EL PASO, Estados Unidos / CIUDAD JUÁREZ, México – Desde que Estados Unidos eliminó la protección federal del aborto el año pasado, cuando la Corte Suprema revocó la sentencia “Roe contra Wade”, miles de mujeres estadounidenses han mirado hacia el sur, a los estados fronterizos del norte de México, en busca de opciones para atender su salud reproductiva.
Sin embargo, en tres de esos estados – Chihuahua, Nuevo León y Sonora – las mexicanas se ven ante una repetición de la reacción violenta de Texas y otros estados de Estados Unidos, ya que organizaciones antiabortistas captan a mujeres y niñas (incluso posibles víctimas de violación) con publicidad engañosa y desinformación sobre sus derechos, según una nueva investigación de openDemocracy y el medio de comunicación mexicano La Verdad de Juárez.
«Parece como si estuviéramos en una película terrible en la que las mujeres siempre pierden», dijo a openDemocracy la activista en derechos reproductivos de Sonora, Andrea Sánchez. «Varias leyes protegen a las mujeres y permiten abortar, pero esto no siempre sucede porque los servicios de salud son inadecuados y estigmatizan a las mujeres», agregó.
Aunque el derecho al aborto avanzó en los últimos años, las mujeres mexicanas pueden enfrentar un camino difícil para acceder al aborto, dependiendo de dónde vivan.
Doce de los 32 estados del país permiten ahora la interrupción del embarazo a petición de la mujer en las primeras 12 semanas de gestación; además de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre de 2021 que despenalizó el aborto.
En septiembre, la Suprema Corte dictaminó que el derecho al aborto está protegido en todo el país, abriendo el camino a la regulación federal. Los proveedores de atención sanitaria pública ya estaban obligados a practicar abortos a las sobrevivientes de violación.
Sin embargo, en estos tres estados (Chihuahua, Sonora y Nuevo Léon) prevalece un enfoque más conservador, a pesar de la postura de la Suprema Corte. En Chihuahua y Sonora solo se permite el aborto si está en peligro la vida de la madre; Nuevo León permite que otros riesgos para la salud sean motivo de excepción.
Los estados también imponen límites temporales, normalmente de 12 a 13 semanas de gestación. También descubrimos que el acceso efectivo al aborto se ve obstaculizado por la burocracia, el personal médico que se declara objetor de conciencia y otras barreras impuestas por las autoridades locales.
Mientras tanto, las organizaciones antiabortistas, algunas disfrazadas de grupos de apoyo al aborto, también desempeñan un papel importante para limitar las opciones reproductivas y desinformar a las mujeres y a las niñas sobre las posibilidades de que disponen.
La organización mexicana Vifac (Vida y Familia AC), fundada en 1985, dirige una red de 37 centros en todo México, así como uno en Brownsville (Texas), en la frontera entre Estados Unidos y México. Al igual que otras organizaciones antiabortistas que trabajan en las zonas fronterizas mexicanas, este grupo católico bien financiado anuncia una serie de servicios: alojamiento para mujeres y niñas embarazadas en albergues residenciales; atención nutricional, médica y psicológica; talleres de formación laboral; clases en la escuela, y asesoramiento jurídico para la adopción.
Varios testimonios recogidos por openDemocracy y La Verdad de Juárez revelan que Vifac y otros centros de la región se presentan en Internet como grupos de apoyo proaborto o facilitadores del aborto, con mensajes como: «Disfruta tu libertad y autonomía corporal» o «Recuerda que tú decides sobre tu cuerpo«.
Vifac dice ofrecer a mujeres vulnerables con embarazos no deseados «alternativas para su desarrollo y el de su hijo». Según su informe de 2022, proporcionó ayuda económica a 1316 embarazadas y dio información a 18 128 mujeres a través de sus líneas de atención telefónica y plataformas de redes sociales.
Sin embargo, fuentes familiarizadas con las actividades del grupo describieron cómo se desinformaba a las embarazadas y se las coaccionaba para que continuaran sus embarazos. El grupo también ha sido acusado, en un artículo publicado por el diario El País, de ofrecer adopciones falsas o «irregulares».
