GINEBRA – En Nicaragua continúa el deterioro de las garantías fundamentales y el gobierno sigue arremetiendo contra quienes se le oponen o lo critican, en una clara violación del derecho a la libertad de opinión y expresión, afirmó este martes 12 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“Las personas percibidas como opositoras o críticas del gobierno siguen siendo perseguidas y se les ha sometido a medidas que violan sus derechos humanos”, dijo Türk durante el diálogo interactivo sobre Nicaragua celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
El Consejo recibió un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en que se afirma que “el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y otros, han estado llevando a cabo hechos que constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”
Türk lamentó que la situación no haya mejorado desde hace un año, cuando reportó sobre el tema y denunció, entre otros abusos, la persistencia de las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de credo.
Mencionó las sentencias largas de prisión “dictadas sin juicio en un sistema de justicia sin independencia; así como la deportación, la privación arbitraria de la nacionalidad y la prohibición de que personas nicaragüenses regresen a su país”.
“Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones, e intensificar aún más el aislamiento del país, son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera de las autoridades”, abundó Türk.
Detalló que su oficina (Acnudh) documentó que 71 personas permanecen detenidas arbitrariamente luego de ser juzgadas y condenadas sin las debidas garantías procesales.
Asimismo, indicó que el gobierno nicaragüense sigue limitando el espacio cívico y coartando las libertades individuales y colectivas.
“Ejercer el activismo cívico organizado y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible”, apuntó, especificando que desde agosto de 2022 se ha cancelado el estatus legal de más de 2000 organizaciones de la sociedad civil, para hacer un total de 3394 organizaciones clausuradas de 2018 a la fecha.
Se han cerrado 12 universidades, incluida la Centroamericana, de la orden católica Compañía de Jesús, calificada como “centro de terrorismo para organizar grupos criminales”, y se confiscaron varias escuelas de congregaciones religiosas.
La Iglesia Católica ha sido blanco principal de sanciones penales y administrativas arbitrarias, acoso y detenciones de sacerdotes y feligreses, según Acnudh.
El alto comisionado dijo también que continúan practicándose la tortura y los tratos crueles contar los detenidos, y manifestó alarma por la expulsión de los organismos internacionales con mandato para supervisar las condiciones de detención.
Türk agregó que muchos nicaragüenses han salido del país huyendo de la persecución constante e impredecible, y aludió a los cerca de 46 000 que han solicitado asilo en la vecina Costa Rica entre 2022 y 2023.
Otra cuestión preocupante es el aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes, que incluyen asesinatos, ataques, quema de viviendas, robo de tierras y saqueos.
Además, dio cuenta de un elevado número de matrimonios infantiles y embarazos adolescentes, y señaló que “la prohibición total del aborto en el país pone en peligro la salud sexual y reproductiva, provocando abortos inseguros y la muerte de mujeres y niñas”.
Para concluir, Türk destacó la falta de respuesta del gobierno y su negativa a cooperar con Acnudh y otros organismos, y lo instó a demostrar que está al servicio de su pueblo, abriéndole los espacios para que participe libremente en la toma de decisiones.
Llamó también a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a restablecer la nacionalidad a quienes se les ha sido arrancada.
A la comunidad internacional le pidió que se esfuerce para influir en las autoridades nicaragüenses y que apoye a los refugiados y solicitantes de asilo.
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