GINEBRA – Tres años después del golpe militar, la situación de los derechos humanos en Myanmar “está ahora en caída libre”, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“En medio de todas las crisis que existen en el mundo, es importante que nadie quede olvidado. El pueblo de Myanmar lleva demasiado tiempo sufriendo”, dijo Türk en la víspera del aniversario del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 en ese país, también conocido por su antiguo nombre de Birmania.
Agregó que “desde finales de octubre del año pasado, la situación se ha deteriorado aún más como resultado de las tácticas tradicionales de los militares para atacar”.
Los combates entre el ejército y los grupos armados de oposición han provocado desplazamientos masivos y víctimas civiles, y “el régimen lanzó oleadas de bombardeos aéreos y ataques de artillería indiscriminados” después de recientes reveses en el campo de batalla.
Fuentes de la oficina del alto comisionado (Acnudh) en esta ciudad suiza verificaron que al menos 554 personas han muerto desde octubre, mientras que el número de civiles presuntamente asesinados por los militares se estima en 1600 en 2023, un aumento de 300 respecto a 2022.
Cerca de 26 000 personas han sido arrestadas por motivos políticos, 19 973 permanecen detenidas –muchas sometidas a torturas, abusos y sin esperanza de un juicio justo- y 1576 han muerto en los últimos tres años mientras se encontraban bajo custodia militar.
“Las tácticas militares se han centrado sistemáticamente en castigar a los civiles que consideran que apoyan a sus enemigos”, afirmó Türk. “Como resultado, el ejército ha atacado sistemáticamente a civiles y objetos protegidos conforme al derecho internacional humanitario, especialmente instalaciones médicas y escuelas”.
Türk expresó particular preocupación por la población de la etnia rohinyá, en el norte del país, perseguida durante años por las autoridades y de la cual cientos de miles han huido como refugiados a la vecina Bangladesh.
El gobierno civil de Myanmar fue derrocado al desconocer el alto mando militar los resultados de la elección parlamentaria efectuada en noviembre de 2020, la cual registró una abrumadora victoria del partido civilista Liga Nacional Democrática (LND), de la Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi.
Aung San, como consejera de Estado, y las principales autoridades del gobierno civil depuesto permanecen encarcelados o bajo arresto domiciliario, y algunos han recibido condenas en juicios sumarios conducidos por jueces sin rostro.
Las protestas que estallaron en las principales ciudades fueron rápida y violentamente reprimidas, con el resultado de que en los meses siguientes surgieron focos de resistencia armada en áreas rurales que han avanzado entre las minorías étnicas y en provincias fronterizas.
En octubre de 2023 tres de esas insurgencias formaron la Alianza de las Tres Hermandades, que ha cosechado éxitos al adueñarse de poblados y cuarteles policiales y militares, sobre todo en la nororiental región de Shan.
El ejército ha respondido con cada vez más ataques aéreos que dañan a civiles en las aldeas de las zonas de conflicto, según denunció la organización humanitaria internacional Human Rights Watch (HRW).
“Los países miembros de las Naciones Unidas deberían instar al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo de armas a Myanmar, incluidas sanciones al combustible para aviones que facilita los ataques aéreos ilegales contra civiles”, dijo Elaine Pearson, directora para Asia en HRW.
Otra organización, Amnistía Internacional (AI), denunció basándose en vigilancia de puertos vía satélite que, pese a las medidas de embargo, las fuerzas armadas birmanas siguen importando combustible de aviación para sus operaciones, en particular desde unidades de almacenamiento en Vietnam.
En uno de los casos detectados por AI, un envío de combustible de aviación en agosto de 2023 tuvo su origen en la terminal en Huizhou (sur de China) de la corporación Cnooc, la tercera empresa petrolera nacional de China.
Países occidentales mantienen un embargo de armas, municiones y combustibles sobre el Estado birmano, pero no Rusia ni China.
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