WASHINGTON – Responsables de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) reclamaron este viernes 18 la liberación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, y criticaron la ofensiva del gobierno de Managua contra prelados e instituciones de la Iglesia católica.
Produjeron la nueva declaración, al cumplirse un año de la detención de monseñor Álvarez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe inglés (Acnudh).
Ambas entidades “condenan las continuas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el sistema penitenciario La Modelo (en Managua) y la limitación de las visitas de sus familiares”.
Esos actos “resultan contrarios a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indicó el texto.
Recordó que Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022, luego de estar confinado más de 15 días con otras personas pertenecientes a la Iglesia Católica, “sin acceso a alimentación ni a agua. La detención fue efectuada por la policía de forma violenta, y sin orden judicial, y fue puesto en condición de arresto domiciliar”.
El 13 de diciembre de 2022, Álvarez fue presentado, por primera vez, en los juzgados de Managua, donde fue acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y de propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
El 10 de febrero de 2023, al día siguiente de negarse a ser deportado a los Estados Unidos por el Gobierno de Nicaragua junto con otras 222 personas, Álvarez “fue sentenciado sin juicio y sin garantías procesales, a 26 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de los derechos ciudadanos de por vida”.
Entre esos derechos, perdió la nacionalidad nicaragüense, una pena no prevista en la legislación del país centroamericano, recordó la Cidh.
Fue condenado por los delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas, obstrucción de funciones, desobediencia y desacato a la autoridad. También fue catalogado como “traidor a la patria”. Desde esa fecha fue trasladado a la cárcel La Modelo y se encuentra incomunicado.
“El 25 de marzo de 2023, monseñor Álvarez recibió la única visita de sus familiares, donde se evidenció públicamente el deterioro de su salud y las condiciones carcelarias inhumanas en las que se encuentra”, indicaron las entidades.
El 13 de abril de 2023, la Cidh otorgó medidas cautelares a favor de Álvarez, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad, y el 28 de junio de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales y requirió al Estado informar sobre su situación y su liberación inmediata.
Desde 2022, tanto la Cidh como la Acnudh “han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso”.
Asimismo “la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión”.
Indicaron que a la fecha, al menos 44 miembros de la Iglesia Católica fueron expulsados de forma arbitraria del país, y ocho sacerdotes permanecen detenidos, seis en el sistema penitenciario y dos en seminario por cárcel.
Diferentes colegios y universidades vinculados con la Iglesia Católica han sido confiscados, y el 9 de agosto el gobierno congeló las cuentas bancarias e inmovilizó los bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana en Managua (UCA), propiedad de la católica Compañía de Jesús.
El 15 de agosto el Poder Judicial ordenó la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de la UCA, “bajo el argumento que, dicho centro de estudios, funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
“A partir de esta fecha, todas las actividades académicas y administrativas han sido suspendidas, afectando el derecho a la educación, a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión y al trabajo de un sinnúmero de nicaragüenses”, reza el texto.
El 17 de agosto el gobierno del presidente Daniel Ortega decidió crear, en las instalaciones y con los bienes confiscados a UCA, la “Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro”, nombre de un héroe de la lucha contra la dictadura de la familia Somoza (1937-1979), asesinado en 1967.
De igual manera, dice la declaración de Cidh y Acnudh, “se ha recibido información sobre casos de represión y persecución contra otras religiones”.
Cita como ejemplo que la policía ha disuelto cultos protestantes en seis ocasiones, y al menos cuatro pastores habrían sido impedidos de ingresar al país. El Estado también ha cancelado organizaciones sin fines de lucro y confiscado una universidad de naturaleza cristiana evangélica.
El texto recuerda que la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
Finalmente, “después de cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, instamos al gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad”.
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