MONTEVIDEO – Se esperaba que el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, jurara el cargo el 14 de enero a las 14 horas, el 14:00 a las 14:00, como se repitió durante meses. Era un acontecimiento trascendental, pero no estaba garantizado.
Un año antes, Arévalo, cofundador del progresista Movimiento Semilla, un partido político nacido de las protestas generalizadas contra la corrupción de 2015, era un gran desconocido, recién elegido candidato presidencial de su partido. No aparecía en las encuestas de opinión.
Después de una larga cadena de acontecimientos improbables, se ha convertido en el primer presidente guatemalteco en la memoria que no pertenece a las élites interesadas que los guatemaltecos llaman «el pacto corrupto», que ha prometido desmantelar de forma creíble.
El temor que esto causó entre la élite corrupta que ha gobernado Guatemala durante mucho tiempo se reflejó en una serie de intentos de impedir la toma de posesión de Arévalo.
A la enorme y sostenida movilización ciudadana que se produjo como respuesta se le puede atribuir en gran medida el mérito de mantener viva la chispa de la democracia en Guatemala.
Retrasos de última hora
En la mañana del 14 de enero, el Congreso guatemalteco solo tenía que certificar a los diputados que habían resultado electos para que el nuevo presidente pudiera jurar su cargo. Pero este trámite administrativo rutinario se alargó durante muchas horas.
El movimiento indígena, al frente de las protestas que durante meses habían logrado mantener a raya los sucesivos intentos de revertir los resultados electorales, hizo un llamamiento a las comunidades indígenas de toda Guatemala para que se mantuvieran en alerta.
A última hora de la tarde, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rodeado de miembros de numerosas delegaciones extranjeras, leyó una declaración en la que pedía al Congreso que entregara el poder, «tal y como exige la Constitución», al presidente electo. Esto indicaba que el mundo estaba observando.
A medida que aumentaban las tensiones, Semilla llegó a un acuerdo para que uno de sus representantes fuera elegido presidente del Congreso. Esto permitió reanudar el proceso de certificación, y Arévalo juró finalmente su cargo poco después de medianoche. Siguieron celebraciones nocturnas.
Un intento de golpe por etapas
La elección de Arévalo fue inesperada. Llegó a la segunda vuelta del 20 de agosto porque otros candidatos que no eran del agrado de la élite habían sido descalificados antes de la primera ronda. Su candidatura no fue bloqueada porque obtuviera una mala puntuación en las encuestas. Las expectativas de la gente eran extremadamente bajas, y el primer puesto fue para los votos nulos.
Pero una vez que Arévalo pasó a la segunda vuelta, su ascenso fue imparable. Las amenazas de muerte no tardaron en llegar, y días antes de la segunda vuelta salió a la luz un plan de asesinato en el que participaban fuerzas estatales y no estatales.
Tan pronto como se anunciaron los resultados de la primera vuelta, nueve partidos presentaron reclamaciones por supuestas irregularidades que habían pasado desapercibidas a todos los observadores internacionales. Sus simpatizantes se concentraron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para pedir la repetición de los comicios.
El Tribunal Constitucional ordenó el recuento y ordenó al TSE que suspendiera la certificación oficial hasta que se resolvieran las reclamaciones. Tras el recuento, el TSE ratificó los resultados dos semanas después.
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Mientras tanto, la fiscal general Consuelo Porras Argueta, una funcionaria sancionada e Estados Unidos por corrupción, inició una investigación sobre Semilla por supuestas irregularidades en su proceso de inscripción y allanó sus oficinas.
También ordenó dos allanamientos de las oficinas del TSE, y cuando el TSE anunció oficialmente a Arévalo como uno de los candidatos a la segunda vuelta, ordenó la suspensión de Semilla. Sin embargo, el Tribunal Constitucional bloqueó esta orden y la segunda vuelta siguió su curso. Arévalo obtuvo 58 % de los votos, frente a 37,2 % del candidato oficialista.
Inmediatamente comenzaron los esfuerzos para impedir la investidura de Arévalo, con otro intento del Ministerio Público de suspender a Semilla. El Tribunal Constitucional siguió recibiendo y rechazando recursos hasta el día de la toma de posesión.
Durante 100 días, dos visiones diferentes de Guatemala lucharon entre sí: la gente ansiosa de cambio protestaba sin parar, mientras que las fuerzas corruptas vinculadas al crimen organizado se esforzaban por preservar sus privilegios a cualquier precio.
Democracia con respiración asistida
Guatemala ha sido clasificada durante mucho tiempo como un «régimen híbrido» con una mezcla de rasgos democráticos y autoritarios.
Bajo la presidencia saliente de Alejandro Giammattei, las libertades civiles se deterioraron constantemente. Las instituciones estatales se debilitaron aún más, saqueadas por élites depredadoras y cooptadas por el crimen organizado.
Uno de los últimos actos del predecesor y aliado de Giammattei, Jimmy Morales, fue poner fin a la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Encargada de apoyar y fortalecer las instituciones del Estado para investigar y perseguir delitos graves, la Cicig ayudó a archivar más de 120 casos en el sistema judicial guatemalteco y sus investigaciones conjuntas con la Fiscalía General condujeron a más de 400 condenas.
Bajo el mandato de Giammattei, el Ministerio Público desmanteló todos los esfuerzos anticorrupción y criminalizó a los profesionales del derecho que habían trabajado con la Cicig. La impunidad floreció.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional encontró pruebas de la fuerte influencia del crimen organizado sobre la política y los políticos, con algunos jefes del crimen buscando y asegurando cargos.
No es de extrañar que la confianza de los guatemaltecos en las instituciones del Estado haya tocado fondo. Según el último informe de Latinobarómetro, en 2021 la satisfacción con el funcionamiento de la democracia era de un escaso 25 %.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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