LONDRES – Cuando este país insular del océano Índico se independizó del Reino Unido en 1948, tras unos 450 años de dominio colonial bajo tres potencias occidentales, se llamaba simplemente «Dominio de Ceilán».
Sri Lanka, al que se concedió el sufragio universal casi dos décadas antes de la independencia, se consideraba una de las primeras democracias de Asia, si no la primera. Lamentablemente, esa reputación se ha evaporado rápidamente.
En la actualidad, se niega el derecho al voto e incluso se han suspendido las elecciones a los órganos locales por motivos dudosos, como la falta de fondos estatales. El Tribunal Supremo emitió una orden provisional pidiendo que se habilitaran fondos para la resolución de las elecciones.
Esta orden fue simplemente ignorada. En su lugar, los diputados del partido gobernante, el Frente Popular de Sri Lanka (SLPP, en inglés), amenazaron con convocar a los jueces al parlamento por supuesta violación de sus privilegios.
Lo más reciente es el intento desesperado de un diputado gubernamental de presentar una moción particular para que el parlamento vote a favor de la continuidad de los órganos caducados ante la ausencia de elecciones.
Afortunadamente, el fiscal general informó al presidente de la Cámara de que tal medida era inconstitucional y requeriría una mayoría de dos tercios de los votos y, tal vez, un referéndum. Así se cerró la puerta a esta maniobra.
La preocupación del gobierno es comprensible.
Está dirigido por un presidente en funciones de un partido, el Nacional Unido, apoyado en el parlamento por la mayoría de un antiguo enemigo político, el SLPP, que ahora vive una simbiosis política con el nuevo gobernante.
Es así desde que en julio del año pasado, el gobernante Gotabaya Rajapaksa (2019-2022) huyó del país forzado por la ira de manifestaciones populares, ante el hundimiento económico de este país del sur de Asia con algo más de 25 millones de personas.
Ninguno de los dos partidos quiere elecciones, ni siquiera en los niveles más bajos de gobierno, por miedo a lo que puedan traducir los resultados. Si les resultasen negativos harían saltar las alarmas de cara a las elecciones presidenciales del año que viene y a las parlamentarias del siguiente, aunque el presidente podría convocar elecciones parlamentarias antes.
Quienes repasen la historia política de Sri Lanka desde 1977 podrían preguntarse si el actual presidente, Ranil Wickremesinghe, que sustituye hasta noviembre de 2024 a Rajapaksa, ha seguido el ejemplo de su tío Junius Richard Jayewardene (1977-1989) en cuanto a maquiavelismo político.
Pero si “Yankee Dicky”, como se llamaba a Jayewardene desde sus primeros días por sus opiniones proestadounidenses en política exterior y su perspectiva económica capitalista, dio un giro a la derecha cuando llegó al poder en 1977, su sobrino ha dado un giro más agudo en esa dirección.
El Ranil Wickremesinghe llegó a la presidencia con 73 años en julio de 2022 tras la huida de Rajapaksa, del que era su primer ministro, pese a su impopularidad y gracias a 134 votos de los 225 legisladores, y también ocupa varios ministerios económicos y el de Defensa.
Sus posiciones neoliberales encajan con el programa de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinado a sacar al país del desastre económico en que Rajapaksa lo postró durante su corta presidencia.
Sin embargo, el camino de Wickremesinghe hacia la reanimación económica está sembrado de víctimas políticas y de la clase trabajadora, contra las que se han empleado algunas de las leyes más duras de la legislación nacional, como la Ley de Prevención del Terrorismo.
Convenciones internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se han puesto en entredicho para detener a disidentes y reprimir las protestas públicas y otros derechos garantizados por la Constitución que su tío impuso en el país.
Si el acuerdo con el FMI exige que el gobierno venda “las joyas de la corona”, como sugiere la oferta de Wickremesinghe de privatizar incluso empresas estatales con beneficios y otros activos estatales a inversores extranjeros y locales, esto afectará negativamente al empleo.
