RÍO DE JANEIRO – Conocida como la región más violenta del mundo, por los homicidios en general, América Latina y el Caribe se destaca también por encabezar los asesinatos de mujeres trans.
Los datos son precarios, porque existen subrregistros en toda la región, pero los esfuerzos incipientes de variadas instituciones coinciden en apuntar fallas en el derecho a la vida de la población trans, así como también las demás minorías sexuales.
“Los datos que presentan las organizaciones internacionales, observatorios y colectivas LGBTTTIQNB+ de América Latina confirman que es uno de los lugares más peligrosos para esa comunidad”, señaló Natalia Peña Boero, socióloga responsable del proyecto Monitor Marielle Franco de MundoSur, una asociación civil franco-argentina.
“Pero es importante también decir que no existe un sistema de recolección y sistematización de datos estandarizado que nos permita una comparación rigurosa”, matizó a IPS desde Buenos Aires.
Su proyecto monitorea los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI+, que ella identifica con seis siglas adicionales, y lleva el nombre de Marielle Franco, una concejal de Río de Janeiro, negra y lesbiana, asesinada en 2018 por una milicia del crimen organizado local.
“Los datos que presentan las organizaciones internacionales, observatorios y colectivas LGBTTTIQNB+ de América Latina confirman que es uno de los lugares más peligrosos para esa comunidad”: Natalia Peña Boero.
En los cinco últimos años, de 2018 a 2022, hubo 1035 de esos crímenes de odio en 19 países de la región, 898 de los cuales, o 86,76% del total, son asesinatos, según el último informe del Monitor. Los demás son “lesiones a la integridad física” o “sexual”, es decir agresiones que hieren y violaciones sexuales.
De ese total de crímenes hacia los LGBTTTIQNBA+, según su sigla abarcadora, 75,8% tiene como víctimas a las mujeres trans. Esa nomenclatura engloba a personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, queer, no binarias, bisexuales, asexuales y de otra orientación.
Datos precarios
Los datos son limitados, porque son los recogidos en los medios de comunicación, explica Peña. Las violaciones son prácticamente ignoradas en relación a esa comunidad, solo tres fueron registradas en los cinco años.
La organización Transgender Europe (TGEU), con sede en Berlín y conectada a 200 otras entidades en 48 países, apuntó a 321 asesinatos de personas trans en 35 países, en su último informe anual, que comprende 12 meses desde octubre de 2022 a septiembre de 2023.
De las víctimas, 84 % son mujeres trans y 48 % trabajadoras sexuales, detalla el Observatorio de TGEU.
Con 236 muertes, América Latina y el Caribe, una región de 662 millones de personas, acapara 73,5 % del total.
Brasil encabeza la lista de esa tragedia con cien asesinatos, seguido de México, con 52. Teniendo en cuenta la población nacional, 203 millones y 127 millones, respectivamente, Brasil aparece como más mortal también en términos proporcionales.
Los 21 asesinatos registrados en Colombia, que tiene 51,5 millones de habitantes y es conocida por su violencia generalizada, discrepan de otras fuentes que apuntan muchos más casos, como MundoSur y la red Sin Violencia, que recoge y analiza datos de 10 países andinos, centroamericanos y caribeños.
Mientras, el informe de TGEU registra un solo asesinato africano, en Uganda, 35 en Asia, 16 en Europa y 33 en Estados Unidos.
Esfuerzo civil, no estatal
No hay parámetros a nivel mundial para comparaciones, pero “los esfuerzos de muchas organizaciones civiles, colectivas territoriales y observatorios” indican datos crueles de América Latina y el Caribe, que, paradójicamente, es a la vez como la región que más “construye información acuerpada, valiosa, cotidiana y comprometida” sobre el tema, reconoció Peña.
Eso también desnuda “la deuda histórica de los Estados en toda la región” en hacer estadísticas públicas sobre la comunidad LGBTTTIQNB+, lo que “constituye una de las violencias institucionales más invisibilizadas contra esa población”, denunció.
