MORAZÁN, El Salvador – La salvadoreña María hizo apenas 10 dólares vendiendo dulces y artesanías en este día especialmente malo. Es la mitad de lo que junta habitualmente: 20 dólares en una jornada promedio; 25 si tiene suerte.
“Las ventas no han estado bien. En la zona hay turismo, pero la gente no viene acá, al pueblo”, dice a openDemocracy en la plaza de Osicala, un pequeño municipio del departamento de Morazán, en el este de El Salvador. Son cuatro horas en automóvil desde San Salvador, la capital, en una ruta llena de curvas donde se intercalan volcanes y puestos de venta de frutas.
Y son unos 110 kilómetros desde las laderas del volcán Conchagua, donde el presidente Nayib Bukele ha prometido erigir Bitcoin City – una extravagante ciudad inteligente y libre de impuestos.
Si el proyecto se hace realidad, esta distancia va a parecer como de un millón de kilómetros.
La economía está cada vez peor, explica María, que como otros entrevistados pidió no dar su apellido. El costo de la canasta básica (un conjunto de alimentos esenciales para cuatro personas), aumentó unos 50 dólares en los últimos cuatro años y representa casi tres cuartos (258 dólares) del salario mínimo (365 dólares). El dólar es la moneda oficial de El Salvador desde 2001.
“Todo el mundo lo comenta: los precios están demasiado altos”, dice María.
Ella votó por Nayib Bukele en las elecciones del 4 de febrero. Él ganó la reelección con 84,6 % de los votos, si bien 48 % de los habilitados no concurrieron a votar.
Nadie se sorprendió de que Bukele ganara por amplio margen, y su partido Nuevas Ideas obtuvo 54 de los 60 escaños, barriendo de hecho a la oposición.
El resultado fue cuestionado, aunque sin éxito, porque la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata, y luego por irregularidades en el escrutinio, que se detuvo abruptamente en la noche de la elección y desencadenó denuncias de votos mal contados.
No es raro escuchar en las calles quejas de votantes de Bukele hacia funcionarios y diputados, a los que responsabilizan de la falta de resultados en la economía. Pero la figura del presidente parece blindada.
“Nadie está al nivel de Bukele. Él ha traído puras buenas ideas, pero no siempre logran interpretarlo”, comentó un taxista un día antes de la elección.
María, vendedora callejera de dulces y artesanías en Osicala, El Salvador. Imagen: Juan Elman / openDemocracy
El mayor logro de su gestión es haber desmantelado la estructura de pandillas que imperó en el país durante décadas. Según datos oficiales, en 2023 El Salvador tuvo la tasa de homicidios más baja de su historia (2,4 homicidios por cada 100 000 habitantes).
“El presidente lo ha hecho bien”, dice María. “Antes no se podía salir. Ahora una se siente más cómoda, puede caminar segura, ir a los parques”, explica.
Este tipo de respuestas se repiten en zonas urbanas y rurales de El Salvador, el país más pequeño de América Central, con costas solo sobre el océano Pacífico, y el más densamente poblado, con 6,7 millones de habitantes.
Y siempre hay una historia personal sobre lo que era convivir con las pandillas y lo que cambió – las zonas de tránsito que se desbloquearon, las “rentas” (extorsiones) semanales que se dejaron de pagar.
La política de seguridad de Bukele, que encarceló a más de 75 000 personas e impuso un régimen de excepción que habilita detenciones arbitrarias y extiende los plazos judiciales de manera indefinida, se ha vuelto célebre en América Latina, donde cada vez gana más imitadores.
A Bukele “lo tomamos como un redentor. Alguien que Dios nos mandó para salvarnos de esta hecatombe criminal”, dijo uno de sus seguidores a la salida de un centro de votación. La popularidad del mandatario se refuerza con una poderosa maquinaria de comunicación en redes sociales, donde su figura se confunde con la de influencer.
