RÍO DE JANEIRO – El expresidente Jair Bolsonaro intentó promover un golpe de Estado en Brasil en 2022, pero fracasó al no contar con suficiente apoyo militar, ante la división de los generales, y por usar como pretexto supuestas fraudes electorales en las urnas electrónicas.
El sistema informatizado de votación se inició en las grandes ciudades en 1996 y se universalizó en 2000 y concentró los ataques del ultraderechista Bolsonaro desde 2018, cuando ganó la presidencia. Pese a su triunfo, alegó la existencia de fraudes que le habrían robado votos.
Durante su gobierno de 2019 a 2022, acusó de fraudulento el sistema varias veces, incluso en una reunión con embajadores extranjeros que convocó con ese fin en su residencia oficial en Brasilia el 18 de julio de 2022.
Por esa actuación la Justicia Electoral le impuso en 30 de junio de 2023 la pena de inelegibilidad hasta 2030, por abuso del poder político.
Ocurre que las urnas electrónicas disfrutan de una confianza casi unánime entre los brasileños. De los electores consulados por el Intituo Datafolha en julio de 2022, 79 % manifestaron esa confianza. Entre los que se identificaron como bolsonaristas, ese índice alcanzó 69 %, en desacuerdo con su líder.
Es poco inteligente imitar en Brasil los argumentos del republicano Donald Trump para rehusar el resultado electoral en Estados Unidos.
Esa realidad se impuso a los jefes militares. El general Marco Antonio Freire Gomes y el brigadier Carlos Baptista Junior, que comandaban respectivamente el Ejército y la Aeronáutica, se negaron a participar en el golpe de Estado que proponía Bolsonaro alegando fraudes en las elecciones de octubre de 2022, en que resultó derrotado.
Ambos reconocieron el triunfo legítimo del actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en unos comicios legalmente incontestables.
Los testimonios de los dos comandantes a la Policía Federal, efectuados el 23 de febrero y el 1 de marzo, se hicieron públicos el viernes 15 de marzo por decisión del juez Alexandre de Moraes, el responsable en el Supremo Tribunal Federal del caso sobre los actos antidemocráticos ocurridos en 2023 y sus antecedentes.
¿El destino del país en manos militares?
El brigadier detalló en un testimonio de 10 horas a la Policía Federal en febrero, que la cúpula castrense fue convocada a varias reuniones en Brasilia entre las elecciones del 30 de octubre de 2022 y la toma de posesión de Lula el 1 de enero de 2023.
El tema era una intervención militar para “dal vuelta al tablero”. Solo el comandante de la Marina, el almirante Almir Garnier, apoyó la adopción del Estado de sitio o de defensa nacional, propuesto por Bolsonaro según la minuta del decreto supuestamente redactada por el exministro de Justicia, Anderson Torres, y un abogado del entonces presidente saliente.
El golpe no prosperó porque el comandante del Ejército, la fuerza determinante en el país, lo rechazó e incluso amenazó Bolsonaro con arrestarlo si llegase a intentar concretar su plan, declaró el entonces jefe de la Aeronáutica.
La extrema derecha, en ascenso en muchos países, no es uniforme. Una de sus singularidades en Brasil es el pilar militar, teniendo como referencia la dictadura castrense de 1964 a 1985.
No por casualidad Bolsonaro, su líder, fue un capitán del Ejército que decidió retirarse tras haber estado detenido varios días y enjuiciado por indisciplina y por un supuesto plan para hacer estallar algunas bombas en cuarteles y en el sistema de aguas de Río de Janeiro, con el objetivo de reclamar mejores sueldos. El Supremo Tribunal Militar lo absolvió, pese al parecer técnico a favor de su condena.
Era un “soldado malo”, según el general Ernesto Geisel, presidente de la dictadura entre 1974 y 1979. Pero se destacó como una voz de las Fuerzas Armadas en la Cámara de Diputados durante sus 28 años, además de defender la dictadura militar y repudiar la corrupción de los políticos.
Un fenómeno electoral reciente
Su popularidad creció a partir de 2014, cuando su votación en Río de Janeiro se cuadriplicó y superó los 400 000 votos al reelegirse diputado, mientras los escándalos de corrupción devastaban el mundo político, especialmente el izquierdista Partido de los Trabajadores, cuyo líder, Lula, estuvo preso durante 580 días entre 2018 y 2019.