Se incrementará así el creciente desempleo de los últimos años tras la pandemia de covid y las políticas económicas erróneas de Rajapaksa.
Además, una nueva legislación laboral derogaría unas 28 leyes vigentes que garantizan los derechos de los trabajadores, conseguidos a lo largo de los años mediante duras luchas de los sindicatos y partidos políticos de izquierdas. Serían sustituidas por nuevas leyes estrictas que favorecerían en gran medida a los empresarios.
Si no se impugnan ante el Tribunal Supremo, las leyes laborales propuestas por un Ministro de Trabajo excesivamente entusiasta y que quiere complacer al presidente y a la comunidad empresarial, echarán por la borda muchos derechos laborales que existen desde hace tiempo en Sri Lanka para crear un entorno confortable para los posibles inversores extranjeros y los empresarios amigos del gobierno.
Una nueva ley antiterrorista, más abominable aún que la Ley de Prevención del Terrorismo, ha suscitado duras críticas tanto en el ámbito nacional como internacional.
Acaba de aprobarse además una ley anticorrupción, más para satisfacer al FMI que para atrapar a los delincuentes, sobre todo a los políticos que han engordado sus bolsillos a lo largo de los años. Aunque Sri Lanka ya cuenta con leyes estrictas, ni siquiera unos pocos políticos han sido procesados y condenados por sobornos y corrupción.
Mientras tanto, el país se enfrenta a una enorme fuga de cerebros. Desde 2022, unos 700 médicos, especialistas y personal sanitario han abandonado el país para trabajar en el extranjero. También lo han hecho otros profesionales, como ingenieros, informáticos, pilotos de avión y técnicos.
El ministro de Educación, Susil Premajayantha, admitió en julio en el parlamento que 255 académicos universitarios y unos 150 miembros del personal no académico han dejado sus puestos desde el año pasado.
Además, los informes de las Naciones Unidas señalan el aumento de la pobreza en el país, con familias y niños en edad escolar que se saltan las comidas porque la gente no puede permitirse los elevados precios de los productos de primera necesidad, como la electricidad.
El ministro de Agricultura advirtió recientemente sobre la posibilidad de malas cosechas en la próxima temporada, lo que, de producirse, podría provocar escasez de alimentos.
La aparente estabilidad política, sin colas ni manifestantes, no debe ser malinterpretada.
Mientras la alianza de gobierno de Wickremesinghe, en la que las fisuras se han hecho más evidentes últimamente, prepara el terreno para acoger a empresarios capitalistas extranjeros y locales, a la par que empeora la situación de la gran mayoría de la población, que ha sobrevivido todos estos años con sus escasos ingresos y ahora lucha por sobrevivir.
En 1972, el gobierno de coalición dirigido por la primera mujer primera ministra del mundo, Sirimavo Bandaranaike, que había llegado al poder dos años antes, rompió definitivamente con la Constitución británica, abandonando a la monarquía del país europeo y declarando al país «República de Sri Lanka».
Sí mantuvo un sistema parlamentario similar al de Westminster al que estaba acostumbrado.
Su gobierno resultó derrotado en las elecciones generales de 1977. El derechista Partido Nacional Unido (UNP) de su nuevo líder, Jayewardene, popularmente conocido como «JR», obtuvo una mayoría sin precedentes de cinco sextos en el parlamento, reduciendo la presencia del SLFP de Bandaranaike a un solo dígito.
Jayewardene decidió que el país necesitaba una nueva Constitución. Pero se redactó sin consulta pública, mientras que la Constitución de 1972 fue redactada por el parlamento reunido por separado como asamblea constituyente.
Jayewardene se nombró a sí mismo presidente y juró el cargo el 4 de febrero de 1978 bajo un nuevo sistema presidencial ejecutivo. El nombre del país pasó a ser una ostentosa «República Socialista Democrática de Sri Lanka».
Armado con enormes poderes y un partido con una mayoría de cinco sextos en el Parlamento, Jayewardene dijo que lo único que no podía hacer era convertir a un hombre en mujer y viceversa.