Pero a medida que la seguridad parece terreno conquistado, otras preocupaciones afloran. El crecimiento ha sido escaso, la pobreza extrema se tragó a unas 80 000 nuevas familias (ahora afecta a casi 9 % de la población, mientras 30 % son pobres) y la mitad del país sufre inseguridad alimentaria.
Detrás del sueño del Bitcoin
En 2021, la Ley Bitcoin dio curso legal a esta criptomoneda. Unos meses después, se constató que el impacto en el uso cotidiano de los salvadoreños era ínfimo.
Mientras el gobierno abrazaba la criptomoneda e invertía más de 100 millones de dólares para comprar bitcoins con un fondo de uso reservado, Bukele anunció una serie de megaproyectos en el departamento de La Unión, oriente del país: el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico y, finalmente, la Bitcoin City, una ciudad libre de impuestos sostenida con criptomonedas que emplearía el volcán Conchagua como fuente de energía geotérmica.
Ninguno de estos proyectos se ha concretado ni tiene fecha estimada, pero amenazan con desplazar a comunidades enteras de sus territorios. Lejos de la capital y del ojo público, cientos de familias se preparan para un enfrentamiento que puede durar décadas, y que el gobierno esconde detrás de la utopía del bitcoin.
“Desde que entró en vigencia la Ley Bitcoin hemos visto cómo se ha disparado la especulación inmobiliaria”, dijo a openDemocracy el activista César Artiga, defensor de derechos humanos y representante del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP, en inglés).
“El gobierno ha anunciado varios megaproyectos que tienen como fin el acaparamiento de tierras. Hay una alianza entre los denominados bitcoiners, extranjeros que llegan seducidos por beneficios fiscales y sin tener que declarar el origen de capitales, y un sector histórico del país que son los cañeros de azúcar”, dueños históricos de la tierra, agregó.
Erme Martinez, campesino del caserío Flor de Mangle, una zona pantanosa en el municipio de Conchagua donde Bukele prometió construir el aeropuerto, tiene un video del día en que funcionarios del Estado se acercaron al lugar, reunieron a un grupo de vecinos y les explicaron que les iban a hacer ofertas por sus casas, para que con ese dinero pudieran comprar tierras en otro lado.
Pero los montos ofrecidos, según Martínez, están muy por debajo del valor de sus hogares y son insuficientes para comprar un terreno similar en otro lado.
“El gobierno dice que va a mejorar el país a través de los que vienen a invertir acá. Pero, para nosotros, ¿qué inversión hay? Este año no tuvimos ayuda para la agricultura, al gobierno no le interesa”, dice Martínez, parado sobre el terreno donde, según los planos difundidos, se construirá una pista de aterrizaje.
Otros campesinos también se quejan de que Bukele no fomenta la agricultura, obligando a importar cada vez más alimentos.
“Todo esto va a desaparecer”, dice Martínez, mientras señala las plantaciones del lugar.
Construir un aeropuerto en esta zona húmeda, pantanosa y llena de vegetación requeriría grandes inversiones cuyo origen no está claro, aunque el gobierno afirma que el proceso ya comenzó.
En distintos puntos de La Unión se multiplicaron los carteles anunciando proyectos o simplemente avisando que ciertos terrenos que antes se usaban de manera comunal son propiedad privada.
Ángel Flores, dirigente del Movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador (Milpa), fundado en 2023 para articular los reclamos de distintas comunidades afectadas, cree que los proyectos son una excusa para calificar la tierra como de interés público, rematarla y utilizarla para otra cosa, por ejemplo instalaciones turísticas.
En la playa El Icacal, José Marvin y Esmeralda Minero, una pareja de pescadores de cangrejos, comenta su temor a que pronto no los dejen entrar a las zonas de pesca en el manglar, donde ya hay maquinaria pesada operando.
“Los cangrejos se pescan en la orilla, y con el movimiento de máquinas y gente que hay es imposible”, dice Marvin. Entonces, ¿por qué votó a Bukele el mes pasado? “Bukele nos quitó a las pandillas y con eso estamos bien nosotros. Ahora puedo entrar fácil a vender a comunidades donde antes no podía”, explica.
