PORTO VELHO, Brasil – En un caluroso día de agosto en la ciudad de Guajará-Mirim, en el estado brasileño de Rondônia, más de 140 personas se reunieron en un centro de formación para una consulta sobre un proyecto hidroeléctrico propuesto que ha reavivado los debates sobre las centrales eléctricas en la Amazonía, al no ir de la mano con las preocupaciones sobre el cambio climático, la seguridad energética y los impactos socioambientales de la central.
Representantes del sector eléctrico y del gobierno habían acudido para compartir los primeros estudios de la llamada represa Ribeirão, una iniciativa binacional entre Brasil y Bolivia que se proyecta sobre el río Madeira, que divide los dos países justo al norte de la ciudad.
Cuando una portavoz del Ministerio de Minas y Energía de Brasil comenzó la presentación, estallaron las protestas, encabezadas por unos 40 manifestantes de comunidades tradicionales y organizaciones que las representan. “¡No a la represa hidroeléctrica de Ribeirão! Agua para la vida, no para la muerte”, decía una de sus pancartas.
Los manifestantes se quejaron de la falta de participación y transparencia en la elaboración de los estudios preliminares para el proyecto hidroeléctrico. Los organizadores respondieron poniendo fin a la presentación, una decisión que, según dijeron, se tomó “por razones de seguridad”.
Gerônima Costa, presidenta de Z-2, una comunidad pesquera local, dijo que no había recibido la invitación oficial para asistir hasta el mismo día de la reunión, e informó que los representantes en el evento les dijeron entonces que “el estudio ya estaba hecho”. “No era necesario que aprobáramos nada”, añadió. “¿Qué clase de estudio es éste que no escucha a la comunidad?”, planteó.
El descontento local con el proyecto hidroeléctrico se había expresado anteriormente en una carta abierta dirigida a los presidentes de ambos países, Luiz Inácio Lula da Silva y Luis Arce, enviada el 30 de julio de 2023 y firmada por 37 organizaciones de la sociedad civil. “Convocar a las comunidades para divulgar estudios realizados sin el conocimiento previo de la sociedad (…) es violar la participación de los pueblos que serán afectados y ocultar los impactos sinérgicos y acumulativos”, escribieron.
Líderes indígenas, pescadores, científicos y personas que viven de la tierra hablaron con periodistas sobre los temores comunes que rodean al proyecto: la pérdida de los modos de vida tradicionales y el colapso de los ecosistemas.
Centrales hidroeléctricas en la Amazonia
El río Madeira es fundamental para el equilibrio de la cuenca del Amazonas. Se extiende más de 3.300 kilómetros desde su nacimiento en la cordillera de los Andes, en el norte de Bolivia, hasta su desembocadura en el río Amazonas, en Itacoatiara, en el estado brasileño de Amazonas. Este río turbio y rico en nutrientes alberga gran parte de la biodiversidad acuática del bioma, incluido 60 % de las especies de peces, y aporta alrededor de la mitad de los sedimentos que llegan al río Amazonas.
A pesar de ello, el río Madeira sufre una serie de impactos antropogénicos, relacionados con el acaparamiento de tierras, la deforestación, la agricultura, la minería ilegal y las represas.
Tras las protestas, en el segundo semestre de 2023 se celebraron una serie de reuniones para debatir las consecuencias del proyecto, que sería la tercera instalación hidroeléctrica en el río Madeira. Las otras dos ―Santo Antônio, en Porto Velho, y Jirau, en el distrito de Jaci-Paraná― ya pueden aportar hasta 6,7 % de la electricidad que llega a la red nacional.
Jirau y Santo Antônio son represas de pasada, lo que significa que utilizan la energía natural del río para mover sus turbinas, en lugar del agua embalsada. “El efecto de estas represas sobre el régimen hidrológico es mínimo”, según Javier Tomasella, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil, pero agrega que la tecnología es más vulnerable al clima.
