MÉXICO – México ha dado pasos importantes para proteger el maíz nativo, enfrentándose incluso por ello a su mayor socio comercial, Estados Unidos. Pero la falta de un marco legal integral en su política hacia los cultivos genéticamente modificados permite autorizaciones para otras siembras transgénicas.
De hecho, la propia disputa con Washington sobre el maíz exhibe los vacíos normativos respecto a la oposición al uso en la agricultura mexicana de los organismos genéticamente modificados (OGM).
Por ello, expertas consultadas por IPS convergieron en la necesidad de un mejor marco legal para fortalecer la evaluación de los OGM.
Monserrat Téllez, investigadora de la no gubernamental Fundación Semillas de Vida, recordó que los OGM aparecieron luego de la reforma de las políticas agrícolas y comerciales derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, entre Canadá, Estados Unidos y México.
Esas políticas de libre comercio, añadió, perjudicaron a los productores mexicanos debido a la eliminación de subsidios y la apertura del mercado a las importaciones.
“Ya había una preocupación por su regulación. La ley llegó a impulsar la siembra. Si bien hay régimen especial (para el maíz), no es suficiente. No es solo un reservorio genético, sino también incluye una serie de prácticas de cultivo tradicionales. La base debe ser el principio precautorio, quisiéramos una regulación muy cuidadosa”, dijo a IPS.
Téllez se refiere a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, vigente desde 2005, que especifica tres tipos de cultivo.
Las plantaciones experimentales deben hacerse en áreas controladas, guarecidas para impedir la contaminación, con evaluaciones de riesgo y otras salvaguardas. En las piloto, son opcionales y en las comerciales no existen.
“El marco regulatorio formal tiene deficiencias. No hay criterios claros, hay falta de claridad de las medidas precautorias. La ley incluye protección especial al maíz, pero no se define en el reglamento. Entonces, cualquier autoridad puede interpretarla a su manera”: Alma Piñeyro.
Empero, México carece de un sistema eficaz de seguimiento de OGM, aseguran las expertas.
En el caso del maíz, aplica un régimen de protección especial que, basado en los centros de origen y diversidad del grano y sus parientes silvestres, veda la liberación en determinadas áreas.
Lecciones
En diciembre de 2020, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador expidió un decreto que ordena la sustitución del herbicida glifosato por alternativas ecológicas para el 31 de enero de 2024 y pone freno a los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado y su uso en el sector alimentario.
Para congraciarse con la industria, y por ende con Estados Unidos, el gobierno mexicano suavizó el decreto mediante el aval a la importación de maíz amarillo con fines industriales y de alimentación animal, sin seducir a los estadounidenses.
Durante los últimos meses de 2022 y primeros de 2023, ambos gobiernos efectuaron varias reuniones técnicas infructuosas para resolver el conflicto.
Por ello, Estados Unidos anunció en agosto último la apertura de un panel de solución de controversias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), basado en el capítulo respectivo y en el de medidas sanitarias y fitosanitarias del instrumento.
Sin embargo, no alude al capítulo del T-MEC, vigente desde 2020 y que sustituyó al TLCAN, sobre biotecnología y su comercio, que es el elefante en la sala, pues en el fondo yace el uso de productos biotecnológicos.
En esas reuniones, el gobierno mexicano transmitió a sus homólogos estadounidenses que la prioridad era el maíz, por cuestiones ambientales, sanitarias y culturales, y que no les preocupaban otros cultivos, como canola o soja.
“Si ganamos, pondremos en cuestionamiento un modelo productivo, se ganaría un referente internacional. Si el maíz es derrotado en su centro de origen, veremos lo mismo en otros centros de origen de otros cultivos, se afianzaría la estrategia ofensiva de las empresas”: Monserrat Téllez.
Estados Unidos acusa a su socio de la aplicación de medidas desmedidas, falta de evidencia científica sobre efectos de los transgénicos y daño económico a las exportaciones del grano.
En su respuesta del 15 de enero y divulgada el 5 de marzo, México expuso estudios científicos que demuestran el impacto negativo de los cultivos transgénico en animales como ratas y ambientales, al mismo tiempo que se evidenció que no hay el daño económico denunciado.
La siembra de maíz GM está bloqueada desde 2013, cuando un grupo de 53 personas y 20 organizaciones campesinas, indígenas, académicas, científicas, artísticas, de consumo y gastronomía, ganaron una medida cautelar por la demanda colectiva interpuesta por el daño a la diversidad biológica de los maíces nativos y a los derechos a la alimentación y a la salud.
Los tres millones de agricultores maiceros que siembran alrededor de ocho millones de hectáreas destinan dos millones al consumo familiar, en un país que tiene 64 variedades y 59 nativas.