La pareja de pescadores de cangrejos José Marvin y Esmeralda Minero fuera de su casa, a metros de distancia de la playa El Icacal. Imagen: Juan Elman / openDemocracy
Minero, en cambio, es una de las muchas que no fueron a votar.
“El gobierno ha ayudado a los pobres en el sentido de que antes [las pandillas] nos ponían rentas. Eso está magnífico”, dice Minero. “Pero fuera de eso, no hemos tenido ningún beneficio del gobierno. Aquí no nos mira nadie. Estamos olvidados”, añade.
En Conchagua, donde se planifica instalar la Bitcoin City, vecinos comentan que llegaron empresarios afirmando haber comprado tierras que pertenecían a cooperativas. Tierras que habían recibido en la reforma agraria que se llevó a cabo en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
En las calles de la zona, todavía de tierra, ya se pueden ver casas enteras desalojadas.
Una máquina a base de deuda
Según el economista José Luis Magaña, profesor de la Universidad Centroamericana, toda la grandilocuencia alrededor de los megaproyectos esconde una realidad dura: “Bukele no tiene un plan económico como tal. La política económica ha sido improvisada”.
El gobierno entregó generosos subsidios durante la pandemia y realizó algunas obras públicas, pero no fue más allá.
“Recién en el último año ha empezado a tener algunas luces de a dónde quiere llegar, con políticas orientadas al turismo y a la atracción de capitales”, agrega Magaña. “Gran parte de lo que ha hecho ha sido a través de deuda”, dice.
En su primer mandato de cinco años, el gobierno tomó casi 9000 millones de dólares de deuda, llevando el total adeudado a 28 615 millones de dólares, equivalentes a más de 80 % del producto interno bruto (PIB) del país.
Casi un tercio de la deuda pública se acumuló en los cinco años de Bukele en el poder. Pero las fuentes cambiaron. Con acceso limitado a mercados internacionales, el gobierno optó por sacar fondos de las Letras del Tesoro Público (Letes), los ahorros de los bancos, y el fondo de pensiones, que según Magaña corre riesgo de desfinanciarse.
Esta es la burbuja que, muchos temen, puede estallar en su segundo mandato.
Para ganar aire, Bukele busca un préstamo de 1.300 millones del Fondo Monetario Internacional. La negociación seguramente obligue al gobierno a hacer concesiones en materia fiscal y redactar algún tipo de cambio a la Ley Bitcoin. El organismo, por cierto, pronostica que el país crecerá solo un 1,9% este año, una de las cifras más bajas de la región.
El Salvador enfrenta restricciones estructurales. Además de su economía dolarizada, no cuenta con muchos recursos naturales e importa la mayor parte de los alimentos que consume. Un cuarto de su PIB depende de las remesas que envían más de dos millones de trabajadores que emigraron a Estados Unidos y que constituyen el principal ingreso para muchas familias.
“Bukele no ha apostado a transformar estas condiciones estructurales”, explica Magaña. “El panadero que dejó de pagar extorsión a las pandillas tiene más dinero en la mano, pero sigue importando trigo”, añade.
El especialista cree que las protestas por la pobreza y el empleo van a aumentar.
“La economía le va a pesar al gobierno”, dice y añade que si el presidente no logra resolver los problemas financieros mediante mecanismos tradicionales – como un préstamo del FMI –, podría volcarse todavía más a las criptomonedas para pagar sueldos a los empleados públicos, emitiendo tokens.
“En el fondo, lo que estarías haciendo es emitir moneda. Eso puede ser un salvavidas de última instancia”, plantea Magaña.
Pero si las condiciones materiales no mejoran, incluso el logro de la seguridad puede quedar en la nada.
Las pandillas que controlaban zonas enteras han sido desarticuladas, pero el Estado no llenó el vacío que dejaron con inversión en educación o políticas sociales. La ausencia de un plan para atacar el origen del fenómeno de pandillas – la deserción escolar y la falta de oportunidades de desarrollo y empleo para jóvenes – puede coadyuvar a recomponer las redes criminales en el futuro, temen fuentes expertas.