Vifac mantiene estrechos vínculos con los gobiernos municipales y estatales de los tres estados fronterizos mencionados, según la información obtenida por nuestra investigación.
Por ejemplo, el sistema federal de bienestar familiar e infantil (conocido como DIF) de Sonora confirmó su vincuilación con Vifac y dijo que había dado al grupo 120 000 pesos mexicanos (unas 6700 dólares) para «proyectos sociales» en 2022. La fiscalía del estado dijo que ofrecía los servicios de Vifac como proveedora de asesoramiento a mujeres embarazadas que habían denunciado haber sido violadas y que había derivado a dos mujeres desde 2016..
En Nuevo León, la fiscalía admitió haber enviado al menos a dos mujeres a Vifac en 2023, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del estado admitió que tenía un acuerdo con la organización por el que ambas entidades se derivaban mujeres de forma recíproca y trabajaban juntas en cursos y talleres. Las autoridades del DIF de Nuevo León dijeron que carecían de datos al respecto.
Activistas y profesionales de la medicina que entrevistamos considera estas conexiones preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta el mandato legal de la Comisión de Derechos Humanos y del DIF de proteger a las menores que han sufrido violencia sexual y de hacer cumplir las leyes federales sobre el aborto.
«Ocultar información clara y científicamente precisa constituye violencia obstétrica», dijo Sandra Cardona, activista de la organización Necesito Abortar, con sede en Monterrey.
Prácticas engañosas y perjudiciales
Una terapeuta que trabajó durante más de un año en un centro de Vifac en el estado de Chihuahua (y que pidió que no se revelara su nombre) describió prácticas «médica y psicológicamente perjudiciales».
Muchas clientas, nos dijo esta fuente, se habían enterado de la existencia de Vifac a través de publicaciones en las redes sociales con mensajes como «¿Estás embarazada? ¿Necesitas ayuda? Llama».
Varias querían saber cómo interrumpir su embarazo, dijo, pero Vifac no les había dado información precisa ni oportuna, por lo que, cuando tuvo su primer contacto con ellas, todas habían superado el plazo de 13 semanas para abortar legalmente.
«Lo único que hacían [el personal de Vifac] era revictimizarlas e incluso castigarlas», dijo esta fuente, «como si tuvieran que sentirse avergonzadas o mal por haber hecho algo malo [quedarse embarazadas]».
La terapeuta agregó que cuando creía o se enteraba de que sus pacientes eran víctimas de violencia sexual, pedía al personal de Vifac que las derivaran a atención primaria urgente, donde podían recibir asistencia especializada y abortar. Pero sus peticiones eran ignoradas, aseguró.
También se le asignó la tarea de organizar talleres para ayudar a las mujeres a adquirir habilidades y conseguir empleo, pero la mayoría de estos talleres nunca se realizaron; en su lugar, las mujeres recibían asesoramiento «espiritual».
«Todos los días tenían que rezar el rosario como parte de sus tareas [a cambio de alojamiento en el centro de acogida de Vifac para mujeres embarazadas vulnerables]», explicó la terapeuta.
Ella informaba con frecuencia a la directora del centro de las situaciones de violencia que sufrían sus pacientes. Muchas de sus preocupaciones eran desestimadas, dijo. También intentaba informar a las mujeres sobre violencia doméstica y de género mientras otras empleadas las sermoneaban sobre la cultura de la pureza y la virginidad.
Además de la omisión de información clave sobre sus derechos legales, la terapeuta alegó que las mujeres recibían sistemáticamente información errónea del personal sobre el aborto, tanto sobre aspectos morales como médicos. Se les hacía creer equivocadamente que correrían riesgos graves como la muerte o efectos irreversibles en la salud reproductiva, afirmó.
La terapeuta también afirmó que Vifac presentaba la maternidad como un «deber sagrado» y el aborto como equivalente a «quitar una vida».
Vifac le ordenó que presionara a sus pacientes para que consideraran la adopción en lugar de interrumpir el embarazo, incluso en casos de adolescentes que ni siquiera tenían la edad mínima para el consentimiento sexual (que varía de un estado a otro).
