MÉXICO – Coraje, tristeza e impotencia son palabras que afloran de la boca de la indígena maya Sara López, para hablar sobre el Tren Maya (TM), la obra más importante del actual gobierno mexicano y que atraviesa la localidad donde vive y muchas otras de la península de Yucatán.
“Son cosas que duelen. En las comunidades, tanto la Guardia Nacional (cuerpo de seguridad civil, pero integrado mayoritariamente por militares) como el Ejército están presentes. Nos dicen que se perdió la tranquilidad que tenían antes. Hay comunidades invadidas, hay un impacto muy fuerte”, denunció a IPS la integrante del no gubernamental Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.
“Toda la península de Yucatán está militarizada”, dijo desde Candelaria, en el estado sudoriental de Campeche. El municipio, con unos 47 000 habitantes, tiene como actividades principales la agricultura y la ganadería y será el emplazamiento de una estación del TM.
En total, la megaobra consta de siete tramos a lo largo de unos 1500 kilómetros y también atravesará los estados de Quintana Roo y Yucatán –que comparten el territorio peninsular con Campeche-, junto con los de Chiapas y Tabasco.
El tendido ferroviario va por 41 municipios y 181 localidades dentro de ellos, con 20 estaciones y 14 paraderos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, que entra el 1 de diciembre en su sexto y último año de gestión, ha traspasado la administración de puertos, aeropuertos y transporte ferroviario a la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena).
Ello, pese a que no existen registros sobre su desempeño en la gestión de esas áreas neurálgicas en la historia reciente del país, en las que se han limitado a la producción y venta de pertrechos.
Para Aleida Azamar, investigadora de la pública Universidad Autónoma Metropolitana, el personal uniformado no está preparado para estas labores.
“Los militares no están capacitados para muchas funciones. El gobierno está preocupado por el crecimiento económico y el desarrollo, y para conservar ese modelo se ha puesto a los militares. Se piensa que se va a alcanzar mediante infraestructura y proyectos extractivos”, dijo a IPS la coordinadora de un nuevo libro sobre militares y recursos naturales en México.
A su juicio, la forma de culminarlos de manera más rápida “es con el ejército, porque es más difícil que la población se oponga, al ver a alguien con un arma. No es la solución más adecuada”.
“Los militares no están capacitados para muchas funciones. El gobierno está preocupado por el crecimiento económico y el desarrollo, y para conservar ese modelo se ha puesto a los militares. La forma de sacarlos más rápido es con el ejército, porque es más difícil que la población se oponga, al ver a alguien con un arma. No es la solución más adecuada”: Aleida Azamar.
López Obrador anunció el 4 de septiembre el traspaso del control del Tren Maya del estatal Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a Sedena, en una intensificación de la tendencia de la cesión de más responsabilidades civiles al estamento castrense, al entregarle su megaproyecto estrella.
El argumento presidencial para esta estrategia es que con ella se busca disminuir la corrupción en las obras públicas. Pero en realidad, la causa puede yacer en otras razones, como la cultura de la disciplina del seguimiento de órdenes para que las obras avancen lo más rápido posible y así cumplir los plazos prometidos.
Sedena se responsabilizará de la culminación de los tramos cinco, seis y siete del ferrocarril, cuyas obras comenzó Fonatur en julio de 2020 y cuyo arranque operativo López Obrador prometió para el 1 de diciembre de este año. Otros tramos son construidos por empresas privadas.
Las reticencias a la introducción de los militares en el TM y otros rubros civiles obedecen también a su actuación desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la llamada “guerra contra el narco” con todo el poder castrense y que se caracteriza por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones a derechos humanos e impunidad, según organizaciones locales e internacionales.
De hecho, a lo largo de este siglo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal regional adscrito a la Organización de Estados Americanos, ha condenado a México en al menos cinco ocasiones, por delitos de los militares como desaparición forzada, violencia sexual y detención arbitraria.
El gobierno promociona al TM como un nuevo y gran motor del desarrollo socioeconómico del sudeste del país y sus locomotoras trasladarán miles de turistas y carga, como soja transgénica, aceite de palma y carne de cerdo, las actividades centrales en la zona.
Aduce que creará empleos, impulsará el turismo más allá de los centros tradicionales de visitantes y dinamizará la economía regional, lo cual ha desatado polarizadas controversias entre sus simpatizantes y sus críticos.
De los cuarteles a las empresas
Históricamente, las Fuerzas Armadas se habían limitado a producir pertrechos y construir instalaciones gubernamentales, como hospitales y otras infraestructuras.
La Dirección General de la Industria Militar de Sedena opera al menos 16 fábricas de municiones y armamento.
