GINEBRA – El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos por razones políticas, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, denunció este jueves 29 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas que lleva el caso de ese país.
En el país centroamericano “se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”, de acuerdo con la investigación del grupo.
“El presidente (Daniel) Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional”, afirmó el jurista alemán Jan Simon, presidente del grupo.
También debe responder Nicaragua como Estado “que persigue a su propio pueblo, a estudiantes universitarios, pueblos indígenas y afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, agregó Simon.
El informe señala que la persecución por parte del gobierno de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil, y que durante 2023 hubo “un aumento exponencial” de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo.
Simon expuso que “Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior, y el gobierno “ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial”.
Otra integrante del grupo, la docente de leyes Ángela Buitrago, señaló que “además, la persecución se extiende más allá de las fronteras”.
Ello se debe a “los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir”, de los expatriados nicaragüenses.
El gobierno ha privado de su nacionalidad, documentación y también de bienes a centenares de opositores que estuvieron encarcelados o perseguidos y fueron expulsados tras ser encarcelados o debieron buscar asilo en otros países. Son apátridas sin derecho a recursos jurídicos.
A su vez, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del gobierno solo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales, según el informe.
Esas “violaciones por extensión” son particularmente graves cuando se trata de niños y niñas, que han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades u opiniones expresadas por sus padres o familiares.
Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres. A varios de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero.
El informe también destaca la consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado en manos del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, destacando particularmente el control total ejercido sobre el poder judicial.
“El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”, observó la experta uruguaya Ariela Peralta, también integrante del grupo.
Peralta subrayó que “la centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas”.
El grupo destacó que la Ley de Amnistía en el país centroamericano se ha utilizado para reforzar la impunidad, al proteger del procesamiento a violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura.
Esas disposiciones “son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua bajo el derecho internacional de derechos humanos, en particular la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, indicó el grupo.
Los expertos instaron al gobierno a poner en libertad de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, cesar en las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y a emprenda investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de esas violaciones.
También pidieron a la comunidad internacional que tome medidas inmediatas, ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos, “una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla”.
La comunidad internacional, dice el grupo, debería usar sus conclusiones en las relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales con Nicaragua, por ejemplo cuando condicione el acceso preferencial de ese país a los mercados.
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