SANTIAGO – Comunidades de sectores rurales chilenos se movilizan y organizan para defender sus derechos de agua afectados por abusos de grandes productores agrícolas y mineros que agravan los efectos de la sequía y del cambio climático.
Una sequía severa y que se prolonga desde ya hace14 años afecta a este alargado país sudamericano de 19,4 millones de habitantes, aunque este 2023 dio una tregua con el aumento de lluvias provocado por El Niño, el fenómeno climático vinculado al el calentamiento de las aguas del océano Pacífico.
La economía de Chile se sustenta principalmente en la exportación agrícola, especialmente frutas, y los envíos de minerales, mayoritariamente cobre. Ambos rubros son consumidores intensivos de agua y dejan en desventaja a miles de pequeños agricultores.
En el municipio de Codegua, a 75 kilómetros al sureste de Santiago, viven 13 000 habitantes, 2000 de ellos dedicados a la agricultura familiar campesina produciendo verduras y hortalizas.
Grandes productores frutícolas de la región de O Higgins, donde se ubicaá Codegua, controlan 70 % de la tierra cultivable de la zona.
Fernando Huerta, de 34 años, vive hace siete en una finca familiar de media hectárea en Codegua. Cultiva hortalizas, maíz, zapallos (calabacines), tomates y otros productos en un invernadero y un huerto exterior.
Es uno de los 70 usuarios del canal Isla Norte con agua proveniente del río Codegua.
«Nuestros tesoros son una comunidad que se organiza, que logra vencer a una administración fraudulenta y a través de esta organización administra en forma horizontal y cooperativa la distribución del agua»: Fernando Huerta.
“Llegué a un territorio con agua administrada por latifundistas quienes ejercían una oligarquía. El 2019 fue el año más crítico en sequía y ellos, de forma arbitraria, distribuían agua cada dos semanas. Fue una muerte absoluta, se secó casi todo. De ahí nació el cuestionamiento comunitario a su administración”, contó a IPS en su finca.
La crítica apunta a la Comunidad de Regantes de Isla Norte, en Codegua, controlada por un gran productor frutícola que adoptaba las decisiones unilateralmente, con el argumento de ser el propietario de 50 % de las acciones de agua del sector.
Desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Chile está separada la tenencia de la tierra de los derechos de agua, que son privados. Estos derechos o acciones de agua se transan en el mercado y pueden acumularse sin límite por sectores poderosos dejando sin agua a los pequeños productores.
Huerta relata que los pequeños agricultores de Isla Norte descubrieron que ese gran productor en realidad no controlaba la mitad de las acciones de agua y “estuvo por años haciendo un usufructo administrativo ilegal aprovechando que la comunidad no funcionaba” en forma colectiva y desconocía que mentía.
La controversia se zanjó en un intenso cabildo donde los campesinos exigieron justicia, demostraron el uso fraudulento y evidenciaron la mala administración del supuesto dueño del recurso.
“Nosotros preferimos el dialogo porque teníamos toda la información y sabíamos muy bien de qué se trataba. Si toda la comunidad estaba de acuerdo en un cambio administrativo, esto podíamos hacerlo con las reglas imperantes, independientemente de si tienes más o menos derechos de agua”, explicó durante un recorrido por varias fincas beneficiadas de la lucha colectiva y áreas ribereñas del río Codagua.
Hoy Huerta preside esta Comunidad de Regantes, con 70 integrantes, aunque el censo de productores campesinos en el área es de 300, por lo que esperan ampliarse. Fue electo con otros dos pequeños agricultores y los tres reelectos en septiembre por dos años.
La Comunidad tiene ahora asegurada el agua para cultivos, contrató un vigilante que entrega a cada uno la cantidad correspondiente y además limpia surcos y acequias.
“Nuestros tesoros son una comunidad que se organiza, que logra vencer a una administración fraudulenta y a través de esta organización administra en forma horizontal y cooperativa la distribución del agua”, resumió el dirigente.
Los comuneros establecieron un calendario de riego y dieron al vigilante botas, herramientas, teléfono celular y un caballo para recorrer los predios.
“Antes los viejos se andaban pegando a palos porque no había orden. Pudimos devolver las horas de agua a agricultores pequeños. Antes primaba la individualidad porque cada uno tenía que salvarse para poder regar. Ahora todos saben cuánta agua les corresponde, nos organizamos y trabajamos en armonía”, destacó.
La solución en esta comunidad puede replicarse a otras de pequeños agricultores en las cercanas localidades de La Estancilla, Miraflores y La Punta.
“Están en las mismas condiciones. No tienen información sobre derechos de agua y hay un grande que administra y hace lo que quiere. Son grupos que no han podido organizarse y nosotros les explicamos que el modelo es juntar a la gente, informarse, levantar cabildos y desde ahí ir generando consensos, acuerdos y organización”, aseveró Huerta.