El nuevo nombre de Sri Lanka fue un trágico error.
Jayewardene no tardó en demostrar que no era ni democrático ni socialista. Creó una comisión presidencial que llevó ante ella a la exprimera ministra Bandaranaike, a su ministro más cercano Felix Dias Bandaranaike y a otros por presunta corrupción y abuso de poder. Fueron despojados de sus derechos civiles y eliminados de la actividad política durante siete años.
El presidente estaba más preocupado por preservar su enorme mayoría en el parlamento, temiendo que unas elecciones generales vieran regresar a una oposición resucitada en mayor número.
En un acto sin precedentes en la gobernanza democrática, el presidente Jayewardene obtuvo cartas firmadas de dimisión del Parlamento de sus 140 diputados. Lo único que faltaba era la fecha, que el Presidente rellenaría en caso necesario. Era la espada de Damocles de Jayewardene, suspendida sobre sus propios diputados.
La mayor mancha en el historial de Jayewardene son los sangrientos sucesos de julio de 1983, cuando la minoría tamil fue atacada físicamente y, según los informes, unas 3000 personas murieron, sus casas fueron incendiadas y sus negocios destruidos y saqueados. Miles de personas se convirtieron en refugiados en su propio país o en el extranjero.
Se dice que la causa inmediata de estos horrendos y trágicos sucesos de hace 40 años fue el asesinato de 13 soldados a manos de insurgentes tamiles en el norte.
Pero cuando realmente se desencadenaron los ataques contra los tamiles y sus hogares el 25 de julio, como pude presenciar ese día y más tarde, había claros indicios de la implicación del gobierno. El hecho de que ni el presidente ni ningún ministro aparecieran en televisión pidiendo que se pusiera fin a esta convulsión étnica lo dice todo.
Cuando el gobierno habló por fin cuatro días más tarde, afirmó que los ataques habían sido un «estallido espontáneo de ira cingalesa» por el asesinato de los soldados.
Pero ante las críticas de la comunidad internacional por la inacción del gobierno para detener la matanza, Jayewardene cambió rápidamente de táctica. El gobierno afirmó que existía una conspiración naxalita para asesinar a figuras del gobierno y derrocarlo. Afirmó que había una mano extranjera -sin nombre- implicada.
Jayewardene recurrió a la Ley de Seguridad Pública para detener a los políticos de la oposición que temía que estuvieran ganando popularidad y encarcelarlos, y selló el periódico del Partido Comunista.
Recuerdo que mi amigo John Elliot, del británico Financial Times, lo calificó de «burdo encubrimiento», mientras que otros periodistas extranjeros simplemente descartaron la historia.
Lo que importa ahora es que, durante estos acontecimientos de los años de Jayewardene, su sobrino y actual presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, era un miembro fiel del gabinete de su tío y posiblemente estaba al tanto de lo que ocurría en su interior.
De hecho, si no recuerdo mal, pronunció un discurso en el parlamento sobre el llamado complot «naxalita».
Hay una diferencia esencial. JR fue presidente durante dos mandatos. Su sobrino perdió dos elecciones presidenciales y anhela ser elegido presidente al menos una vez.
El próximo marzo cumplirá 75 años. ¿Estaría entonces a las puertas de su ultima chance? En caso afirmativo, ¿hasta dónde llegaría para ser elegido presidente como su tío antes de retirarse de la política?
El Partido Nacional Unido (UNP), que su tío representaba y que él representa ahora, se llamaba popularmente desde sus primeros días como el Partido del Tío Sobrino, en un juego de palabras porque las siglas de la organización se asimilaban con los nombres en inglés de tío (uncle) y sobrino (nephew).
No tardaremos en ver que sucederá con el futuro del actuar presidente y de Sri Lanka.
Neville de Silva es un veterano periodista de Sri Lanka que ocupó altos cargos en Hong Kong en The Standard y trabajó en Londres para Gemini News Service. Ha sido también corresponsal de medios de comunicación internacional.
