GINEBRA – Venezuela está atrasada en la investigación de muertes durante protestas populares y en ese país persiste un cerco estatal sobre las libertades civiles y políticas, advirtió este miércoles 5 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Türk indicó que “el número de muertes documentadas a manos de agentes del Estado, así como las denuncias de tortura y malos tratos, siguen disminuyendo”, aunque aun así el año pasado “362 funcionarios fueron acusados y 47 condenados por tortura y malos tratos”.
Agregó que su oficina (Acnudh) “ha recibido información sobre otras 91 denuncias de tortura presentadas por víctimas y sus representantes desde 2018”, por lo que “insto a las autoridades a garantizar un seguimiento adecuado, sin excepción y con total transparencia”.
El alto comisionado presentó su informe sobre la situación en Venezuela, correspondiente al período mayo de 2022-abril de 2023, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, en coincidencia con el aniversario 212 de la independencia del país sudamericano.
Lamentó los “retrasos prolongados” en la investigación de decenas de muertes durante las protestas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. “Además, de las 101 muertes que mi oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, solo ocho han sido llevadas a juicio”.
Llamó a que se libere a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, y dijo que le preocupa especialmente el caso de Javier Tarazona, “un destacado defensor de los derechos humanos que ha estado detenido durante dos años y que, según los informes, se encuentra en mal estado de salud”.
Acnudh “ha documentado amenazas y estigmatización de activistas de la sociedad civil, miembros de partidos de oposición y otras voces disidentes, incluidos 67 incidentes en los que presuntamente estuvieron involucrados funcionarios del Estado”, indicó Türk en su informe.
Dijo que “las restricciones a la información pública, así como a las libertades de opinión y expresión, también son preocupantes” y “entre ellas figura el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país”.
La organización no gubernamental venezolana Espacio Público contabilizó el cierre de 81 emisoras de radio en el país durante el año 2022.
Durante el período que abarca el informe, destacó Türk, “han continuado las protestas, a menudo centradas en reivindicaciones de derechos económicos y sociales, así como mejores condiciones de trabajo y salarios”.
Dijo que la detención el mes pasado de dos dirigentes sindicales de la empresa siderúrgica estatal Sidor, en el sureste, acusados de incitación al odio, asociación criminal y boicot, “es uno de varios casos preocupantes”.
Otro es el juicio en curso de seis sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir, tras su detención hace un año, también en relación con protestas laborales.
“Todos los venezolanos y las venezolanas tienen derecho a reunirse pacíficamente. Llamo al gobierno y a los empleadores para que respeten estos derechos fundamentales y entablen un diálogo serio con sindicatos y trabajadores”, expresó.
Se refirió a los próximos procesos electorales nacionales -elección presidencial prevista para 2024 y parlamentaria para 2025-, los cuales “deben ser transparentes, inclusivos y participativos”.
“Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”, dijo Türk.
Expuso que “las alegaciones sobre obstáculos a la libre participación en los asuntos políticos, incluida la inhabilitación administrativa de miembros de la oposición para ocupar cargos, deben abordarse con carácter de urgencia”.
Los grupos de oposición al presidente Nicolás Maduro preparan una elección primaria para seleccionar a su abanderado en octubre, pero sobre varios aspirantes, incluida quien actualmente encabeza las encuestas, María Corina Machado, pesan inhabilitaciones para postularse a cargos públicos de elección popular.
Esos vetos fueron dispuestos por un órgano administrativo, la Contraloría General de la República -en manos del oficialismo como el resto de los poderes-, a contravía de disposiciones de la Constitución y de órganos interamericanos según las cuales solo sentencias judiciales firmes pueden producir esas inhabilitaciones.
Türk dijo que “sigo preocupado por la supuesta criminalización, por las amenazas, e incluso asesinatos, de líderes campesinos por defender los derechos a la tierra o denunciar la corrupción”.
También “continuamos documentando amenazas e intimidación por parte de grupos armados y criminales no estatales contra defensores indígenas que protegen su territorio del narcotráfico y la minería”, agregó.
Según denuncias de organizaciones indígenas y ambientalistas, miles de mineros ilegales, con soporte de bandas armadas, incluidas columnas de irregulares colombianos, depredan extensas áreas del sur de Venezuela, hábitat de más de 20 pueblos originarios, y prosperan allí otros delitos, como el narcotráfico.
Por otra parte, Türk reconoció que “las sanciones sectoriales continúan exacerbando los desafíos de derechos humanos del país, y afectan los derechos de los venezolanos y las venezolanas, incluido su acceso a medicamentos y atención médica adecuada. Es necesario levantarlas”.
En los últimos cinco años Estados Unidos, y en menor medida la Unión Europea y Canadá, han impuestos sanciones sobre autoridades civiles y militares de Venezuela, y sobre las transacciones de entidades financieras y petroleras estatales.
En el lado positivo de su informe, el alto comisionado reconoció el compromiso de Venezuela con su oficina, y las facilidades a sus funcionarios para que visitasen cárceles civiles y militares en el país sudamericano.
También elogió la cooperación prestada por la Fiscalía General de Venezuela para sus trabajos y apreció la sentencia del pasado marzo con la que el Tribunal Supremo de Justicia despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en el Código de Justicia Militar.
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