RÍO DE JANEIRO – Bajo una lluvia de críticas de los economistas ortodoxos en general, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se embarcó en la recuperación y modernización industrial de Brasil, en un intento de superar la desindustrialización de las cuatro últimas décadas y promover el desarrollo económico.
El programa prevé inversiones de 300 000 millones de reales (50 000 millones de dólares) hasta 2026, de los cuales 90 % será en financiamiento y el resto en subsidios y participación accionaria en las empresas. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) será la principal fuente de recursos.
Es “más de lo mismo”, la repetición de planes que fracasaron durante los anteriores gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), critican muchos de los economistas más oídos por los medios sobre el nuevo programa del presidente, un año después de volver al poder.
Administraciones presididas por el mismo Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), actual presidenta del banco de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), adoptaron varios mecanismos de estímulo a la producción nacional, condenados tras desembocar en la recesión económica de 2015-2016, con una pérdida de 6,8 % del producto interno bruto.
Las misiones
El programa de recuperación industrial, anunciado el 22 de enero y del que se han dado detalles posteriormente, establece seis “misiones”: agroindustria; complejo industrial de la salud; infraestructura, saneamiento, vivienda y movilidad; transformación digital; bioeconomía; y tecnología de defensa.
Esos vectores, inspirados en ideas de la economista italiana Mariana Mazzucato, buscan superar la fragmentación de políticas sectoriales, articular distintas actividades convergentes y fijar sus orientaciones por los objetivos, por sus fines y no los medios.
“El principal desafío de esa política industrial es la coordinación y la gobernanza. Son muchos ministerios involucrados y no se definió una coordinación jerárquicamente superior, que podría ser la presidencia o la Casa Civil presidencial, una autoridad que puede arbitrar conflictos inherentes a un proceso de transformación”: Rafael Cagnin.
El ejemplo es la “misión” que junta infraestructura, saneamiento, vivienda y movilidad, que “apuntan a una ciudad mejor”, explicó Rafael Cagnin, economista del Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (Iedi), que considera prometedora la nueva estrategia industrial.
Las críticas a lo que se bautizó como Nueva Industria Brasileña (NIB) se basan mucho en “una visión ideológica de macroeconomía”, que condena las políticas industriales en Brasil, aunque su actual adopción en muchos países matizan hoy esas visiones negativas, basadas en la experiencia del pasado reciente, sostuvo a IPS por teléfono desde São Paulo.
Es un tema cuyo debate estuvo bloqueado desde el malogro de la crisis económica que terminó por conducir Rousseff a su inhabilitación, por decisión del Congreso Nacional en agosto de 2016. Lula lo reabre afrontando el escarmiento aún muy presente en la opinión pública, especialmente de los economistas.
Se repiten preceptos como el del contenido local, que favorece la producción nacional por alguna medida proteccionista, incluso por el uso de las compras gubernamentales, los subsidios y créditos favorecidos.
Todo eso no conduce al incremento de la productividad, que seria la gran debilidad de la industria brasileña, ni a la competitividad, señalan los críticos.
Además se pretende fomentar sectores fracasados, como la industria naval. En las décadas pasadas se buscó aprovechar el empuje de la producción petrolera para la instalación de más de 30 astilleros, proyectos frustrados o en quiebra en su amplia mayoría.
Pero son distintos el actual contexto y la nueva estrategia, según plantea Cagnin.
Contexto más favorable
“La política industrial anterior era de compensaciones a algunos sectores. Ahora se aprobó una reforma tributaria, cuyos detalles serán discutidos en los próximos meses, que simplifica en sistema y establece una convergencia entre los sectores y actividades, en una convergencia con la industria”, observó el economista.
Brasil está unificando cinco tributos en el impuesto sobre valor agregado, que se cobra solo en el destino final del producto o servicio, como ya hacen decenas de países. Es el desenlace de más de tres décadas de intentos para poner fin a la irracionalidad tributaria, que gravaba principalmente la industria por la acumulación de impuestos en su larga cadena de producción.