Rina Montti, directora de investigación en derechos humanos de la organización Cristosal, y el activista Artiga señalan que en los territorios antes controlados por pandillas todavía quedan residuos de estructuras de vigilancia, además de la persistencia del tráfico de drogas.
Un informe del sitio especializado Insight Crime advierte: “Un poder sin precedentes en manos de unas fuerzas de seguridad con un pasado cuestionable [involucradas por ejemplo en los escuadrones de la muerte durante la guerra civil] podría crear las condiciones para que los funcionarios se dediquen al crimen o incluso usurpen los negocios criminales dejados por las pandillas”.
“Cuando tú vas a los territorios te das cuenta de que la droga sigue presente en las comunidades”, dice Artiga. “Y si el menudeo de droga estaba a cargo de las pandillas, y las pandillas están desarticuladas, ¿cómo es qué la droga se sigue moviendo? ¿A quién le quedó ese negocio?”.
Territorios abandonados
Bukele trabajó como publicista en la agencia de su padre antes de saltar a la política, por entonces en las filas del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Pero ahora está tan presente en el imaginario público que ya no hay carteles o anuncios publicitarios con su cara; su campaña para las elecciones de febrero se centró más en las candidaturas a la Asamblea Legislativa.
La propaganda oficial describía un gobierno que puso fin a la mala administración y a la corrupción. Fuera de la capital, los afiches electorales se van espaciando, pero cada cierto trecho aparecen carteles celeste y blanco – los colores del partido de Bukele – anunciando obras finalizadas o proyectos en construcción, junto al lema: “El dinero alcanza cuando nadie roba”, una de las frases preferidas del presidente.
Los carteles llevan el sello de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Un cartel de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de El Salvador publicita la pavimentación de un camino en el municipio de Conchagua. Imagen: JuanElman / openDemocracy
Creada en 2021, la DOM pasó a administrar parte del presupuesto que el gobierno central transfería a los municipios, y centraliza la construcción de obra pública local, forzando a las alcaldías a solicitar los fondos y esperar su visto bueno, en lugar de ejecutar las obras directamente. En consecuencia, las alcaldías perdieron recursos y poder.
El cambio fue acompañado con la narrativa anticorrupción, que acusaba a los alcaldes de robarse el dinero destinado a la obra pública. El 1 de mayo, los 262 municipios se fusionarán en solo 44, otro cambio que refuerza el poder central. De modo análogo, el gobierno ejecutó una reforma política que redujo la cantidad de escaños de 84 a 60 e instaló un nuevo sistema electoral que premia al partido mayoritario, Nuevas Ideas.
“El gobierno nos ha abandonado, pero no a nosotros sino a la población más vulnerable”, dice a openDemocracy el alcalde de San Simón, Natanael Fuentes.
Su municipio, ubicado en Morazán, es uno de los más pobres del país. “Acá viene la unidad de salud y la policía, que dependen del gobierno, a que les demos dinero para el combustible o para reparar vehículos; somos nosotros los que ayudamos a las escuelas con lo poco que tenemos”.
Fuentes, de 36 años y que llegó al cargo en 2021 a través del partido derechista Arena, no niega que exista corrupción. “Se dice que los alcaldes antes robaban. ¡Pero al menos había obras!”, dice en su oficina, custodiada por dos banderas: una de El Salvador y otra de Israel.
“Se ha fortalecido la seguridad, pero en lo demás hay bastante decadencia”, añade.
Fuentes terminará su mandato cuando el municipio de San Simón desaparezca el 1 de mayo. Su partido solo obtuvo la alcaldía de uno de los 44 nuevos municipios en las elecciones locales del 3 de marzo. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, ganó 26 y otros cinco partidos aliados del oficialismo consiguieron 17, según el escrutinio oficial.
