MÉXICO – La defensa del agua llevó a la mexicana Gema Pacheco a involucrarse en luchas ambientales en el sureño estado de Oaxaca, un territorio bajo amenaza por la sequía, la degradación de la tierra, megaproyectos, la minería y la deforestación.
El cuidado “es primeramente valorar el lugar donde vivimos, que el entorno en que nos desarrollamos es parte de nuestra vida y del cual depende nuestra existencia”, dijo Pacheco, suplente del agente municipal (autoridad local) de San Matías Chilazoa, en el municipio de Ejutla de Crespo, a unos 355 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Bióloga de profesión, la activista integra el Comité Local por el Cuidado y Defensa del Agua de San Matías Chilazoa, perteneciente a la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda).
La población se dedica a cultivar maíz, frijol y garbanzo, una actividad obstaculizada por la escasez de agua, en un país que viene padeciendo una fuerte sequía a lo largo de este año.
Para enfrentar el fenómeno, la comunidad instaló tres retenes de agua y pozos de infiltración para alimentar el manto freático.
“La participación de mujeres ha sido restringida, son pocas las que pueden liderar. El principal reto es la aceptación. Hay poca participación, porque lo ven como pérdida de tiempo y es muy demandante”, lamentó Pacheco.
En noviembre de 2021, las 16 comunidades de Copuda obtuvieron su derecho a gestionar los recursos hídricos de sus territorios, con lo cual recibieron concesiones de agua.
“La participación de las mujeres ha sido restringida, son pocas las que pueden liderear. El principal reto es la aceptación. Hay poca participación, porque lo ven como pérdida de tiempo y es muy demandante”: Gema Pacheco.
Pero defensoras como Pacheco enfrentan amenazas múltiples por el cuidado de sus medios de vida y su cultura, en un país donde esa actividad implica un riesgo letal.
Por ello, ocho organizaciones de cinco estados mexicanos lanzaron el 12 de octubre la campaña Voces de vida, que abarca a cientos de protectoras de los hábitats, parte de las cuales concurrieron a la capital mexicana para la actividad, donde IPS entrevistó a varias de ellas.
La iniciativa busca promover el derecho a un ambiente sano, facilitar la información ambiental, proteger y reconocer a las personas y organizaciones que protegen el ambiente, así como aprender a usar tecnologías de la información y comunicación.
En 2022, México fue el tercer escenario latinoamericano de asesinatos de defensores, con 31 (cuatro mujeres y 16 indígenas), detrás de Colombia (60) y Brasil (34), de un total mundial de 177, según la organización no gubernamental Global Witness, con base en Londres.
Un año antes, este país latinoamericano de casi 129 millones de habitantes ocupó el primer lugar en el planeta, con 54, por lo que hubo una mejora.
“La situación en México sigue siendo desesperante para los defensores, y los ataques no letales, incluyendo intimidación, amenazas, desplazamiento forzado, acoso y criminalización, continúan obstaculizando seriamente su trabajo”, cita el informe.
Pero el panorama se mantiene grave para los y las activistas, pues el no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró 582 agresiones en 2022, más del doble que en 2021. Oaxaca, Ciudad de México y el norteño estado de Chihuahua reportaron el mayor número de ataques.
Problemas urbanos
El sur de Ciudad de México alberga la mayor superficie de suelo de conservación, pero enfrenta amenazas crecientes, como la deforestación, la urbanización y los asentamientos irregulares.
El suelo de protección define a las zonas protegidas por la administración pública, para garantizar la subsistencia de la tierra y su biodiversidad.
Para la antropóloga social Tania López, ahora surge otro riesgo, bajo la forma del nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035 de la capital mexicana, donde viven más de ocho millones de personas, que rebasan los 20 millones si se añade la población del área metropolitana.
“No fue consultado desde una visión de desarrollo desde los pueblos originarios. Además, fomenta la especulación inmobiliaria, el cambio de uso de suelo y las invasiones”, denunció López, integrante de la no gubernamental Sembradoras Xochimilpas, parte de la campaña Voces de Vida.
Aparte de la exclusión de preceptivas consultas, las defensoras señalan irregularidades en el gubernamental Instituto de Planeación y sus consejos de asesoría en materia técnica y ciudadana, por falta de miembros en su integración.
