BULAWAYO, Zimbabue – Zimbabue celebrará unas cruciales elecciones generales del 23 de agosto en medio de una creciente preocupación por los derechos humanos y la libertad de prensa, debido a actuaciones que según los analistas podría socavar las condiciones para unos resultados electorales indiscutibles.
Los abogados que representan a activistas políticos de la oposición no se han librado de las agresiones de la policía y de supuestos simpatizantes del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (Zanu PF), mientras que los comicios se acercan a la par que las críticas condiciones económicas empeoran día a día.
En enero, Kudzayi Kadzere, abogado de derechos humanos, recibió una paliza de la policía y le rompieron un brazo tras concurrir a una comisaría de la capital, Harare, para representar a simpatizantes de partidos políticos de la oposición detenidos. La policía le acusó de ser una «perturbación criminal».
A principios de julio, las fuerzas de seguridad del país agredieron presuntamente a Obey Shava, abogado de derechos humanos que ha representado a varios funcionarios de la opositora Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC) y a otras víctimas de abusos contra los derechos humanos. Unos desconocidos le rompieron las piernas.
Sin embargo, la CCC, la principal oposición política del país, liderada por Nelson Chamisa, se apresuró a señalar a activistas del partido gobernante y a la policía secreta del país como responsables del ataque a Shava.
La CCC ha sido favorita en los sondeos de opinión en esta y anteriores elecciones para ganarlas, pero sin conseguirlo, mientras la Zanu PF se mantiene en el poder desde que el país logró su independencia 1980, primero con el ya fallecido Robert Mugabe, hasta su forzada destitución por golpe militar en 2017, y desde entonces Emmerson Mnangagwa, candidato a la reelección.
Los incidentes contra defensores de derechos humanos y opositores han suscitado una condena generalizada dentro y fuera de Zimbabue, a medida que avanza la campaña electoral para unos comicios que se consideran cruciales para el futuro de este país del sur de África, de más de 15 millones de personas.
A principios de este mes, el Parlamento británico expresó su preocupación por lo que se considera un deterioro de las condiciones de los derechos humanos en Zimbabue antes de los comicios.
«Lo que estamos viendo en este ciclo electoral es lawfare o la instrumentalización de la ley», afirmó Ringisai Chikohomero, analista del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) de Pretoria, una de las capitales de Sudáfrica.
«Esto ha conducido a muchos enjuiciamientos y persecuciones, y lo que ha hecho es crear una atmósfera de miedo porque puedes estar encarcelado durante mucho tiempo sin ir a juicio», dijo Chikohomero a IPS.
Las organizaciones de derechos humanos afirman que hay casi un centenar de presos políticos encarcelados, y recuerdan que, por el ejemplo, el exlegislador de la oposición Job Sikhala lleva más de un año entre rejas, acusado de obstrucción a la justicia.
Amnistía Internacional ha condenado la larga detención de Sikhala.
Flavia Mwangovya, directora adjunta del Programa Regional para África Oriental y Meridional de Amnistía Internacional, declaró en mayo que «en Zimbabue se está produciendo una preocupante restricción del espacio cívico, con crecientes intentos de perseguir a cualquiera que se atreva a expresarse libremente».
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La recta final de la campaña electoral avanza en medio de una escalada de dificultades económicas, en la que el presidente Mnangagwa acusa al sector empresarial de sabotear deliberadamente la economía para avivar el sentimiento antigubernamental.
Mnangagwa ha utilizado los actos de la campaña electoral y las cuñas de radio y televisión para denunciar la violencia y hacer un llamamiento a unas elecciones pacíficas, pero los defensores de los derechos humanos han cuestionado los continuos abusos contra los derechos humanos a pesar de su condena desde el más alto cargo del país.
«El reto que plantean las condiciones preelectorales es si se puede demostrar que ha habido violaciones sistemáticas de los derechos humanos», afirmó Piers Pogue, analista del International Crisis Group.
«Aunque van a venir observadores internacionales de la UE (Unión Europea), está bastante claro que seis semanas antes de las elecciones no supone una observación a largo plazo», dijo Pogue a IPS.
La policía ya ha prohibido o impuesto condiciones estrictas para las concentraciones políticas de la oposición, como la prohibición de corear eslóganes, lo que prepara el terreno para posibles enfrentamientos y batallas campales entre los simpatizantes de los diversos partidos, como ya ha ocurrido en elecciones anteriores.
Sin embargo, los analistas afirman que es necesario que el país deje atrás las continuas disputas sobre los resultados de los comicios, y una de las recomendaciones es contar con equipos de observadores a largo plazo de grupos como la Unión Africana (UA) y la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC).
«Lo ideal sería que la UA y la SADC hubieran desplegado equipos de observadores a más largo plazo. Hemos visto en el pasado que sólo las misiones de larga duración consiguen entender las condiciones electorales», afirmó Pigou.
A su juicio, las diferencias entre las misiones de observadores de larga y corta duración ponen de manifiesto las contradicciones de cómo se evalúan las condiciones electorales».
Las elecciones de Zimbabue han acaparado durante años los titulares regionales e internacionales tras las sucesivas y controvertidas victorias del partido Zanu PF en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas durante décadas.
Con 11 candidatos presidenciales en las elecciones generales de agosto, el escenario podría estar preparado para otro resultado electoral controvertido y poco creible.
Mientras tanto, la la católica Conferencia Episcopal de Zimbabue se ha sumado a la preocupación por las condiciones preelectorales, haciendo un llamamiento a los votantes para que ejerzan su derecho democrático al voto.
«No os dejéis intimidar, coaccionar o manipular para votar en contra de vuestra voluntad. Rechazad ser utilizados en ataques violentos contra vuestros hermanos y hermanas», exhortaron los obispos católicos el 9 de julio.
Los obispos también hicieron un llamamiento a los servicios de seguridad del país, acusados desde hace tiempo de estar al servicio del partido gobernante, para que mantengan la ley y el orden sin tomar partido.
«A los miembros del sector de la seguridad, les pedimos que trabajen para mantener la paz y la justicia y que todos los autores de violencia política rindan cuentas», dijeron los integrantes de la instancia que agrupa a la curia de la Iglesia católica en Zimbabue.
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