GINEBRA – Mientras tres cuartas partes de los países desarrollados y emergentes han promulgado leyes y políticas dedicadas a las energías renovables, lo han hecho apenas la mitad de los menos adelantados (PMA) y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (Peid), indicó este miércoles 22 un informe de la Unctad.
El análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) examina incentivos y desincentivos para invertir en energías renovables en el mundo, y cómo los países en desarrollo pueden elaborar estrategias.
Examina los principales instrumentos utilizados para promover la inversión en la transición hacia una energía con bajas emisiones de carbono, con el estudio de 798 políticas sobre energías renovables en 192 economías.
Constata que los países en desarrollo se enfrentan a retos a la hora de formular y adoptar políticas y estrategias específicas para las energías renovables.
En el caso de las tecnologías energéticas limpias, los esfuerzos por desarrollar marcos jurídicos y normativos integrales se han limitado en gran medida a las economías desarrolladas y a las grandes economías emergentes.
Economías desarrolladas son las de Europa occidental y del norte, América del Norte, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Las emergentes son las de países como Arabia Saudí, Brasil, China, India, México, Sudáfrica y Tailandia.
Los 46 PMA son 33 Estados africanos al sur del Sahara, nueve de Asia, tres archipiélagos del Pacífico y un país del Caribe (Haití). Los 39 Peid están esparcidos en el Caribe y los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.
Mientras las economías desarrolladas y emergentes han integrado mecanismos de promoción de la inversión privada en más de 70 % de sus políticas de energías renovables, en el caso de los PMA y los Peid las cifras son de solo 24 % y 17 %, respectivamente.
En vísperas de la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), a iniciarse el 30 de noviembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la Unctad subraya la necesidad de mejores marcos políticos para catalizar inversiones hacia la transición de combustibles fósiles a fuentes de energía más sostenibles.
Actualmente, los países en desarrollo se enfrentan a un déficit de inversión de 2,2 billones (millones de millones) de dólares anuales para la transición energética, y a un déficit de financiación anual de cuatro billones de dólares para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El informe examina los tipos de instrumentos que los países han adoptado para promover los sectores de las energías renovables y las infraestructuras energéticas.
Entre ellos, las economías avanzadas tienden a favorecer mecanismos más complejos y específicos, con tarifas de alimentación, subastas e incentivos financieros adoptados por 91 %, 74% y 70% de los países respectivamente.
En cambio, sus homólogos menos ricos recurren más a instrumentos de promoción genéricos, como los incentivos fiscales basados en los beneficios, utilizados en los países en desarrollo (77 %), los PMA (90 %) y los Peid (67 %).
Aunque son menos complejos y no requieren un gasto inicial de fondos públicos, estos instrumentos pueden resultar más costosos a largo plazo, si se tienen en cuenta los ingresos públicos no percibidos.
Además, estos instrumentos genéricos no son eficaces para impulsar la inversión en energías renovables, ya que no abordan directamente los principales retos a los que se enfrentan los inversores en el sector.
Un reto particular es eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, las cuales “a pesar de los reiterados llamamientos en medio de la crisis climática mundial”, dice la Unctad, alcanzó un máximo histórico de un billón de dólares en 2022, superando con creces el apoyo a las energías renovables.
El informe advierte de que estas subvenciones son perjudiciales para la mitigación del cambio climático y frenan la inversión en energías renovables en algunos países.
“Afectan al incentivo de las empresas para invertir en energías limpias y pesan mucho sobre los recursos gubernamentales destinados a apoyar la inversión en transición energética”, señala el informe.
El estudio también señala que, aunque se requiere fomentar la retirada progresiva de las infraestructuras de combustibles fósiles, las centrales térmicas, que generan electricidad quemando esos combustibles, seguirán contribuyendo a garantizar la seguridad energética de muchos países en los próximos años.
Por ello, aboga por una mayor adopción de tecnologías que puedan frenar su impacto ambiental -como la captura, utilización y almacenamiento de carbono, la combustión conjunta, así como los combustibles bajos en carbono- más allá de los países desarrollados y las grandes economías emergentes.
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