En las últimas décadas, los fenómenos climáticos en el río Madeira han sido “como un péndulo”, según Tomasella, pasando de un extremo a otro, entre intensas inundaciones y sequías.
“Estos extremos, especialmente los reflujos, atentan contra las centrales hidroeléctricas”, dado su diseño para funcionar sin grandes embalses”, dijo Tomasella. En octubre de 2023, el río Madeira sufrió una crítica escasez de agua provocada por el fenómeno meteorológico de El Niño, y la central de Santo Antônio tuvo que suspender su funcionamiento durante 14 días.
“Las represas hidroeléctricas son cada vez menos fiables en el norte del país”, afirmó Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa, una organización brasileña de política medioambiental. Según ella, esto se debe a que estas instalaciones “se han construido o se están construyendo en zonas donde los sistemas de flujo o los regímenes de lluvias han cambiado”.
Estudios de las centrales hidroeléctricas
En noviembre de 2016, Brasil y Bolivia firmaron un acuerdo para iniciar los estudios preliminares de un proyecto hidroeléctrico binacional en la cuenca del Madeira, en un trato entre la entonces estatal brasileña Eletrobras, privatizada en 2022, la estatal boliviana Ende y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Los estudios proponen la construcción de dos represas: la de Ribeirão, llamada así por su posición en el encuentro del arroyo Ribeirão y el río Madeira, entre Nova Mamoré, en Brasil, y Nueva Esperanza, en Bolivia; y una segunda en el encuentro de los ríos Yata y Mamoré, entre Guajará-Mirim y Guayaramerín, en Bolivia.
El área inundada prevista es de 319 km2, de los cuales 176 km2 están situados en Bolivia y 143 kilómetros cuadrados en Brasil. A ambos lados de la frontera, esto afectaría a zonas de conservación y vida silvestre, y a sitios del patrimonio histórico, así como a ecosistemas de los humedales del Río Yata de Bolivia, incluidos en la lista Ramsar, hogar de 24 especies de animales amenazados, como la nutria gigante.
João Dutra, miembro del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) y del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, cree que los estudios se realizaron “unilateralmente”. “Guajará-Mirim fue considerado en su día el municipio más verde de Brasil. Gran parte es bosque y tierra tradicional de la comunidad”, dijo.
Se estima que 90% de la superficie de Guajará-Mirim está cubierta por bosques, concentrados principalmente en un mosaico de áreas de conservación y territorios indígenas.
Para que el proyecto siga adelante, los estudios preliminares deben ser aprobados tanto por Brasil como por Bolivia. A continuación, ambos países deben firmar nuevos acuerdos para la siguiente fase, que incluye estudios profundos de ingeniería, socioambientales y económicos, con un plazo estimado de seis años.
Los pueblos indígenas, en alerta
Las tierras indígenas de Igarapé Ribeirão e Igarapé Lage son las más cercanas a las represas propuestas. Aunque las empresas afirman que estas zonas no se inundarán, los pueblos indígenas pueden tener motivos para estar alerta: un análisis reveló que las represas de Jirau y Santo Antônio han inundado 64,5 % más de tierras de lo previsto originalmente.
“Estamos muy preocupados”, afirmó Arão Oro Waram Xijeim, líder de Igarapé Lage. “Las inundaciones serán mayores de lo previsto en el estudio y afectarán directamente a la organización social, la alimentación, la cultura y la salud de los pueblos indígenas de la región”, añadió.
“El Mamoré y el Madeira son ríos importantísimos para nuestra región, porque los utilizamos para transportar nuestros productos y, sobre todo, para pescar [para comer]”, afirmó Arão Oro. “Si van a construir esa central de Ribeirão allí, tendrá repercusiones aquí”, añadió.
Los estudios reconocen que el aumento previsto de las migraciones debido a las obras podría “provocar cambios en los modos de vida existentes” y “aumentar los conflictos asociados al uso de la tierra y la explotación de los recursos naturales”. “Las poblaciones indígenas y tradicionales de Brasil”, prosigue el texto, “son las más sensibles a los cambios en los ríos y entornos naturales y a la llegada de nuevas personas en torno a sus territorios”.