Este país es el séptimo productor mundial y el segundo importador de maíz, obtiene unos 27 millones de toneladas anuales del grano, pero aun así debe importar unos 20 millones para atender a su consumo interno.
El maíz no es solo un cultivo nativo y predominante en México, sino un producto básico en la dieta de sus 129 millones de habitantes que traspasa lo culinario para integrarse en las raíces culturales del país.
A pesar de sus promesas, los OGM no han elevado los rendimientos agrícolas, no han mejorado la resistencia a plagas ni ofrecido más resistencia a los efectos de la crisis climática, como la sequía. Además, existe evidencia de daños a la salud.
La plantación de soya transgénica ofrece lecciones sobre la regulación. En 2012, Monsanto, la trasnacional estadounidense de la biotecnología, obtuvo un permiso de siembra comercial sobre unas 235 000 hectáreas en siete estados mexicanos.
Luego de una lucha legal, la Suprema Corte de Justicia detuvo en 2015 la autorización por potenciales daños al ambiente y falta de consulta indígena.
Pero en el sudoriental estado de Campeche ha avanzado ese cultivo, con impactos fuertes sobre la biodiversidad y la apicultura, como lo previó la gubernamental Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que recomendó no avalar el permiso en 2012.
A pesar de los vacíos, la bancada en el Congreso legislativo del gubernamental Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha modificado el marco legal.
“El marco regulatorio formal tiene deficiencias. No hay criterios claros, hay falta de claridad de las medidas precautorias. La ley incluye protección especial al maíz, pero no se define en el reglamento. Entonces, cualquier autoridad puede interpretarla a su manera”, analizó para IPS Alma Piñeyro, investigadora de la pública Universidad Autónoma Metropolitana, con sede Xochimilco, al sur de Ciudad de México.
Este país es el origen y centro del cultivo de de maíz y algodón y en ello basa el gobierno su control, pero la historia de la soja GM exhibe la falta de amplitud del enfoque. Por ello, los transgénicos deben regularse con mayor estrictez que el maíz y con medidas específicas para cada cultivo.
Cifras descuadradas
En México, la liberación al ambiente de OGM comenzó en 1988, con una autorización de ensayo de siembra de tomate y que desde entonces se ha expandido a 19 cultivos. Desde ese entonces, la agroindustria ha dirigido su foco a cultivos como el algodón, el maíz y la soja.
Las estadísticas de la gubernamental Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados de peticiones y aprobaciones son inconsistentes, contradictorias, cuando no imprecisas, lo que entorpece la evaluación, según la revisión hecha por IPS.
Entre 2005 y 2021, las autoridades mexicanas emitieron 671 permisos, de los cuales 359 fueron de algodón, 202 de maíz, 50 de trigo, 44 de soja y el resto, de otras variedades. La gran mayoría consistió en licencias experimentales, aunque el total no coincide con el reporte de autorizaciones.
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La respuesta oficial de México a la queja estadounidense, hecha pública el 5 de marzo, enlista 651 autorizaciones, de las cuales 53% son de algodón y 30% de maíz, suspendidas por la demanda colectiva de 2013.
La administración de López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 y lo entregará el 1 de octubre próximo, disminuyó el ritmo de aprobación de cultivos transgénicos.
En 2022, rechazó seis solicitudes de maíz, cinco de algodón, una de soya y otra de canola. Pero entre ese año y el siguiente avaló cuatro de canola, dos de algodón, dos de papa y uno de soya.
En el panel del maíz, cinco organizaciones no gubernamentales mexicanas y cinco estadounidenses se preparan para enviar sus comentarios antes del viernes 15 de marzo, en un intento por respaldar la postura mexicana.
Para Piñeyro, es necesario analizar cada especie en el contexto mexicano.
“La canola, como cultivo, puede convertirse en invasiva, porque sobrevive a las malas hierbas y puede desplazar a otras especies nativas. Tiene dispersión genética, eso ha pasado en Canadá, donde tienen un problema agronómico, y podría pasar en México. Los datos de monitoreo son opacos. Sin datos suficientes, es muy difícil evaluar todo el panorama”, señaló.
Para Téllez, el panel con Estados Unidos es decisivo. “Si ganamos, pondremos en cuestionamiento un modelo productivo. Vamos a dar un enorme paso firme, se ganaría un referente internacional. Si el maíz es derrotado en su centro de origen, veremos lo mismo en otros centros de origen de otros cultivos, se afianzaría la estrategia ofensiva de las empresas”, resumió.
La revisión del T-MEC está programada para 2026 y su futuro parece estar atado al del maíz.
ED: EG
