LONDRES – Es un rápido revés para el Partido Laborista de Nueva Zelanda, en el poder desde hace seis años. En las últimas elecciones de 2020 obtuvo una mayoría absoluta, el primer partido en lograrlo con el actual sistema de votación. Pero tres años después, ha quedado en un distante segundo lugar en las elecciones celebradas el 14 de octubre.
El resultado refleja un patrón más amplio que se observa en muchos países en un contexto de crisis económica: una intensa volatilidad política y el rechazo de los partidos en el poder.
La jacindamanía se desvanece
La exlíder laborista Jacinda Ardern cautivó a la opinión pública cuando tomó el timón de su partido en agosto de 2017. Los laboristas se tambaleaban, pero ganaron escaños en las elecciones del mes siguiente y formaron inesperadamente un gobierno de coalición.
A sus 37 años, Ardern era la primera ministra más joven de la historia de su país y la jefa de gobierno más joven del mundo. Muchos la consideraron un soplo de aire fresco, con una política cercana y empática. La gobernante disfrutó de un perfil internacional sin precedentes para un primer ministro neozelandés.
En las elecciones de 2020, Ardern y su partido fueron recompensados por lo que se consideró una respuesta eficaz a la pandemia, que salvó unas 20 000 vidas. Parecía que se presentaba la oportunidad de llevar a cabo una agenda ambiciosa.
El gobierno podía presumir de avances en la despenalización del aborto, el endurecimiento de las leyes de control de armas y la introducción de derechos laborales más estrictos.
Pero muchos consideraban que el gobierno tenía una agenda legislativa sobrecargada, que no lograba avanzar en políticas de primera línea como la pobreza infantil, mientras los votantes se preocupaban cada vez más por la elevada inflación.
Ardern anunció su dimisión en enero de 2023. Su popularidad y la de su partido habían disminuido en medio de la escalada del coste de la vida, que algunos achacaban a los largos cierres por pandemia.
La primera ministra había sido objeto de un bombardeo de insultos en Internet, muchos de ellos de naturaleza vilmente misógina. El año pasado, la policía neozelandesa informó de que las amenazas contra Ardern casi se habían triplicado en dos años, a medida que la desinformación antivacunas y las teorías de la conspiración acumulaban adeptos extremistas.
En 2022, manifestantes antivacunas acamparon durante semanas frente al Parlamento. Las protestas, que acabaron en violencia, fueron un imán para los extremistas de extrema derecha.
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Fueron niveles de virulencia nunca vistos en Nueva Zelanda y que volvieron a estar presentes durante la campaña electoral, en la que las mujeres y los candidatos maoríes en particular fueron objeto de intimidaciones y casos de violencia.
El sustituto de Ardern como primer ministro, Chris Hipkins, prometió centrarse en cuestiones básicas. Recortó muchas políticas progresistas y apostó decididamente por el centro. Pero su estrategia fracasó.
Los laboristas fueron el único partido importante que perdió votos. Perdió apoyo en favor del Partido Nacional de centro-derecha -el otro partido de gobierno de Nueva Zelanda-, junto con el derechista Act y el nacionalista y populista NZ First. Pero también perdió votantes más progresistas, y el Partido Verde y Te Pāti Māori, que defiende los derechos de los indígenas, ganaron apoyos.
Se avecina una coalición frágil
Aún no está claro qué gobierno se formará. Los resultados son provisionales y no se cerrarán hasta el 3 de noviembre, con más de medio millón de «votos especiales» pendientes de recuento, muchos de ellos de neozelandeses residentes en el extranjero. Debido al fallecimiento de un candidato, también se celebrarán elecciones parciales.
El Partido Nacional cuenta con 50 escaños en el Parlamento unicameral de 121 escaños; el funcionamiento del sistema electoral implica que el Parlamento se ampliará a 122 escaños una vez escrutados todos los votos.
Con este total, está claro que el partido Nacional encabezará un gobierno de coalición, con Christopher Luxon como Primer Ministro. Pero una alianza National-Act podría no ser suficiente para alcanzar la mayoría. Es posible que NZ First también tenga que formar parte de la coalición.
NZ First es la creación del oportunista e inconformista Winston Peters. A lo largo de su dilatada carrera, Peters ha conseguido posicionarse como antisistema al tiempo que trabajaba con los dos principales partidos en gobiernos de coalición, incluida la primera administración de Ardern, y ocupaba el cargo de viceprimer ministro en dos ocasiones.
En esta ocasión, ha sabido aprovechar el sentimiento antigubernamental generado por la pandemia, incluso oponiéndose al mandato de vacunación.
Uno de los objetivos de su campaña fueron los derechos de los maoríes, y Peters, también maorí, se comprometió a retirar su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Otro de sus objetivos fueron los derechos de los transexuales, aprovechando las mismas corrientes de indignación fabricada que se observan en Europa y Norteamérica, con una ley propuesta para restringir el acceso de los transexuales a los aseos.
Las cifras pueden significar que al Partido Nacional le resulta más fácil gobernar con Peters que sin él, aunque los tres partidos discrepen en políticas clave, como la economía y la vivienda. Podría ser un camino pedregoso.
¿Avances invertidos?
Para la sociedad civil neozelandesa, la cuestión podría ser ahora cómo defender mejor los avances conseguidos y mantener en la agenda cuestiones vitales como el cambio climático.
La crisis climática apenas se mencionó durante la campaña, a pesar de que el país experimenta condiciones meteorológicas extremas junto con el resto de Oceanía.
Hipkins desechó una serie de reformas del transporte destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Act, que con toda seguridad formará parte del gobierno, quiere deshacerse de la Comisión de Cambio Climático de Nueva Zelanda y de la Ley de Carbono Cero, que impone un plan y un tope de reducción de emisiones.
Los experimentos del último gobierno en materia de «cogobernanza» -esencialmente la gestión colaborativa, sobre todo de los recursos medioambientales, entre el gobierno y los representantes maoríes, basada en el Tratado fundacional de Waitangi de Nueva Zelanda- parecen destinados a llegar a su fin.
Todos los partidos que probablemente formarán parte del nuevo gobierno han atacado estas medidas con un aluvión de afirmaciones hiperbólicas. Act y NZ First tachan los esfuerzos por cuestionar la exclusión de los maoríes de privilegiarlos frente a otros grupos de población.
El peligro es que quienes se oponen firmemente a los derechos de los maoríes se sientan envalentonados, lo que augura un aumento de la división y la polarización.
Nueva Zelanda ofrece una lección sobre las consecuencias políticas de los impactos de la pandemia y la crisis del coste de la vida intensificada por la guerra de Rusia contra Ucrania.
En solo tres años, se evaporó un apoyo político abrumador. Los avances pueden ser temporales y estar sujetos a un rápido retroceso. La sociedad civil debe ser capaz de cambiar de estrategia con la misma rapidez, pasando de abogar por más a defender los logros ya conseguidos.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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