PUERTO PRÍNCIPE – Las comunidades y lugares de acogida de miles de personas desplazadas de sus hogares por la inseguridad en Haití acusan desgaste, y crece el riesgo de mayor violencia mientras desde las Naciones Unidas se renuevan los llamados para que una fuerza armada internacional intervenga en este país.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió este miércoles 16 la tendencia al desgaste y a un aumento de las tensiones sociales, mientras estima que necesitan asistencia humanitaria unos 5,2 de los 11 millones de habitantes en este país caribeño de 28 000 kilómetros cuadrados.
La mayoría de los 200 000 desplazados que se calcula hay en Haití huyeron de sus hogares en el área metropolitana de esta capital, de poco más de un millón de habitantes y en la que se estima que puede haber unas 150 bandas criminales que controlan hasta 80 % de los espacios urbanos.
Los datos de la OIM mostraron que la mayoría de las personas desplazadas buscaron seguridad con amigos y familiares en otras comunidades, y al acoger a las personas en movimiento estos lugares han compartido sus recursos limitados. A medida que la crisis se prolonga, esa capacidad de ayudar disminuye.
La inseguridad ha creado un clima de desconfianza entre algunas comunidades de acogida y poblaciones desplazadas, un deterioro de la cohesión social que facilita la acción y el dominio de los grupos criminales.
Y casi la mitad de los desplazados internos en la capital viven en condiciones vulnerables en sitios improvisados, después de abandonar el alojamiento temporal en las comunidades de acogida.
Philippe Branchat, jefe de misión de la OIM en Haití dijo que “proporcionar asistencia a las familias anfitrionas y contribuir a su mayor resiliencia es crucial, ya que son los primeros en responder a la crisis”.
“Sin embargo, con casi la mitad de la población del país en situación de necesidad desesperada, solo 25 % del Plan de Respuesta Humanitaria de Haití está financiado, por lo que “la OIM hace un llamado ferviente a una mayor asistencia internacional para soluciones tanto inmediatas como a largo plazo”, dijo Branchat.
Con relación a la violencia, un informe divulgado en Nueva York por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) sostuvo que durante el primer semestre de 2023 el crimen cobró más de 2000 vidas en Haití, incluidos niños, mujeres y al menos 30 agentes de la policía.
Recordó que en respuesta a la violencia y a la inacción del Estado, algunos haitianos han recurrido a la “justicia popular”, formando el movimiento Bwa Kale, que cobró fuerza a finales de abril y, hasta junio, “había matado a más de 200 presuntos criminales en todo el país, a menudo en connivencia con agentes de policía”.
La violencia y los desplazamientos agravan el cuadro social haitiano, con casi 60 % de su población en situación de pobreza crítica, carencias en acceso a alimentos y a servicios de salud, educación, agua, electricidad y transporte, y miles de familias aún damnificadas por sismos e inundaciones en años recientes.
Además, más de 100 000 haitianos han sido devueltos a la fuerza desde países del hemisferio este año, y de los repatriados entrevistados por la OIM uno de cada había sido previamente desplazado en Haití.
Mientras tanto, se informó que secretario general de la ONU, António Guterres, envió una nueva misiva al Consejo de Seguridad de la organización mundial instándole a decidir urgentemente el envío de una fuerza armada internacional que detenga la ola criminal y ayude a estabilizar el país.
“Nada que no sea el uso contundente de la fuerza, complementado con un conjunto de medidas no cinéticas, por parte de una fuerza policial multinacional especializada y capaz, apoyada por medios militares y coordinada con la policía nacional, podrá alcanzar esos objetivos», afirmó Guterres.
La Secretaría General de la ONU, junto a gobiernos como el de Estados Unidos, ha ofrecido apoyo a la propuesta que hizo el 31 de julio el gobierno de Kenia para aportar 1000 efectivos y comandar una misión internacional de seguridad en Haití.
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