La terapeuta puso el ejemplo de una niña de 11 años que vivía con su madre y su padrastro en un barrio pobre de Ciudad Juárez, la urbe más grande de Chihuahua, situada frente a El Paso, en Texas.
Los registros internos de Vifac decían que había quedado embarazada tras mantener relaciones sexuales con su «novio» y que estaba dispuesta a dar a luz. Pero para la terapeuta, la niña había sido violada; lo mismo establece la ley; los niños y niñas de 11 años no tienen edad para consentir una relación sexual. «Una niña de 11 años no puede comprender plenamente y decir conscientemente que quiere quedarse embarazada», explicó.
Reacia a respaldar las prácticas de Vifac, la terapeuta renunció. Alegó que antes de aceptar el puesto no había entendido la postura de Vifac sobre el aborto; creyó que se trataba simplemente de una organización que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles.
Vifac en Chihuahua
La Casa Hogar de Vifac en Ciudad Juárez parece ofrecer una cálida bienvenida. En la entrada hay un cartel con una imagen de una mujer embarazada que sostiene su vientre junto al mensaje: «Celebremos la vida». Estatuas y retratos de la Virgen de Guadalupe aparecen en la cocina, el salón y los dormitorios. Una pared del dormitorio dedicada a las nuevas madres y sus recién nacidos está adornada con un cuadro en el que se lee: «La encarnación es una hermosa historia de amor divino en el vientre de María». La encarnación se refiere a la creencia cristiana en que Dios se hizo humano mediante el nacimiento de Jesús.
Michelle Araiza, coordinadora del centro Vifac en Ciudad Juárez, Chihuahua. Imagen: Verónica Martínez / openDemocracy / La Verdad de Juárez
Michelle Araiza, la actual directora del centro, afirma que cada mes reciben entre 17 y 20 clientas, todas ellas embarazadas. Además de las mujeres que se ponen en contacto con Vifac por su cuenta, normalmente a través de WhatsApp o su página de Facebook, el centro recibe a adolescentes consideradas vulnerables, mujeres inmigrantes y víctimas de violación.
Algunas permanecen en el centro hasta que dan a luz; otras «reciben orientaciones sobre prevención del embarazo y educación sexual», dijo.
Según Araiza, sus clientas reciben «asistencia integral», que incluye asesoramiento espiritual. Los médicos y psicólogos son voluntarios, formados por «un psicólogo licenciado de España», dijo.
Ofrecen servicios que en otras organizaciones sociales podrían considerarse inusuales (como la psicoterapia). Araiza cree que «un psicólogo verdaderamente humano» debe «prestar atención a los sentimientos de las personas en su día a día y tener en cuenta cómo repercuten esas emociones en sus interacciones».
Algunas clientas son derivadas a Vifac por instituciones públicas, según Araiza. La directora aseguró que la fiscalía del estado remite a mujeres que han sido agredidas sexualmente, mientras que las adolescentes embarazadas que se encuentran bajo amparo del sistema de bienestar infantil son enviadas a Vifac «cuando quieren continuar con su embarazo».
La Secretaría de Salud de Chihuahua firmó un acuerdo en 2020 para derivar a Vifac a cualquier «mujer embarazada vulnerable» identificada por el sistema público de salud, y le concedió una financiación de 150.000 pesos mexicanos (unos 8700 dólares).
Otras autoridades estatales han firmado acuerdos similares con Vifac, como la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y el Instituto de Salud Pública de Aguascalientes (ambos en 2021). El Sistema de Desarrollo e Inclusión Social de Jalisco financió los centros locales de Vifac con 2,8 millones de pesos mexicanos (alrededor de 157 000 dólares) entre 2007 y 2011 y entre 2016 y 2019, según el medio mexicano Zona Docs.
Araiza dijo que cuando las clientas preguntan por «opciones de interrupción del embarazo», Vifac las deriva al Instituto Municipal de la Mujer (IMM), el organismo gubernamental responsable de proteger los derechos de las mujeres y las niñas.
