BRATISLAVA – Nacida y criada en una zona rural y dentro de una familia tradicional de Tayikistán, Takhmina Haidarova logró terminar la escuela secundaria con excelentes calificaciones y su ambición era ir a la universidad.
Pero «para mi familia era obligatorio impartir educación superior a los niños, y a las niñas se les capacitaba para ser amas de casa, dice. En cambio, su sueño de tener una educación superior fue reemplazado por un matrimonio arreglado con un primo», explica a IPS Haidarova.
Añade que «estaba firmemente en contra de esta boda, pero mi padre decidió por mí y me casó con él. Ni siquiera lo había visto antes de la boda».
Se quedó embarazada poco después de la boda, pero su esposo, que había trabajado en Rusia antes de casarse con ella, se fue para regresar a su trabajo allí dos meses después de estar en gestación. Dio a luz a una hija, que, sin embargo, murió tras enfermar un año después.
Haidarova fue remitida a médicos, quienes le hicieron pruebas y descubrieron que tenía VIH.
«Cuando se lo conté a mi marido, resultó que él sabía desde hacía mucho tiempo que tenía VIH y me lo había ocultado», dice.
Poco después, él regresó a Tayikistán, un país de Asia central. Estaba gravemente enfermo y fue ingresado en el hospital. Cuando murió poco después, tanto su familia como la de Haidarova descubrieron que ambos tenían la enfermedad y comenzó el estigma y la discriminación que ella ha enfrentado durante muchos años desde entonces.
«Ninguno de mis familiares se comunicó conmigo; Todos evitaron reunirse conmigo», cuenta a IPS. La sociedad en general se niega a reconocer a las personas con VIH, afirma.
Pero Haidarova decidió oponerse a ese destino. «Cuando descubrí que era VIH positivo, mi vida cambió dramáticamente. Perdí el apoyo de mi familia, mi hogar, mi salud y mi sensación de paz. Fue muy difícil y doloroso. Pero decidí que no dejaría que este virus defina mi vida ni la de otras mujeres», explica.
«Mi marido murió y comencé a trabajar en una oenegé mientras al mismo tiempo cursaba mis estudios superiores. Desde el principio, fui abierta sobre mi estado serológico respecto del VIH y nunca lo oculté», dice.
Añade que «comencé a ayudar a mujeres con VIH debido a mi propia experiencia de vivir con el virus. Sé lo difícil que es afrontar este diagnóstico, especialmente cuando los recursos y el apoyo son limitados».
Hoy en día, Haidarova es una destacada defensora de los derechos de las mujeres que viven con el VIH (WLHIV) en Tayikistán y encabeza la Red Tayika de Mujeres que Viven con el VIH, con sede en la capital, Dushanbe.
Su organización lleva a cabo campañas de información, organiza sesiones grupales y brinda servicios de apoyo psicológico y de otro tipo a las mujeres con VIH.
«Iniciar una organización para apoyar a las mujeres con VIH fue un paso natural para mí. Junto con otras mujeres, comenzamos a luchar por nuestros derechos, por el acceso a atención médica de calidad, por la educación pública sobre el VIH y por el apoyo a quienes se encuentran en la misma situación. Mi objetivo es hacer la vida más fácil a las mujeres y niñas con VIH», afirma.
Hasta ahora, dice, el trabajo de su organización y de otras está logrando algunos avances. A través de años de decidida presión y cooperación con el gobierno, la política oficial sobre el VIH/sida ha avanzado hacia un mayor reconocimiento de la necesidad de garantizar los derechos de las personas que viven con el VIH.
Esto se establece específicamente en la Declaración Nacional sobre VIH/SIDA del país.
Uno de los signos más obvios de esto, dicen los defensores de los derechos de las personas seropositivas, es un fallo reciente de la Corte Suprema.
El artículo 125 del Código Penal de Tayikistán tipifica actualmente como delito la transmisión y exposición al VIH, lo que conlleva una pena de prisión de dos años, que se eleva hasta cinco años si la transmisión es realizada por alguien consciente de su estado, y hasta diez años cuando se comete contra varias personas o un menor de edad.
Se pueden enjuiciar a las personas que viven con el VIH basándose simplemente en una amenaza potencial de transmisión del VIH. En algunos casos, esto puede deberse simplemente al hecho de que alguien es VIH positivo.
Las mujeres que viven con el VIH representan 70 % de todas las condenas en virtud del artículo 125, según Onusida, el programa conjunto de las Naciones Unidas que atiende la situación del VIH/sida.
«Las mujeres que viven con el VIH son procesadas con más frecuencia (en virtud del artículo 125). Por lo general, no tienen dinero para un abogado» para defenderse de la acusación, dijo a IPS Larisa Alexandrova, experta en VIH y derechos humanos del Centro de Derechos Humanos.
Sin embargo, en los últimos días de 2023, el Tribunal Supremo emitió una sentencia sobre el artículo 125, en virtud de la cual el sistema judicial deberá tener en cuenta en el futuro otros factores además del simple estado serológico, como si una persona está en tratamiento antirretrovírico y tiene una carga viral indetectable, el uso del preservativo y si ambas partes son plenamente conscientes del estado serológico de la otra.
