RÍO DE JANEIRO – Son muchos los caminos que señalan la cárcel como el destino del expresidente Jair Bolsonaro, ante los indicios de su participación en un intento de golpe de Estado, corrupción, falsedades y lavado de dinero ilegal, que involucran también a sus allegados y a militares.
Los riesgos se intensificaron en los últimos días. Su edecán durante en la presidencia, del primer día de 2019 al último de 2022, el teniente coronel Mauro Cid decidió romper el silencio y reconocer la venta ilegal de un reloj de lujo, marca Rolex, por orientación de Bolsonaro que lo obtuvo como regalo del gobierno de Arabia Saudí en 2019.
La legislación brasileña considera patrimonio público los regalos de alto valor y que no sean de uso personal, que lo gobernantes reciban como representantes del Estado.
Cid está detenido desde el 3 de mayo en Brasilia, por una causa sobre la falsificación de certificados de vacunación contra la covid-19 para su familia y para Bolsonaro, su esposa y su hija menor, todos contrarios a la inmunización.
Es considerado también responsable de varias operaciones indebidas con joyas, algunas de gran valor, regaladas tanto al exgobernante de extrema derecha como a su esposa, Michelle Bolsonaro, durante los cuatro años de mandato, aunque por este caso no hay aún ordenes de detención.
Además de la venta del Rolex y de otro reloj, de marca Patek Phillipe, por 68 000 dólares en Estados Unidos, el teniente-coronel del Ejército, aún en activo, intentó recuperar un conjunto de joyas femeninas, evaluadas en 4,5 millones de dólares, retenidas por la aduana en el aeropuerto internacional de Guarulhos, cerca de São Paulo.
La retención, en octubre de 2021, se debió a la forma ilegal de su introducción en Brasil, en el equipaje del exministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, un almirante retirado de la Marina.
Cid representa, por ahora, el mayor riesgo para Bolsonaro y los militares, por sus posibles revelaciones y las informaciones grabadas en su teléfono celular, aprehendido por la Policía Federal, que investiga los variados delitos que involucran tanto el exmandatario, como sus ministros y auxiliares directos, entre los cuales varios generales.
Uno de los involucrados es el padre del teniente-coronel, el general retirado Mauro Lourena Cid, que habría participado en la venta ilegal de los relojes. El dinero obtenido fue depositado en su cuenta bancaria.
Lourena Cid, que alcanzó el grado máximo en el Ejército, un general de cuatro estrellas, dirigía la oficina de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones en la ciudad estadounidense de Miami, nombrado por Bolsonaro en 2019.
El intento golpista
Otro testigo-bomba, relacionado con los intentos golpistas, es el programador de informática Walter Delgatti, que declaró haber recibido de Bolsonaro misiones para comprobar la posibilidad de fraudes en las urnas electrónicas usadas en las elecciones brasileñas.
El expresidente le pidió simular una invasión de las urnas electrónicas, falsear un orden de prisión contra el juez Alexandre de Moraes, del STF, y ayudar las Fuerzas Armadas a producir un informe para poner en duda la confiabilidad de las elecciones electrónicas, declaró Delgatti ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que trata de los actos golpistas del 8 de enero de 2023.
Aquel día, el octavo de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia, una multitud de algunos miles de personas invadió las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, con consignas contra los supuestos fraudes electorales y llamados a la intervención militar para derrocar el nuevo gobierno.
Siete oficiales que comandaban la Policía Militar del Distrito Federal están detenidos por la Policía Federal, acusados de omisión o facilitación de la invasión de la sede del Congreso, la presidencia de la República y el STF.
La misma acusación también llevó a la cárcel al comisario de la Policía Federal Anderson Torres, que fue ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro y que había sido designado como secretario de Seguridad Pública de Brasilia el 2 de enero, aunque el día 8 estaba en vacaciones en Miami.
Descrédito militar
Hay 18 oficiales de las Fuerzas Armadas bajo investigación policial, por sospechas de participación en los distintos delitos que apuntan a Bolsonaro como jefe o beneficiario de las ilegalidades.
El expresidente niega su participación en todos los hechos. Asegura que nunca ordenó la venta de las joyas que le regalaron cuando era presidente y que no recibió ningún centavo de la operación. Niega también cualquier pedido para la falsificación de los certificados de vacuna.
Cid tenía “autonomía” en sus acciones, sostiene, aunque sea poco creíble tal poder en un edecán. Las declaraciones enfrentadas serán temas de nuevas investigaciones e interrogatorios, además de posibles confrontaciones.
El juez Alexandre Moraes, que coordina esas investigaciones en el STF, autorizó la suspensión del secreto bancario y telefónico de Bolsonaro y su esposa. Acogió así un pedido de la Policía Federal, ante los nuevos datos que involucran gobernante con las supuestas ilegalidades.
El cerco se cierra en torno de Bolsonaro y repite la tormenta judicial que enfrenta su par estadounidense y referente político, Donald Trump, enjuiciado por el intento golpista de la invasión del Capitolio (Congreso) en Washington el 6 de enero de 2021, las presiones por alterar el resultado electoral y otros delitos no políticos.
La posibilidad de encarcelamiento a corto plazo es descartada por los juristas en general. Pero puede ocurrir si Bolsonaro comete algún acto que justifique la prisión preventiva, como intento de obstruir la justicia, presionar testigos o muestras de que puede dejar el país para escapar a las consecuencias judiciales.
La CPI, que es mixta por cuanto participan diputados y senadores, amenaza retener el pasaporte de la pareja Bolsonaro ante la posible fuga. Por lo menos es la intención de los miembros de la alianza progubernamental.
Esa comisión es una muestra de cierta necedad de los bolsonaristas.
Fueron legisladores pro Bolsonaro los que requirieron la creación de esa comisión, aparentemente en un intento de acosar el nuevo gobierno, que manifestaba el interés en rechazar la iniciativa que estorbaría la aprobación legislativa de medidas prioritarias, como las económicas y sociales.
Pero era evidente que investigar los actos golpistas del 8 de enero pondría en tela de juicio a Bolsonaro y sus auxiliares, así como también a los militares que participaron activamente en su gobierno.
Igualmente, muchos de los activistas que invadieron las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero filmaron sus propias acciones con sus teléfonos celulares, generando pruebas contra sí mismos.
Pero el principal daño a la extrema derecha en Brasil es el deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas, que intentan individualizar la participación de algunos militares en las fechorías bolsonaristas, como el teniente coronel Cid y el general Eduardo Pazzuelo, ministro de la Salud en 2020 y 2021, en plena pandemia de covid-19.
Las Fuerzas Armadas como institución no habrían secundado al gobierno ultraderechista, cuya gestión de la pandemia es responsable, ante la opinión pública, por buena parte de los mas de 700 000 muertes. Brasil es el país que registró la segunda mayor cantidad de muertos en el mundo, solo superado por Estados Unidos.
Los militares brasileños deberán retirarse nuevamente de la política, ante el descrédito y la pérdida de la confianza popular que resultaron del desastre bolsonarista. Es lo que ocurrió tras la dictadura que encabezaron de 1964 a 1985, cuyo fin deshonroso los llevó al ostracismo político por tres décadas.
ED: EG