El IMM de Juárez no respondió a nuestras preguntas sobre estas derivaciones, pero una empleada, que pidió no revelar su nombre, del IMM nos dijo que el instituto no tenía registros de mujeres derivadas por Vifac al menos desde 2017.
En México, las adopciones solo pueden ser tramitadas por el sistema federal de bienestar familiar e infantil DIF; no se permite que otras organizaciones desempeñen un papel en el proceso de adopción.
Sin embargo, hay múltiples testimonios de personal de Vifac que ofrece la adopción a mujeres con embarazos no deseados. La organización mantiene una lista de padres adoptivos preaprobados, y casados por la iglesia, según el personal con el que hablamos.
Las oficinas locales del DIF en Chihuahua, Nuevo León y Sonora no respondieron a nuestras solicitudes de entrevistas.
Acoso telefónico
Ana (nombre ficticio) necesitó un aborto en Ciudad Juárez en 2019, cuando tenía 24 años. Ya era madre, y ella y su esposo habían decidido que no querían más hijos. Mientras buscaba en línea, se encontró con un anuncio de Facebook que decía: «No estás sola. Podemos ayudarte». Escribió a la página y recibió una respuesta de Vifac en Juárez en el que le decían que ofrecían ayuda a mujeres embarazadas.
Ana les dio su número de teléfono y alguien de Vifac se puso en contacto con ella por WhatsApp. Pero esta persona no decía con claridad qué ayuda podían ofrecer a las mujeres con embarazos inesperados. «Me dijeron que nos iban a ayudar y que no tuviera miedo. Dijeron que entendían mi situación y que todo iba a salir bien, pero no me dijeron cómo abortar», cuenta Ana.
Un miembro de Vifac le pidió que se reunieran en un centro comercial de la ciudad, pero Ana desconfió y decidió no ir. En cambio, se puso en contacto con otra organización, un colectivo feminista de Mérida, en el sur de México, que la ayudó a abortar cuando estaba embarazada de 11 semanas.
Sin embargo, el personal de Vifac siguió llamándola durante cinco meses, expresando “su preocupación” por ella. A Ana le preocupaba haberles dado demasiada información personal.
«Ya era madre y tenía un bebé en brazos. Tomar la decisión fue difícil. Pasar por el procedimiento fue difícil, y luego tener que seguir recibiendo esas llamadas. Quería decirles: ‘¿Cómo quieres ayudarme? Ayúdame a cuidar de mi hijo mientras descanso, eso sí que es ayuda'», declaró.
Cuando le comentamos estas informaciones y le solicitamos una entrevista, Teresa Eguiluz, directora de comunicación de Vifac México, contestó: «Lamentamos informarle que no encontramos sustento, evidencia sólida y datos duros que respalden los hallazgos presentados por usted”.
«En Vifac estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en nuestras actividades y programas. Nuestro objetivo es restablecer los derechos humanos y sociales de las mujeres embarazadas en situación difícil o vulnerable y ofrecerles alternativas para su desarrollo y el de sus hijos”, agregó.
Cuando openDemocracy proporcionó más detalles de las acusaciones, Eguiluz no respondió.
La directora de Vifac en Chihuahua, Michelle Araiza, tampoco respondió a una nueva ronda de preguntas.
Tácticas antiabortistas y lucha feminista
Los centros de Vifac parecen operar de forma similar a los ‘centros de embarazos en crisis’ (CPC, en inglés) de Estados Unidos y otros países, cuyo objetivo principal es disuadir a las mujeres con embarazos no deseados de abortar.
En 2020, una investigación de openDemocracy reveló cómo organizaciones religiosas de la derecha cristiana de Estados Unidos coordinan e inspiran a centros dedicados a desinformar a las mujeres en 18 países del mundo, incluido México.
Uno de los actores clave es la organización cristiana conservadora Heartbeat International, con sede en Ohio. Decenas de CPC en todo México figuran en el directorio de Heartbeat, al menos 20 de ellos en ciudades fronterizas, de los cuales cuatro pertenecen a Vifac y se encuentran bajo su dirección.