Otros factores generan un ambiente más propicio a la también llamada “neoindustrilización” brasileña, acotó el economista. El cuadro macroeconómico, por ejemplo. “Las tasas de interés siguen elevadas, pero en trayectoria de caída”, en contraste con las elevadas tasas que imperaron desde el inicio del siglo y hasta 2011, recordó.
La tasa básica del Banco Central es hoy de 11,25 %, pero alcanzaba 13,75 % hasta julio de 2023.
El tipo de cambio dejó de ser un gran factor de la desindustrialización, como sí lo fue desde los años 90 y hasta 2014, con la moneda nacional, el real, fortalecida por la gran exportación de productos primarios a buenos precios.
Ahora el gobierno dispone de órganos para contener los costos de producción, la inseguridad jurídica y otros obstáculos a la nueva industrialización, acotó Cagnin.
Además la concepción de política industrial cambió. Hay más claridad sobre objetivos y directrices, las “misiones” permiten superar el riesgo anterior de favorecimiento de sectores más organizados, con una visión más sistémica, intersectorial.
La política de fomento anterior favorecía con créditos del BNDES, más baratos que los del mercado, a los llamados “campeones nacionales”, las empresas o grupos empresariales elegidas como las de mayor competitividad y posibilidades incluso de disputar mercados externos.
“Las misiones diluyen las asimetrías”, frenan la captura de beneficios por empresas específicas y permiten al gobierno arbitrar por la mejor solución, las alternativas que ofrecen mejores resultados, consideró Cagnin.
La Nueva Industria Brasileña surge también actualizada en relación al ambiente y el cambio climático. La descarbonización es uno de sus ejes, junto con la innovación tecnológica -un área débil en Brasil-, el incremento de la productividad y de las exportaciones.
“El principal desafío de esa política industrial es la coordinación y la gobernanza. Son muchos ministerios involucrados y no se definió una coordinación jerárquicamente superior, que podría ser la presidencia o la Casa Civil presidencial, una autoridad que puede arbitrar conflictos inherentes a un proceso de transformación”, dijo Cagnin.
También falta un Observatorio para el acompañamiento permanente y evaluaciones periódicas de como marcha la política industrial, tarea que podría encargarse al Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CNDI) que tiene la ventaja de componerse de 14 miembros del gobierno y 14 de la sociedad civil, incluso empresarios, trabajadores y académicos, sugirió el economista.
Drenaje financiero
Pero el buen éxito de cualquier política económica, incluida la industrial, depende de poner un dique al “drenaje” de los recursos de la sociedad por el sistema financiero, sostiene Ladislau Dowbor, profesor de economía en la Universidad Católica de São Paulo.
La tasa básica del Banco Central, ahora en 11,25 %, representa un costo de 700 000 millones de reales (140 000 millones de dólares) al año para el Estado, cuatro veces el presupuesto de 2023 de la Bolsa Familia, el programa de transferencia de renta a 21 millones de familias vulnerables, comparó.
Por el impacto de las tasas de interés desmesuradas, Brasil tiene su economía empobrecida y prácticamente estancada desde 2014, con un crecimiento anual promedio de apenas 1 o 2 %.
Las personas físicas pagan 55,8 % al año, como promedio, por sus préstamos, contra cerca de 4 % en Europa, mientras las empresas industriales se someten a 23 % para obtener crédito en los bancos, detalló Dowbor a IPS, también desde São Paulo.
Al capital ya no le interesa producir bienes y servicios, sino reproducirse por la renta financiera. Es un capital improductivo, rentista, señaló.
Como resultado, cerca de 70 millones de brasileños, más de un tercio de los 203 millones de habitantes del país, están insolventes con sus deudas. El gobierno puso en marcha el programa Desenrolla, para sacarlos de esa situación, pero atendió a poco más de 11 millones.
Con tanta gente endeudada y alejada del crédito por sus altos intereses, se reduce la demanda que podría impulsar la industria. “Solo cambios estructurales podrán estancar el drenaje y reducir la pobreza. La economía solo crece, pero poco, porque el gobierno logra ‘trabajar en las grietas’ del sistema”, concluyó Dowbor.
ED: EG
