RÍO DE JANEIRO – Gobiernos de extrema derecha, como fue el del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022), sirven para desnudar las amenazas que representan para la democracia instituciones consideradas indispensables a los Estados nacionales, como las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia.
Una investigación de la Policía Federal acumula, desde 2023, indicios de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, usó la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar a políticos y autoridades de oposición, buscando ventajas personales.
El nuevo escándalo se suma a otras investigaciones policiales y judiciales que acosan al expresidente y sus allegados. Esta vez alcanzó directamente a dos de sus tres hijos dedicados a la política.
A Carlos Bolsonaro, concejal de la suroriental ciudad de Río de Janeiro, la policía le registró su residencia y su oficina el 29 de enero y se le incautaron una docena de computadoras, tres teléfonos celulares y diversos documentos.
El segundo hijo del expresidente seria uno de los principales receptores de las informaciones ilegales recogidas por la llamada “Abin paralela”, como supuesto dirigente de un denominado “gabinete del odio” que difundía noticias falsas en beneficio del bolsonarismo, otro caso en investigación.
Familia Bolsonaro bajo fuego
Además tanto él, como su hermano mayor, el senador Flavio Bolsonaro, enfrentan procesos de corrupción por la presunta contratación de «funcionarios fantasma».
En Brasil, los legisladores municipales, regionales y nacionales tienen derecho a contratar decenas de auxiliares pagados con dinero público, pero algunos de ellos habrían firmado contratos falsos para quedarse con una mínima parte del sueldo y devolver el resto a sus “patrones”.
Antes de Carlos Bolsonaro, el exdirector de Abin, Alexandre Ramagen, amigo de la familia Bolsonaro, sufrió el mismo registro policial con incautación de computadoras y celulares. Él supuestamente comandó las operaciones ilegales. Ahora es diputado nacional del Partido Liberal, donde se ubican la mayoría de los políticos bolsonaristas.
El uso político de las agencias de inteligencia es un problema generalizado en el mundo, según Daniel Aarão Reis, profesor de historia contemporánea de la Universidad Federal Fluminense, de Niterói, ciudad de 480 000 habitantes vecina a Rio de Janeiro.
“Los Estados nacionales se hacen espionaje mutuamente y contra sus propios ciudadanos, incluso en países democráticos”, dijo el académico a IPS. Ejemplificó con las revelaciones hechas en 2013 por Edward Snowden, sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la que había sido agente.
En Brasil se compara la “Abin paralela” al escándalo de Watergate, de Estados Unidos, que estalló en 1972, cuando se conoció que el entonces presidente Richard Nixon intentó instalar aparatos de escucha en la sede del opositor Partido Demócrata. Dos años despues Nixon tuvo que renunciar.
Riesgos sin prevención
“Se trata de una cuestión clave de la democracia, a que se dedica poca atención por las fuerzas democráticas. Pero se usa el espionaje para someter la ciudadanía al Estado controlador”, lamentó Reis.
Los gobiernos democráticos y progresistas que tuvo Brasil desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) nada hicieron para inhibir tales acciones no permitidas por la Constitución nacional de 1988, acotó.
La Abin fue creada en 1999, para sustituir agencias anteriores, bajo el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Con Bolsonaro elegido presidente en 2018 para gobernar el país en los cuatro años siguientes, se “potenció” ese aspecto autoritario.
Pero hablar de «Abin paralela” es absolver la “oficial”, como si hubiese un espionaje legítimo, matizó el historiador, autor de libros sobre la dictadura en Brasil y la revolución soviética de 2017.
Sin embargo, como los Estados necesitan sus servicios de inteligencia, su uso democrático depende de mecanismos de control externo, por la sociedad civil, evaluó.
En Brasil hay una Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia, compuesta de seis senadores y seis diputados, entre los cuales están Ramagen, el investigado exdirector de Abin, y Eduardo Bolsonaro, otro hijo del expresidente.
Ese intento de control institucional no es eficiente, como comprueba la investigación policial. Tampoco seria suficiente, aunque con miembros no interesados en los abusos. “Solo un control social podría evitar distorsiones, pero no tenemos una sociedad con el nivel de organización y ciudadanía necesarios”, según Reis.
La legislación brasileña contempla algunos mecanismos útiles, como la Ley de Acceso a la Información y el Habeas Data, que permiten que cualquier ciudadano pueda requerir por vías judiciales informaciones del Estado, incluso las mantenidas en secreto.
También tiene vigencia una Ley General de Protección de Datos Personales que busca proteger los derechos ciudadanos a la privacidad y libertad. “Pero son instrumentos débiles ante gobiernos que disponen de muchos recursos y pretextos de seguridad nacional”, concluyó Reis.
De todos modos, el caso despertó un debate sobre el tema, poco analizado en el proceso de redemocratización de Brasil tras el fin de la dictadura en 1985, tal como la cuestión militar.
La dictadura militar desarrolló el Sistema Nacional de Informaciones (SNI), con tentáculos por todos los sectores y organismos públicos y privados, bajo una doctrina de seguridad nacional que tenía como blanco principal el enemigo externo, es decir todos los sospechosos de comunismo o izquierdismo.
Era, por lo tanto, una actividad policial, a que se destinaron también los militares, con una acción ilimitada sobre toda la sociedad.
La redemocratización del país mantuvo los servicios de inteligencia como un área militar y policial, aunque con nuevas agencias y orientaciones. Es así que la Abin estuvo hasta 2022 comandada por un general del Ejército y bajo la gestión del Gabinete de Seguridad Institucional, responsable de la protección del presidente de la República.
Distorsiones mantenidas
En su segunda etapa como presidente, tras gobernar el país entre 2003 y 2011, Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, trató de romper ese vínculo y transfirió la Abin al Ministerio de la Casa Civil, pero mantuvo el GSI bajo la jefatura de un general y la Abin dirigida por un policía, Luiz Fernando Corrêa, exdirector de la Policía Federal.
Además ratificó a varios directores vinculados al expresidente Bolsonaro. Solo ahora, tras el escándalo y 13 meses de gobierno, Lula sustituyó el director adjunto de la Abin el 30 de enero, Alessandro Moretti, también de la Policía Federal, por sospecha de proteger antiguos colegas involucrados en el espionaje ilegal.
Su sucesor, Marco Cepik, representa todo un cambio.
Se trata de un doctor en Ciencia Política y graduado en Historia, profesor universitario que dirigía hasta ahora la Escuela de Inteligencia de la Abin. Estudió mucho el tema y participó en la elaboración de propuestas del actual gobierno para la actividad.
Tendrá ahora la oportunidad de promover cambios efectivos en el sector, origen de frecuentes denuncias. Otros siete directores de la agencia fueron destituidos.
La cuestión militar, muy vinculada a los servicios de inteligencia, sigue sin debates públicos. No hubo en el país un juicio de los crímenes de la dictadura de 1964 a 1985, supuestamente amnistiados en 1979, junto con los condenados por oposición a los gobiernos militares.
En los procesos judiciales que enfrentan Bolsonaro y sus colaboradores, por intentos de golpe de Estado, abusos del poder económico y político y por la gran difusión de desinformación, pocos militares están involucrados, aunque tuvieron amplia participación en su gobierno y actuaron como abierto sostén del antiguo capitán.
El general retirado Augusto Heleno Ribeiro, que dirigió el Gabinete de Seguridad Institucional, y por lo tanto la Abin, durante todo el gobierno bolsonarista, será interrogado por la Policía Federal, pero muy difícilmente será enjuiciado.
ED: EG