En su respuesta para este informe, Eletrobras dijo que los estudios “se basan en datos secundarios y sólo presentan una estimación de los probables grupos humanos afectados”. La respuesta completa puede leerse aquí.
La empresa agregó que hubo “comunicación permanente con instituciones públicas y privadas y con la población en general de ambos países” desde el inicio de los estudios. Entre marzo de 2018 y mayo de 2020 funcionó un centro de información en Guajará-Mirim, y se promovieron “visitas quincenales a las comunidades” y “reuniones aclaratorias”, como las consultas de agosto de 2023.
Plantaciones de caucho inundadas
Aunque los estudios prevén “inundaciones marginales” en zonas protegidas de producción sostenible conocidas como “reservas extractivas”, los líderes locales afirmaron que no se habían puesto en contacto con ellos.
“Sabemos que hubo una empresa que se instaló y realizó el estudio durante dos años, pero en ningún momento se sentó con nosotros, los extractivistas, para hablar de lo que pensaba que iba a pasar”, aseguró Ronaldo Lins, presidente de la Asociación Primavera, grupo que representa a los productores de la reserva extractiva del río Pacaás Novos, al sureste de Guajará-Mirim.
La reserva alberga a unas 200 familias que viven de la producción de caucho y castañas. Nacido en 1973, Lins solía acompañar a su padre cuando aún era un niño a recoger caucho, y recuerda cómo despertó en él un temprano amor por el bosque. “No había mucha deforestación ni incendios”, recuerda.
El río que da nombre a la reserva ―un afluente del río Mamoré que a su vez fluye desde el Madeira― es la principal ruta de los productores hacia los lugares de recogida y el transporte de sus productos a la ciudad.
“Si esta central de Ribeirão se hace realidad, con estas dos represas, será muy preocupante para nosotros. Estamos totalmente en contra”, añadió Lins. “El Pacaás es el río más importante para nosotros para transportar nuestros productos: caucho, castañas, harina. Es nuestra carretera”, dijo.
Mientras tanto, en la reserva del río Ouro Preto, de 204.000 hectáreas, al este de Guajará-Mirim, 270 familias trabajan en la recolección de castañas, açaí y caucho, entre otras actividades a pequeña escala, incluida la agricultura.
Edvaldo da Costa, presidente de la Asociación de Caucheros y Agroextractivistas del Bajo Ouro Preto, también criticó el proyecto: “Tenemos un protocolo de consulta. Saben dónde está la población tradicional y cómo queremos que se nos consulte”.
En ambas reservas, el caucho se recolecta durante la estación seca, de mayo a noviembre. Cuando llegan las lluvias, de diciembre a marzo, los productores se trasladan a los castañares, en terrenos más firmes, y también recolectan açaí. Sin embargo, las recientes inundaciones han durado hasta dos meses y han acortado la cosecha de caucho. Las prolongadas inundaciones también afectan a sus iniciativas de agricultura familiar.
Si permanecen inundados durante demasiado tiempo, los árboles de caucho y de açaí son incapaces de sobrevivir, como describió Lins en el caso de la reserva extractiva de Jaci-Paraná, tras la creación de las centrales hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio.
“Han perdido gran parte de las plantaciones de caucho porque el agua invadió todo y tardó mucho en secarse”, dijo Lins. “Si ya tenemos problemas cuando el agua retrocede aquí en julio, imagínate si construyen otra planta”, añadió.
Repercusiones en la pesca
El Alto Madeira es una región con escasa presencia humana, lo que contribuye a conservar un bosque y un río con una amplia biodiversidad acuática.
“Las especies que están en los ríos Guaporé y Mamoré pueden cumplir su proceso fisiológico de migración, no hay represas que se lo impidan”, afirmó la bióloga Carolina Doria, coordinadora del Laboratorio de Ictiofauna y Pesquerías de la Universidad Federal de Rondônia.