Al ser preguntado por sus conexiones con Vifac y las acusaciones presentadas en nuestra investigación, el presidente de Heartbeat, Jor-El Godsey, declaró: «Avalamos y apoyamos las iniciativas de apoyo al embarazo que dan prioridad a la afirmación de la vida, como los servicios que ofrece Vifac. Estos programas pretenden ofrecer a las mujeres alternativas viables al aborto».
Estas supuestas clínicas “provida” actúan “con el pretexto de promover los derechos reproductivos, pero utilizan tácticas poco éticas para disuadir a las mujeres de abortar», afirmó Cardona, del grupo Necesito Abortar de Monterrey, capital de Nuevo Léon.
Otras organizaciones despliegan diversas estrategias para impedir que las mujeres accedan a servicios de aborto, desde presionar para que se promulguen leyes restrictivas del aborto hasta protestar y hacer piquetes en las clínicas que practican abortos.
Un mural callejero en Monterrey, Nuevo León, del grupo antiabortista 40 Días por la Vida. Imagen: Jorge Balleza / openDemocracy
También difunden sus mensajes en las comunidades. Caminando por las calles de ciudades de Chihuahua, Nuevo León y Sonora, es habitual ver murales y carteles contra el aborto. En Monterrey, hay al menos dos murales de 40 Días por la Vida, un poderoso grupo católico antiaborto con sede en Texas, conocido por acosar a clientas y personal de clínicas de aborto de todo el mundo.
En México, 40 Días por la Vida celebra vigilias y oraciones frente a hospitales públicos que ofrecen servicios de aborto. Eduardo Hayen, sacerdote de la histórica catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en Juárez, está vinculado a la sección local por su cargo de responsable de la Pastoral Familiar de la archidiócesis. Su deber, nos dijo, es desplegar una «labor de persuasión» para evitar que las mujeres aborten.
Hayen reconoce que no puede obligar a las mujeres a seguir adelante con su embarazo, pero intenta convencerlas de que se hagan una ecografía. «Cuando una mujer ve una ecografía y ve cómo se mueve el niño, cómo se chupa el dedo, cómo salta en el útero, esa mujer reacciona y cambia de opinión muchas veces», afirmó.
A medida que la reacción contra la atención de salud reproductiva se vuelve más violenta, las feministas que defienden el derecho a decidir de las mujeres en los estados fronterizos mexicanos son blanco de ataques.
Vanessa Jiménez frente al centro de Necesito Abortar en Monterrey, donde ayuda a las mujeres a a conseguir pastillas abortivas. Imagen: Jorge Balleza / openDemocracy
El acoso se perpetra sobre todo en línea. Tokya Casimiro, integrante de un grupo que ayuda a las personas a acceder a abortos médicos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, dijo a openDemocracy y La Verdad de Juárez que la página de Facebook del grupo fue clonada en 2019 y utilizada para difundir desinformación.
«Usaron nuestras fotos y pagaron anuncios para llegar a más personas. En esos carteles decían que llamábamos a la gente a quemar y destruir cosas. Así que sabemos que la intención es desprestigiar a nuestro movimiento», dijo Casimiro.
En 2020, Vanessa Jiménez y otras activistas del grupo de apoyo Necesito Abortar de Monterrey fueron acusadas por un diputado estatal de «provocar el delito de aborto». La acusación desencadenó una investigación penal que duró varios meses, pero el caso finalmente se cerró, dijo Jiménez.
A pesar de los obstáculos crecientes y de los peligros a los que se enfrentan, las activistas no se dejan intimidar. Andrea Sánchez, de Aborto Seguro Sonora, que ayuda a conseguir medicamentos abortivos, dijo: «Hemos apoyado a muchas de estas mujeres – tras su traumática experiencia con estos grupos de ultraderecha – con información veraz para que puedan superar su trauma».
«El hecho de que no seamos médicos ni enfermeras ni profesionales de la salud no significa que no estemos capacitadas para ayudarlas o acompañarlas. Hemos apoyado a miles de mujeres en toda América Latina y seguiremos haciéndolo”.
Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy.
RV: EG