La defensa del rol clave de los humedales
El río Maipo es el abastecedor único para dar agua a 7,1 millones de habitantes de Santiago. El embalse El Yeso acumula agua proveniente de los deshielos de la cordillera de Los Andes, frente a la capital.
En el curso del Maipo, de 270 kilómetros y que transcurre desde la cordillera hasta el océano Pacífico, hay más de un millar de humedales que cumplen un rol clave para conservar la biodiversidad, resguardar reservas acuíferas y amortiguar desastres naturales.
No existe, empero, plena conciencia ni educación sobre este valor y solo ahora algunas organizaciones impulsan talleres para explicar a los estudiantes de las comunidades circundantes la necesidad de protegerlos.
“Si hay humedales sanos, también el hombre, la gente, la población, pueden estar más tranquilos porque están viviendo en una zona sana¨, resumió a IPS Juan Andrés Cáceres, de 56 años, socio fundador del Comité Ambiental Comunal del Cajón del Maipo, creado el 2019.
«Si hay humedales sanos, también el hombre, la gente, la población, pueden estar más tranquilos porque están viviendo en una zona sana»: Juan Andrés Cáceres.
Usando el catastro nacional de humedales, este líder ambiental contabilizó los existentes en el Cajón del Maipo, como se denomina a un cañón de la cordillera andina, ubicado en el sureste del área metropolitana de Santiago.
“Hay más de 1000. Son de distintos tipos y tamaños. Tenemos humedales andinos, continentales y ribereños”, explicó a IPS durante un recorrido conjunto por diferentes áreas del Cajón.
Sin embargo la protección de estos cuerpos de agua avanza muy lentamente.
El Ministerio del Medio Ambiente subrayó a IPS que Chile cuenta desde 2020 con una Ley de Humedales Urbanos que busca “proteger estos ecosistemas que se encuentran total o parcialmente dentro del radio urbano”.
El 2021, por ejemplo, en el Cajón del Maipo se declaró humedal urbano al de Baños Morales, de 13 hectáreas, en la alta cordillera.
Es el único humedal urbano protegido en esta zona y una de las primeras acciones fue cercarlo para evitar el ingreso del abundante ganado en el sector.
“En Baños Morales constatamos con gran emoción cómo se ha ido recuperando ese humedal y su vegetación nativa. La vegetación hidrófila ha aumentado bastante. Hay distintos verdes intensos y una fauna escondida que se escucha y siente generalmente de noche”, describió Cáceres.
En el Ministerio están “muy orgullosos porque hemos declarado más de 100 humedales urbanos en distintos rincones de nuestro país”.
Reafirman su acción editando guías que contribuyen a la delimitación y caracterización de humedales urbanos entregando la descripción y sustento técnico del levantamiento en terreno de indicadores de hidrología, vegetación y suelos de los humedales urbanos.
El Ministerio elaboró también una Guía de criterios mínimos de sustentabilidad que permiten apoyar a los municipios para elaborar ordenanzas sobre humedales y otra para elaborar planes de gestión de humedales y sus cuencas.
El 14 de marzo lanzó un Fondo de Protección Ambiental que incluye Planes de Gestión de Humedales a fin de “contribuir al mejoramiento del estado ecológico, conservación y gobernanza de humedales”, subrayó el Ministerio en sus respuestas enviadas por escrito a preguntas de IPS.
Humedales peligran en el Maipo
Hay humedales en situación de riesgo y con amenazas críticas como Lo Valdés, que ya fue intervenido gravemente por la Compañía Industrial El Volcán, que extrae sus rocas para obtener yeso.
“Supimos el año pasado que esta empresa impulsa un plan de expansión en el sector, lo cual está prohibido porque ese terreno está protegido por un decreto especial. La empresa no ha cumplido las 15 cláusulas de protección ambiental que se le impuso”, contó Cáceres.
En mayo de este año los ambientalistas denunciaron esta irregularidad para que la industria respete el decreto presidencial.
“Esperamos que se comprueben nuestras denuncias hechas con fotografías y videos que demuestran que la empresa no cumple las cláusulas que se le exigen. Ese es un humedal muy amenazado”, afirmó el dirigente.
Hay también humedales dañados por el ganado, como el Bocatoma en el río Volcán donde hay muchas cabezas de ganado equino, y el ubicado en río Colorado (ambos afluentes del Maipo) con fuerte presencia de ganado caprino.
Cáceres lamentó los daños provocados en los humedales por turistas y habitantes que ignoran su valor o hacen caso omiso a las advertencias sobre su importancia.
“Mi sueño es que los turistas puedan visitarlos, disfrutarlos, ellos y las generaciones futuras, tanto en su belleza escénica y beneficios ambientales como en cuanto reserva hídrica, reguladores de temperaturas y albergue de biodiversidad”, concluyó.
ED: EG