En el camino entre Osicala y San Simón, al lado de una cancha de fútbol abandonada, un grupo de mujeres se organiza para limpiar y ordenar lo que parece un convento. Las lidera Ednok Benitez, un pastor de 35 años que integra la Misión Centroamericana, la iglesia evangélica más antigua del país.
El grupo está trabajando en la construcción de un centro de asistencia infantil, el Ministerio de Desarrollo Integral, con fondos provenientes de la oenegé evangélica estadounidense Compassion International.
Con fondos de Compassion, la iglesia también paga a familias de la zona para que cultiven alimentos.
“Algunas personas viven con solo seis dólares al día, no hay empleo y los precios se dispararon”, dice Benítez, que evita responsabilizar al gobierno. “Hay mucho por hacer, y no es fácil hacerlo todo solo. Bukele ha hecho un buen trabajo. Solo esperamos que ahora pueda brindarle una solución a las personas más necesitadas”, asegura.
Otras comunidades se han inclinado a la autogestión. En el cantón rural de Las Quebradas, en las afueras de San Simón, un grupo de vecinos se organizaron para recolectar dinero de las remesas que les llegan de Estados Unidos y arreglar los pozos de las calles, casi intransitables.
“Las remesas son lo más importante que tenemos ahora. No sé qué haríamos sin ellas”, dice Wilson, un dirigente comunitario. Él cree que la mayoría del cantón votó por Bukele, ante el temor de que regresen las pandillas. “La gente tiene miedo”, explica.
Una casa en el cantón de Las Quebradas, donde los campesinos se quejan de la falta de apoyo del gobierno a la agricultura local. Imagen: Juan Elman / openDemocracy
Wilson asegura que las comunidades han sido olvidadas por el gobierno, y más aún con el traspaso de recursos municipales a la DOM. La obra emblemática de Bukele, una biblioteca pública construida en San Salvador – y financiada por China – también aparece como blanco de críticas.
“La biblioteca que hizo [el gobierno] en San Salvador es bonita realmente. ¿Pero de qué nos sirve a nosotros?”, cuestiona Wilson.
Artiga, del GCAP, también llama la atención sobre la falta de servicios públicos en las comunidades rurales.
“Lo que ves es al cuerpo militar y de seguridad, pero el gobierno no tiene políticas públicas. En temas importantes como la crisis alimentaria o de agua, la falta de empleo, ¿cuáles son las políticas públicas de Bukele? No hay”, dice.
Según Artiga, la normativa ambiental se flexibiliza o se ignora para dar curso a proyectos inmobiliarios como el de Ciudad Valle el Angel, en el que se erigirían miles de casas y apartamentos, junto con restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas y una estación de autobuses, todo sobre uno de los acuíferos que alimentan a la capital.
Este es uno de los tantos proyectos que se han anunciado en estos años, algunos con la presencia del círculo cercano a Bukele.
openDemocracy se comunicó con varios funcionarios de gobierno para entrevistarlos sobre este y otros asuntos, pero no obtuvo respuesta.
El dirigente indígena Flores afirma que el régimen de excepción contra las pandillas tiene otro efecto en Conchagua: activistas y habitantes renuncian a protestar o hacer denuncias sobre los desplazamientos porque tienen miedo de ir a la cárcel.
Para principios de 2023, la organización Socorro Jurídico ya había documentado 16 casos de sindicalistas detenidos bajo el régimen de excepción. Cientos más fueron despedidos o suspendidos de sus empleos. Son la muestra de un problema mayor: la misma organización afirma que entre 35% y 40% de las 75.000 detenciones efectuadas bajo el régimen de excepción fueron arbitrarias.
Rina Montti, de la organización Cristosal, dice: “Cada vez hay más voces disidentes que son capturadas. Porque la gente dice: ‘Ok, tenemos seguridad, pero tenemos también pobreza’. Bukele ha intentado llevar canastas de alimentación a zonas más pobres para aliviar la situación, pero creemos que en algún momento va a haber un quiebre”.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