El suelo de conservación, que provee de aire limpio, agua, producción agropecuaria y protección de flora y fauna, mide unas 87 000 hectáreas, más de la mitad de Ciudad de México.
El plan estipula suelos de conservación, rural y urbano. Pero los críticos del programa señalan que, con ello, el primero perdería unas 30 000 hectáreas, destinadas a vivienda rural.
El Congreso legislativo capitalino debate el programa, que debió estar listo en 2020.
“Estamos en la fase de cómo se va a aplicar el Acuerdo de Escazú. Lo más importante es la aplicación y que sea efectiva. Es algo nuevo y no va a estar listo de la noche a la mañana”: Gisselle García.
Para Gisselle García, abogada de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, las agresiones a las defensoras se producen dentro de una cultura patriarcal, que limita la existencia de espacios seguros para la participación de las mujeres en la defensa de derechos.
“Es todo un sistema, que refleja la estructura jurídica. Si una mujer interpone una denuncia civil o penal, no es escuchada”, explicó a IPS, para detallar el hándicap especial de género que soportan las defensoras de los ecosistemas.
Todavía una promesa
Esta situación de riesgo se produce en plena preparación de la aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, una tratado sin precedentes que pretende mitigar los peligros para los defensores de los territorios y que está vigente desde abril de 2021.
El artículo 9 del Acuerdo estipula la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de la defensa ambiental, de tomar medidas de protección antes de un ataque o de su prevención y de adoptar acciones de respuesta.
El tratado, que toma su nombre de la ciudad costarricense donde se convino, garantiza el acceso a la información y a la justicia ambientales, así como la participación pública en la toma de decisiones ambientales. En ese sentido, la norma estipula la protección de las personas defensoras del territorio.
El Acuerdo de Escazú ha sido firmado hasta ahora por 24 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 15 ya lo ratificaron.
Pero su aplicación marcha a la misma escasa velocidad de la protección ambiental en países como México, donde aún no hay cambios legislativos para garantizar su ejecución.
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En agosto, asumió el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, integrado por siete personas. Se trata de un órgano subsidiario consultivo y no contencioso de la Conferencia de las Partes del acuerdo para promover y apoyar en su aplicación.
Mientras, en México se formó en junio el Grupo Nacional de Escazú, formado por representantes gubernamentales y de la sociedad civil, para la ejecución del tratado.
Durante el anual y regional Segundo Foro de Defensores de Derechos Humanos, escenificado en Panamá del 26 al 28 de septiembre, los participantes llamaron a los gobiernos de la región a reforzar la protección y garantizar un entorno seguro y propicio para los protectores ambientales, y en particular a las mujeres.
Si bien las defensoras mexicanas congregadas en Ciudad de México valoraron el Acuerdo de Escazú, también remarcaron la importancia de su difusión y, más aún, de su adecuada ejecución.
Por ello, las defensoras Pacheco y López convinieron en la necesidad de divulgación nacional, especialmente entre los grupos interesados.
“Necesitamos más información, falta mucho trabajo, que se conozca más”, dijo Pacheco.
Las partes del tratado debaten actualmente el borrador del plan de acción que abarcaría de 2024 a 2030.
El documento plantea la generación de mayor conocimiento, sensibilización y difusión de información sobre la situación, los derechos y el papel de las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, así como sobre los instrumentos y mecanismos de prevención, protección y respuesta existentes.
Además, busca el reconocimiento a la labor y aporte de las personas, grupos y organizaciones defensoras, el fortalecimiento de capacidades, apoyo a la aplicación nacional y cooperación, así como esquema de seguimiento y revisión del plan regional.
Para la abogada García, el tratado regional es una herramienta más, así sea importante.
“Estamos en la fase de cómo se va a aplicar el Acuerdo de Escazú. Lo más importante es la aplicación y que sea efectiva. Es algo nuevo y no va a estar listo de la noche a la mañana”, matizó.
Mientras cobra fuerza, las defensoras piensan cómo puede ayudarlas en su labor. “Si me atacan, ¿qué hago: les saco el acuerdo y lo enseño para que sepan que deben respetarme?”, inquirió a sus compañeras una de las defensoras que integran la campaña Voces de Vida.
ED: EG
