NUEVA YORK – La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de Panamá a que resuelva el tema de agua y saneamiento para poder reubicar a la población indígena de la isla Gardi Sugdub, cada vez más expuesta a inundaciones en aguas del Caribe.
El gobierno panameño “corre el riesgo de trastabillar con el último obstáculo” para que la comunidad indígena Guna, unas 1300 personas, se traslade desde su isla a un lugar más seguro en la costa firme del lado norte del país, dijo Erica Bower, investigadora de HRW sobre desplazamiento relacionado con el clima.
HRW sostiene que, ante la aceleración del cambio climático, Panamá necesita una política de reubicación que respete los derechos, y este caso podría ser un ejemplo de lo que puede fallar cuando las necesidades de la comunidad no se toman en cuenta para las reubicaciones relacionadas con el clima.
Gardi Sugdub es una isla de 3,6 hectáreas (unos cinco campos de fútbol) a unos dos kilómetros de la costa en el golfo de Guna Yala, con población de la etnia guna o kuna, de lengua de origen chibcha y la mayoría de cuyas comunidades, con un total de 50 000 individuos, habita una larga franja del norte panameño.
La mayoría de los habitantes de esta y otras pequeñas islas del golfo descienden de quienes llegaron allí a mediados del siglo XIX para escapar de las plagas en la costa y posicionarse mejor para tareas de pesca y comercio. Entre sus actuales actividades está proveer pescado para restaurantes y comercios en Panamá.
Ante el impacto de cada vez más tormentas e inundaciones, la comunidad apretujada en la isla solicitó desde 2010 apoyo gubernamental para su reubicación en costa firme, desde el año pasado recibió respaldo de organizaciones como HRW, y puede servir de modelo para otras reubicaciones empujadas por el cambio climático.
La mayoría de las personas no quisiera abandonar sus hogares, y las reubicaciones planificadas son una medida de último recurso, según HRW.
El gobierno avanzó con un desarrollo de 300 viviendas planificadas, centros de reunión cultural construidos siguiendo el estilo tradicional de la comunidad, y una escuela próxima con instalaciones deportivas.
Sin embargo, aún no ha puesto a disposición servicios adecuados de agua, saneamiento y atención médica en el lugar de reubicación, destacó HRW.
Bower dijo que “si no se resuelven las deficiencias vinculadas con agua, saneamiento y atención de la salud, este caso podría convertirse en un ejemplo clave de qué puede fallar cuando las necesidades de la comunidad no son el factor principal que se considera para las reubicaciones climáticas”.
El nuevo emplazamiento, al que se llamó Isper Yala (Tierra del Árbol de Nísperos) para reflejar el idioma y los valores de la comunidad guna, se encuentra en un suelo más elevado en el territorio continental, a una distancia de 2,5 kilómetros a pie hasta la costa, seguida de un desplazamiento en barco de 2,4 kilómetros desde la isla.
La construcción empezó en 2019 y se ha retrasado en varias ocasiones en los últimos cinco años.
Blas López, líder comunitario guna, manifestó a HRW que “oficialmente, las llaves se van a entregar, pero el problema va a ser el agua. No podemos vivir allí sin agua”.
La reubicación planificada, que la comunidad solicitó como un paso necesario para eludir el aumento del nivel del mar y el hacinamiento, es la primera que tiene lugar en Panamá, y HRW la considera un ejemplo posible nacional e internacional.
La organización considera que otras 38 comunidades en la región de Guna Yala, así como otras en el resto de Panamá, ya lidian con las consecuencias del aumento del nivel del mar y se están movilizando para lograr la reubicación.
“El caso de Gardi Sugdub ofrece enseñanzas importantes, como reconocer que es esencial cumplir lo prometido y establecer políticas nacionales que respeten los derechos”, insistió finalmente Bower.
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