Haidarova es optimista en cuanto a que la sentencia traerá cambios positivos y cree que es un primer paso importante hacia la despenalización de la enfermedad, que debería ayudar a las personas que viven con el VIH.
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Pero, como dijeron a IPS algunos activistas contra el VIH en Tayikistán, una cosa es lo que está escrito en los documentos y otra lo que ocurre en la práctica.
«Sobre el papel hay leyes que garantizan la igualdad de derechos humanos para las personas de comunidades marginadas, incluidas las mujeres. Pero el público, la policía y el poder judicial, e incluso la sociedad en general, violan estas leyes con regularidad», dijo a IPS una activista del VIH que trabaja con comunidades marginadas en Tayikistán.
Las personas que viven con el VIH, especialmente las mujeres, denuncian habitualmente discriminación en el sector sanitario. Haidarova dice que no es ajena a esas experiencias.
«En 2019, los médicos me dijeron que el bebé que llevaba estaba muerto y que necesitaba urgentemente interrumpir el embarazo, pero los médicos de la policlínica me retuvieron en el pasillo durante dos horas y finalmente dijeron que no realizarían el procedimiento porque tenía VIH y querían derivarme a otro centro. Al final conseguí llamar a una doctora que me conocía, y ella misma vino y me hizo la intervención», contó esta activista que pidió reserva de su nombre.
Y siguió contando su experiencia: «Luego, cuando di a luz a un niño el año pasado, cuando llegó el momento del parto, fui al hospital de maternidad y me llevaron de la sala de maternidad general a la sala de aislamiento. Ninguno de los médicos quiso venir a verme, y tuve que llamar a una doctora que conocía y que estaba de vacaciones en ese momento para explicarle la situación. Ella misma vino a atender el parto».
«Vivimos en el siglo XXI, cuando la medicina está tan avanzada, pero a pesar de todo ello se violan los derechos de las mujeres en momentos vulnerables en los que se encuentran indefensas», afirmó.
Mientras tanto, en la sociedad en general, los estereotipos y prejuicios sobre la violencia de género, en parte relacionados con las creencias religiosas de la población mayoritariamente musulmana, agravan el estigma y la discriminación.
«Las personas en situación de riesgo y necesitadas de información, asesoramiento y pruebas del VIH se enfrentan a barreras para acceder a la atención y los servicios sanitarios adecuados. Muchas de ellas temen la discriminación y las actitudes negativas de los médicos y otros profesionales sanitarios, por lo que prefieren prescindir de la ayuda que necesitan», afirmó la activista.
La aplicación de la ley es otro ámbito en el que las mujeres que viven con el VIH sufren una discriminación desproporcionada.
Las mujeres activistas afirman que muchas mujeres seropositivas son víctimas de violencia de género, pero temen denunciar la agresión a la policía o a menudo retiran la denuncia, no solo por miedo a quedarse sin apoyo económico, sino también por temor a que se revele su estado serológico respecto al VIH.
De hecho, la inmensa mayoría de las mujeres de Tayikistán dependen económicamente de sus maridos.
Las activistas afirman que, en algunos casos, cuando la policía asiste a incidentes de violencia de género y descubre que la mujer implicada vive con el VIH, busca emprender acciones contra ella en virtud del artículo 125 en lugar de investigar la agresión.
La discriminación y el estigma que sufren las mujeres y otras personas que viven con el VIH las disuaden de acceder a los servicios de prevención, pruebas y tratamiento, y repercuten en los esfuerzos por combatir la enfermedad, afirman los activistas.
Tayikistán, un país con algo más de 10 millones de habitantes, tiene más de 15 000 personas que viven con el VIH, pero el número de nuevas infecciones por el VIH ha aumentado 20 % en los últimos 10 años, y el porcentaje de nuevos casos de VIH entre las mujeres ha pasado de 31% en 2011 a 36% en 2022, según Onusida.
Haidarova afirma que el gobierno se ha comprometido a reforzar los derechos de las personas que viven con el VIH, pero que es necesario hacer más para educar a la gente al respecto y proteger a los grupos vulnerables de la discriminación.
Como ella misma subraya, su propia experiencia demuestra que el estigma y la discriminación que rodean al VIH pueden superarse.
Asegura que «mi historia es dolorosa, pero ahora todo va mejorando poco a poco. He formado una familia de amor, mi marido actual es seronegativo y tenemos dos hijos preciosos y sanos».
«Demostré a mi familia que las personas seropositivas pueden vivir una vida plena, ser felices, formar una familia y tener hijos sanos. Cuando se enteraron de que no estaba muerta y de que todo iba bien conmigo, empezaron a comunicarse tranquilamente conmigo y a invitarme a sus eventos. Tardaron un tiempo, pero comprendieron que, aunque el VIH da miedo, se puede vivir con él», concluye.
T: MF / ED: EG