La mayoría de las mujeres trans asesinadas son trabajadoras del sexo y por eso sus muertes ocurren en general en espacios públicos también en Brasil, destacó Sayonara Nogueira, geógrafa y profesora en la enseñanza básica y universitaria en Uberlândia, ciudad de 713 000 habitantes, en el sureño estado de Minas Gerais.
Una especificidad brasileña es que de 75 % a 80 % de esas muertas, según datos de distintas organizaciones, son negras.
Pero algunas medidas contra la discriminación y la exclusión social de esas personas, que induce muchas a la prostitución, se revelaron eficaces en el país.
Hubo un aumento de 350 % de mujeres trans que permanecen en las escuelas de enseñanza básica, suma de la primaria y la secundaria en Brasil, desde que el Ministerio de Educación las autorizó a usar el nombre social, en 2018, según Nogueira, que es secretaria de Comunicación de la Red Trans Brasil.
El uso del nombre social, que refleja la nueva identidad de género, en lugar del registrado en el nacimiento, es uno de los derechos conquistados por las personas trans en algunos países, como el de rectificar el nombre en los documentos legales.
Justicia o parlamento
Ese derecho, como otros que benefician a la población LGBTI+, en Brasil es la Justicia que los está validando, y no el parlamento a través de leyes, como en Argentina y Chile, matizó Nogueira.
“El Congreso Nacional no hace su deber de casa. Es el Supremo Tribunal Federal que reconoce nuestros derechos y para hacerlos respetar tenemos que recorrer a tres instituciones, la Defensoría Pública, el Ministerio Público y el Ministerio Público del Trabajo”, detalló a IPS desde Uberlândia.
Nogueira, cuya identidad femenina se afirmó “desde los 5 u 6 años de edad”, adoptó el nombre Sayonara en los años 90, por sugerencia de amigos basada en “los ojos achinados”, y lo formalizó en los documentos en 2014.
Adoptada por una familia en que tiene cinco hermanos, se considera “privilegiada” porque tuvo el apoyo familiar a su identidad de género y la “exigencia” paterna para que estudiara.
Tuvo que enfrentar discriminaciones y hostilidades, pero las pudo eludir, graduarse en geografía, con especializaciones pedagógicas, e ingresar como profesora del sector público. Como tal, se considera un ejemplo que estimula otras mujeres trans a superar la exclusión social que aún afecta la comunidad LGBTI+.
Ella atribuye esa exclusión y la matanza de personas trans a la “cultura machista y patriarcal que conduce a la violencia contra los diversos”.
Organización creciente
América Latina y el Caribe se destacan por esa violencia, pero también por el esfuerzo de organizaciones civiles en monitorear los crímenes contra las minorías y así desvelar los datos abominables, y asimismo por reconocerles algunos derechos a las personas trans.
Pero la región “es profundamente heterogénea”, con avances legislativos en algunos países y otros donde hay “instituciones dedicadas a la reconversión de género sin ninguna regulación”, observó Boero.
Además de esa desigualdad en el “reconocimiento y garantía de derechos humanos LGBTTTBIQNB”, los Estados se muestran “incapaces de prevenir y erradicar las violencias”, acotó basada en el trabajo del Monitor Marielle Franco de MundoSur.
Más preocupante aún es que “los derechos de esos grupos históricamente ‘subalternizados’ son los que primero se sacrifican ante los avances conservadores”, concluyó.
De todo modos, la lucha por derechos cuenta con una organización creciente de esos grupos. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (Ilga), fundada en 1978, ya cuenta con 1722 organizaciones civiles en 168 países y territorios.
En los comicios de 2022, Brasil eligió a cuatro diputadas trans, dos para el Congreso Nacional y dos para asambleas legislativas de los estados. Es el resultado de un movimiento iniciado en 2016, cuando ocho personas lograron concejalías en las elecciones municipales. En 2020 ese número subió a 30 personas trans, 28 mujeres y dos hombres.
ED: EG
