GINEBRA – Las autoridades peruanas deben emprender reformas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en las manifestaciones, y continuar los esfuerzos de rendición de cuentas por los abusos cometidos, planteó en un informe este jueves 19 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El alto comisionado, Volker Türk, dijo que “los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”, al presentar el informe de su oficina (Acnudh) en esta ciudad suiza.
“La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral”, agregó Türk.
El informe analiza la conducta de las fuerzas de seguridad durante las protestas a escala nacional, centrándose en las que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Concluye que las autoridades peruanas restringieron indebidamente los derechos humanos de las y los manifestantes.
Las fuerzas de seguridad hicieron “uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”, indica el informe.
También documenta el uso de armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes.
El 7 de diciembre de 2022 el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido tras anunciar su decisión de cerrar el Congreso legislativo e instaurar un gobierno de excepción, por lo que fue acusado de tramar un golpe de Estado para evitar un juicio político por cargos de corrupción.
Depuesto Castillo, quien gobernaba desde julio de 2021, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo.
Esos acontecimientos desataron en todo el país una ola de movilizaciones respondidas con medidas de represión y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, según organizaciones humanitarias y relatores de la ONU.
Acnudh registró 50 personas muertas y 821 heridas en el contexto de las protestas del 7 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad.
También documentó que 208 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.
Se abrieron investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones. De ellas, las investigaciones contra al menos 221 se han archivado por falta de pruebas, lo que incluye a 192 personas que habían sido detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima el 21 de enero.
En abril de 2023, las autoridades crearon un equipo específico dentro del Ministerio Público para investigar los presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas. Ese equipo ha abierto 45 expedientes que abarcan a todas las personas muertas y heridas en las protestas, y Acnudh está prestando ayuda técnica.
Con esa ayuda se ha identificado hasta la fecha a 266 personas, víctimas y familiares de los abusos de sus derechos en el contexto de las manifestaciones, a las que el gobierno ha proporcionado apoyo económico.
Entre el 19 y el 31 de julio de 2023 se produjo otra oleada de manifestaciones en todo Perú, en las que resultaron heridos 64 manifestantes y 12 agentes de policía.
Las comunidades indígenas también fueron objeto de múltiples actos de discriminación y restricciones al derecho de reunión pacífica, señala el informe.
El informe pide a las autoridades permitir “un diálogo descentralizado e inclusivo” sobre esta materia, y ofrece recomendaciones para promover cambios estructurales y reformas que garanticen el derecho de reunión pacífica y aseguren que todo uso de la fuerza debe ser compatible con el derecho internacional de los derechos humanos.
También recomienda reforzar los mecanismos internos de rendición de cuentas, investigaciones centradas en las víctimas, imparciales y efectivas, y abordar los problemas profundamente arraigados de racismo y discriminación contra los pueblos indígenas y los campesinos, que constituían la mayoría de las y los manifestantes.
Türk dijo que “es primordial que se aborden las quejas y preocupaciones de todo el espectro de la sociedad peruana. Es necesario un diálogo nacional inclusivo. Es la única manera de avanzar”.
“Todo el mundo necesita sentirse escuchado y representado en la sociedad para poner fin a las interminables crisis políticas y sociales”, concluyó.
A-E/HM
