MÉXICO – La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) reclamó al estado mexicano este miércoles 13, en un nuevo informe, la reiterada criminalización de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente una vez que ejercen el derecho a la protesta.
“El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dijo al presentar el reporte Erika Guevara Rosas, directora para el hemisferio en AI.
Para Guevara Rosas “es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos”.
Entre estas violaciones de derechos mencionó a la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones.
El año pasado fueron asesinados en México un total de 31 defensores del ambiente, y los derechos a la tierra y territoriales, como el tercer país de la región con más víctimas mortales por esa causa, una tabla que encabezó Colombia con 60 muertes y Brasil con 34, indicó la organización internacional Global Witness.
El informe de AI se centra en cuatro casos, el primero de los cuales es el de la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, en el sudoriental estado de Chiapas, donde un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida.
Otro caso en Chiapas es el de dos defensores del pueblo tseltal, criminalizados al oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, y más al norte, en Yucatán, pobladores de Sitilpech fueron criminalizados al oponerse a los problemas de contaminación agua y salud que causaría una granja porcina.
En Zacatepec, en la zona de Puebla (centro) los inculpados fueron comunicadores y defensores nahuas, quienes protestaron por oponerse a drenaje industrial que contaminaría el río Mettlapanapa.
Guevara Rosas resaltó que “el derecho a la protesta es una vía fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas”.
En su contra “diversas autoridades estatales han utilizado la vía penal sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tampoco han considerado los contextos de las protestas, las causas que las originaron, ni el derecho de las personas a defender la tierra, el territorio y el medio ambiente”, agregó.
El informe resalta la utilización de tipos penales vagos o ambiguos “que no respetan el principio de legalidad”, tales como “motín”, “obstrucción de obra pública” y “ataques a las vías de comunicación”.
También observó “la adecuación, a conveniencia, de los hechos que ocurren durante las protestas a otro tipo de delitos mediante interpretaciones amplias de tipos penales y declaraciones que tergiversan los hechos”.
El texto sostiene que las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades.
Las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes, o las personas más visibles de movimientos de protesta, “a quienes se les intenta procesar por delitos vagos, sin evidencia contundente y exclusivamente por sus acciones pacíficas”.
Los procesos suelen alargarse por diversas causas, y existe una amenaza constante de reactivación de procesos o de fabricación de nuevos delitos.
Esos procesos “intentan ser un mecanismo disuasivo para otras personas que abogan por las mismas causas, pues suelen causarles miedo al ver que sus legítimas demandas pueden terminar, además, en estigmatización, represión y en amenazas a su vida y seguridad”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora de AI en México.
AI destacó que “el uso del sistema punitivo por disentir o alzar la voz en contra de proyectos de interés de gobiernos locales y de empresas se realiza sin ninguna consecuencia y en completa impunidad”.
El informe de AI solicita en primer lugar que las autoridades reconozcan “la valiosa labor de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, se abstengan de estigmatizarlas, y que garanticen su participación en los asuntos que afectan a sus comunidades.
También recomienda que el Estado cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño.
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