Los estudios de las represas propuestas describen impactos potenciales en los hábitats acuáticos, cambios en la dinámica del transporte de sedimentos y una reducción de la conectividad fluvial, con la formación de barreras a los flujos biológicos. Los pescadores no se mencionan en los estudios ni en la presentación en el sitio web oficial del proyecto binacional.
Gerônima Costa nació en las plantaciones de caucho del interior de Guajará-Mirim en 1962, en el seno de una familia que vivía del caucho y de la pesca. Contó que un desbordamiento del río Mamoré en 2014, causado por las operaciones de la central hidroeléctrica de Jirau, dejó varios barrios bajo el agua y afectó a la sede de la comunidad Z-2.
Los pescadores fueron indemnizados por la empresa que gestiona Jirau, pero Gerônima no quiere que se repita la experiencia: “Nuestro pueblo se había convertido en una isla. El agua entraba por todas partes. Tenemos que respetar nuestras reservas y zonas indígenas”.
Los estanques de piscicultura en Bolivia también han colapsado, y peces como el pirarucú se han extendido a los ríos locales, depredando una serie de especies que son importantes tanto para el comercio como para la dieta de los residentes locales.
Hombres pescando un pirarucú en la Amazonia. Este pez se ha extendido en el río Madeira y ha depredado una serie de especies que son importantes tanto para el comercio como para la dieta de los residentes locales. Imagen: FAO Américas
Transición justa
Múltiples entrevistados para este artículo se quejaron de que las represas hidroeléctricas existentes en el río Madeira producen electricidad para la red, a menudo destinada más allá de Rondônia, mientras que en los municipios locales la energía es cara y suele proceder de fuentes sucias e intermitentes.
“Este complejo hidroeléctrico invertido, realizado y construido en Brasil se hizo para el sistema nacional. Nunca se diseñó para abastecer a la población amazónica”, afirmó Unterstell. “Esto es una prueba de racismo medioambiental”, añaadió.
En la sede de la comunidad pesquera Z-2, la factura mensual de energía ronda los 1000 reales (200 dólares). En su mercado pesquero, donde hay una cámara frigorífica y una máquina de hielo, ronda los 4000 reales. “Las centrales hidroeléctricas no son para nosotros”, dijo Gerônima Costa.
En la Amazonia Legal brasileña, la región oficial formada por nueve estados amazónicos, hay 211 sistemas eléctricos aislados que no están conectados al sistema nacional. Se estima que cerca de 80 % de la energía de estos sistemas procede de fuentes alimentadas con diésel.
En 2022, estos sitios consumieron 857 900 metros cúbicos de gasóleo, produciendo casi tres millones de toneladas de emisiones de carbono, según datos del Ministerio de Minas y Energía obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información de Brasil.
En la reserva extractiva del río Pacaás Novos, cada familia tiene su propio generador diesel y gasta hasta 400 reales (80 dólares) al mes para tener energía durante cuatro horas al día. Algunos de los que han obtenido beneficios de sus cosechas han empezado a invertir en paneles solares, “para tener un frigorífico, para tener energía para su propia casa, para encender un televisor”, dice Lins.
Pero eso debería cambiar pronto: los productores de las reservas extractivas esperan poder sumarse al programa Luz para Todos del gobierno federal en marzo de 2024.
Algunos paneles fotovoltaicos ya han llegado a la reserva del río Ouro Preto. Cada consumidor paga una cuota mensual de 60 reales (12 dólares), según Edvaldo da Costa. “Las personas que viven a dos o tres días de la ciudad tienen ahora su propia energía, su propia nevera. Ha cambiado mucho, para mejor”, añadió.
“En cuanto a la comida, la gente solía salar la carne para deshidratarla, y ahora se conserva en hielo. Incluso para su propia salud, ayuda mucho. Beber agua fría: no mucha gente tenía ese privilegio. Toda la comunidad está contenta”.
Este artículo se publicó previamente en Diálogo Chino.
RV: EG
