BOGOTÁ – La paz en Colombia al cabo de décadas de conflicto armado requiere abordar los agravios históricos padecidos por sus pueblos originarios, planteó este viernes 15 al concluir una visita al país el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Francisco Calí Tzay, abogado guatemalteco e indígena de la etnia cachiquel, dijo que “es extremadamente urgente que Colombia aborde agravios históricos, especialmente ahora que se embarca en nuevas negociaciones destinadas a lograr la ‘paz total’”.
El gobierno está en un proceso de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciada hace 60 años, con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cuya mayoría de integrantes se desmovilizaron tras un acuerdo de paz firmado en 2016, y con otros grupos armados.
El relator especial es parte del grupo de expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en esta ciudad suiza.
Calí Tzay reconoció los avances legales positivos y las intenciones del gobierno de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, pero deploró “los persistentes desafíos que amenazan la existencia misma de muchos de ellos, poniéndolos en riesgo inminente de exterminio físico y cultural”.
“La ausencia de instituciones estatales capaces en los territorios de los pueblos indígenas, especialmente en zonas rurales y alejadas de la capital colombiana, ha permitido el progresivo y trágico deterioro de sus derechos durante generaciones”, afirmó el experto.
En Colombia hay 102 pueblos indígenas, con 1,9 millones de individuos (4,4 % de la población del país según el censo de 2018), más de la mitad habita en 700 resguardos de propiedad colectiva, y el reporte de Calí Tzay considera que al menos 70 de esos pueblos encara riesgos de extinción física y cultural.
“La ausencia de instituciones estatales capaces en los territorios de los pueblos indígenas, especialmente en zonas rurales y alejadas de la capital colombiana, ha permitido el progresivo y trágico deterioro de sus derechos durante generaciones”: Francisco Calí Tzay.
Ese riesgo obedece a la falta de aplicación efectiva de sus derechos, y a otras razones como el conflicto armado o la destrucción de sus medios de vida.
Calí Tzay puso como ejemplo que “en los últimos 10 años, más de 5000 niños y niñas wayúu (la etnia que habita la península de la Guajira, extremo norte del país) han perdido la vida a causa de la desnutrición y la deshidratación”.
Expresó alarma por la difícil situación de las mujeres y niños indígenas, que enfrentan múltiples formas de discriminación dentro y fuera de sus comunidades.
“Los testimonios de reclutamiento y desplazamiento forzado, suicidios, violencia sexual y discriminación en el acceso a la salud, la educación y la alimentación son devastadores”, afirmó.
El experto habló con mujeres indígenas que llevan más de una década buscando a sus hijas, hijos y parejas desaparecidos durante el conflicto armado, y que no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Una de ellas le dijo: “Siempre hemos estado aquí, pero nos tratan como invisibles”.
Instó al gobierno a implementar las recomendaciones de sus predecesores, que visitaron Colombia en 2004 y 2009, y dijo que el informe que presentará al Consejo en Ginebra “incluirá recomendaciones adicionales para saldar la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas”.
“Persiste la observación de fondo de mis predecesores, quienes destacaron que la poca efectividad y ausencia del Estado, especialmente a nivel local, impide el disfrute efectivo de los derechos de los pueblos indígenas”, expuso el relator.
Destacó, por contraste, “las invaluables contribuciones de los pueblos indígenas al tejido cultural y la conservación ambiental del país”, y enfatizó su papel central en la lucha contra el cambio climático.
“El conocimiento indígena y la sabiduría ancestral son esenciales para lograr las aspiraciones de Colombia de una paz total verdadera y duradera, así como la protección del medio ambiente”, afirmó Calí Tzay.
Y agregó que “el verdadero progreso depende del reconocimiento y respeto genuino de los derechos de los pueblos indígenas, comenzando por el autogobierno, la autodeterminación, la tierra, los territorios y los recursos”.
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