Pero, gracias a las políticas del gobierno actual, Sedena ha constituido las corporaciones Tren Maya, Aerolínea del Estado Mexicano, Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gomm) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, situado en el Estado de México, vecino a la capital mexicana.
El Gomm involucra también la operación de 12 aeropuertos, más otra cantidad que recibirá en el futuro.
Asimismo, operará la resucitada aerolínea Compañía Mexicana de Aviación, la más antigua del país y una de las más históricas en la región, privatizada en 2005 y cerrada desde 2010. Bajo el nuevo nombre Aerolínea del Estado Mexicano, el gobierno la reanimó en enero, al comprar la marca. Los uniformados también administrarán hoteles en la ruta del TM.
“En las comunidades, tanto la Guardia Nacional como el Ejército están presentes. Nos dicen que se perdió la tranquilidad que tenían antes. Hay comunidades invadidas, hay un impacto muy fuerte. Pero toda la península de Yucatán está militarizada”: Sara López.
Paralelamente, la Secretaría de Marina (Semar) administra cinco astilleros en varias zonas del país.
Para gestionar siete aeropuertos, entre ellos el de Ciudad de México, de las 19 instalaciones bajo control estatal, Semar creó la empresa Casiopea.
México cuenta con 118 puertos y terminales, de los cuales 71 están entregados en concesión en 25 administraciones del Sistema Portuario Nacional. Desde 2017, Semar administra los puertos.
Todo este esquema necesita mucho dinero, aportado por el presupuesto público. El caso más evidente es el TM, cuyo costo se triplicó desde la pautada inversión inicial de 7255 millones de dólares a la previsión actual de 28 026 millones.
Para 2024, Sedena solicitó ya 6726 millones para el ferrocarril, la segunda mayor cifra para el TM desde 2020, cuando los fondos asignados totalizaron 349 millones.
Los requerimientos militares para todos los rubros civiles bajo su gestión han crecido, pues Sedena pidió 14 550 millones de dólares, en comparación con 6276 millones de 2023, y Semar, 4029 millones, frente a los 2347 de este año, en ambos casos más del doble.
Detrás está el hecho de que las empresas estatales bajo gestión militar aún no son rentables, por lo que necesitan subsidios. El no gubernamental México ¿Cómo Vamos? calcula que el lapso de recuperación de inversión del TM totalizaría 17 años y 22 el Aeropuerto Internacional de Tulum, en construcción en el estado de Quintana Roo.
Amenazas potenciales
Como ha ocurrido con el manejo de la seguridad, la gestión empresarial militar representa riesgos de ocultamiento de información, corrupción y pérdidas económicas.
Las fuerzas armadas son las instituciones que vulneran más los derechos humanos, en casos como asesinato, tortura y violencia sexual. Entre 2007 y 2020, unas 70 000 personas sufrieron agresiones físicas después de su aprehensión por parte del Ejército, según el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la privada Universidad Iberoamericana.
La participación de efectivos militares en labores de seguridad pública ya rebasa al total de las de los policías municipales y estatales, en proporción de 261 644 a 251 760, según datos reportados por el PSC.
La activista López y la académica Azamar alertaron de riesgos de la gestión castrense.
“Solamente el gobierno sabe cuánto ha gastado, cuánto se va a gastar. No hay un informe real de lo que hacen. Desde que inició la megaobra, no ha habido información real. Nunca nos hablaron de impactos ambientales, culturales, económicos. A nosotros nos perjudica, ha sido un caos. Y cuando esté funcionando, la situación va a empeorar por el turismo”, aseguró López.
Azamar advirtió de la creciente dependencia de los militares, la potencial erosión de derechos civiles, una percepción distorsionada del enfoque de seguridad y socavamiento de la confianza en instituciones civiles.
“Hay un problema de opacidad y rendición de cuentas: cómo y en qué se gasta. Es riesgoso, porque no hay datos reales, desglosados. Eso crea un ambiente de impunidad que permite que siga el secreto y no permite que se sepan otras cosas. Si no hay mecanismos efectivos de control, podrían incurrir en abusos. Estamos en una zona gris, porque no sabemos quién los controla”, subrayó.
En noviembre de 2021, López Obrador, calificó el TM como “proyecto prioritario” mediante un decreto presidencial, una fórmula que facilita la entrega de permisos ambientales y con lo cual oculta información bajo el paraguas siempre amplio de la seguridad nacional.
Ello pese a que un mes después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió los acuerdos de seguridad nacional para anular la reserva de información, debido a un recurso del estatal pero autónomo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Los problemas de México no terminan en el corto plazo, pues las políticas promilitares condicionarán a la próxima administración que asumirá en diciembre de 2024, sin importar su signo, aunque los sondeos indican como favorita a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador.
ED: EG