El hasta entonces gris diputado se afirmó así como líder político de los militares, apostaron por su candidatura presidencial den 2018 y le aportaron el prestigio de una de las instituciones más confiables para la población brasileña, según todas las encuestas.
El triunfo del capitán retirado sonó como la redención de las Fuerzas Armadas, tras cuatro décadas del honor y el orgullo heridos por las críticas a la dictadura, expuesta como un período de torturas, desapariciones políticas, prisiones, exilio y ausencia de libertades por los historiadores, las universidades y el periodismo independiente.
La simbiosis entre el líder, “Mito” para los bolsonaristas más radicales, y los militares se reflejó en la numerosa presencia castrense en el gobierno. Generales, en su mayoría retirados, ocuparon puestos políticamente claves. El vicepresidente y ocho de los 22 ministerios tuvieron militares en activo o retirados como sus titulares.
En julio de 2020 había 6157 militares en diversas funciones gubernamentales, el doble del gobierno anterior, según el Tribunal de Cuentas de la Unión, un órgano independiente del Poder Legislativo.
Pero el apoyo a Bolsonaro no era incondicional y tenía límites, se comprobó en la división desnudada por el intento de golpe develado ahora. En realidad, las divisiones dentro de los cuarteles estuvieron presentes desde el inicio de su gobierno.
Disidentes “sandías”
El general Carlos Alberto dos Santos Cruz, respetado internacionalmente por haber comandado misiones de paz de Naciones Unidas en el Congo Democrático y en Haití, quedó solo seis meses como ministro de la Gobernación de Bolsonaro en 2019.
Despedido sin explicaciones es uno de los los llamados “sandías”, el insulto que los bolsonaristas a los llamados traidores, por ser cono esa fruta, “verdes por fuera y rojos por dentro”, como lo son ahora los excomandantes del Ejército y de la Aeronáutica que se negaron a movilizar sus tropas para mantener Bolsonaro en el poder.
En marzo de 2021 hubo otra “limpieza” en la jefatura militar. Bolsonaro destituyó al ministro de Defensa, general retirado Fernando Azevedo e Silva, también sin justificar la medida, que al parecer se debió a la resistencia en poner los militares a servicio de las políticas gubernamentales y atacar a instituciones como el Supremo Tribunal Federal.
La caída del ministro provocó la inédita renuncia colectiva de los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Meses antes, los cuatro oficiales habían firmando un manifiesto defendiendo sus fuerzas como “instituciones de Estado, permanentes y necesariamente apartadas de la política partidaria”.
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Los disidentes no niegan el liderazgo político de Bolsonaro entre los militares. Los dos comandantes rechazaron el golpe en fines de 2022, pero apoyaron los campamentos de bolsonaristas delante de los cuarteles, que tenían como objetivo incitar la “intervención militar” contra Lula.
Decenas de miles de manifestantes permanecieron hasta 70 días en esos campamentos. Del implantado delante del cuartel general del Ejército, en Brasilia, salieron los activistas que invadieron y destruyeron buena parte de las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, en una fracasada asonada una semana después de asumir Lula.
Un golpe de Estado, sin embargo, ya no parece viable en Brasil, como lo fue en 1964. Serian “20 días de euforia y 20 años de agonía”, definió el comandante retirado del Ejército Freire Gomes, cuya oposición impidió el golpe, según los análisis actuales.
Además del pretexto inconsistente, las urnas electrónicas sesgadas a ser sustituidas por los arcaicos votos impresos, la continuación de las políticas bolsonaristas ahuyenta cualquiera que no sea adicto a la extrema derecha negacionista del cambio climático y de la pandemia de covid-19, que convirtió Brasil en un paria internacional.
La extrema derecha se fortaleció en la oposición, en un mundo de futuro asustador de crisis climáticas, epidemias, violencia social y guerras, pero en el gobierno suelen ser un desastre, exactamente por sus creencias retrógradas. La experiencia puede ser pedagógica, pero es seguramente destructiva.
ED: EG
