contra Assange, y el pasado febrero el parlamento de su país también votó una moción en favor de que cese el proceso legal.
Assange, de 52 años, fundó en 2006 la red WikiLeaks, que ha difundido millones de documentos, muchos obtenidos de fuentes anónimas, para desvelar abusos de poder o violaciones de derechos humanos y de las libertades civiles por parte de gobiernos.
Washington acusa a Assange de 18 delitos, en su mayoría contra su Ley de Espionaje que data de 1917, al filtrar en 2010 cerca de 250 000 cables diplomáticos y militares, lo que puso en peligro a fuentes, ciudadanos y la seguridad nacional, según el alegato estadounidense.
Assange “se atrevió a sacar a la luz revelaciones de presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Es inaceptable que se le hayan robado años de vida. Continúa recluido arbitrariamente en Reino Unido por cargos que obedecen a motivos políticos”, dijo Callamard.
Si fuese juzgado en Estados Unidos, Assange encara una condena de hasta 175 años de cárcel, y graves abusos como el encierro bajo aislamiento prolongado, según AI.
En julio de 2012 Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, y el país sudamericano le otorgó asilo, pero el gobierno británico negó el salvoconducto.
Cuando el asilo ecuatoriano le fue retirado el 11 de abril de 2019, Assange fue capturado por la policía y recluido en Belmarsh, al sureste esta capital.
Se inició el tortuoso proceso de su extradición, autorizada por el británico pero detenido el pasado marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia en Londres determinó que Estados Unidos debía aportar garantías de que Assange no afrontaría la pena de muerte en caso de ser declarado culpable de los cargos que se le imputan.
Por otra parte, “el enjuiciamiento en curso de Assange constituye una burla de las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y de su compromiso declarado con la libertad de expresión”, según Callamard.
Opinó que “se pretende actuar contra Assange por actividades que son fundamentales para todas las personas que ejercen el periodismo y la edición, que con frecuencia reciben información gubernamental confidencial de fuentes externas”.
El Tribunal Superior del Reino Unido prevé volver sobre el caso el 20 de mayo. Entretanto, podría producirse alguna decisión de parte del gobierno de Biden.
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