BRATISLAVA – Un nuevo informe mundial, publicado el jueves 13, ha puesto de relieve cómo la continua criminalización y marginación de las poblaciones clave está obstaculizando los esfuerzos para acabar con la epidemia de VIH/sida.
El informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), titulado “El camino que pone fin al sida”, afirma que acabar con el sida es una decisión política y financiera, y que en los países donde las respuestas al VIH han estado respaldadas por políticas sólidas y un liderazgo en la materia, se han logrado resultados extraordinarios.
Señala que hay Estados de África oriental y meridional que ya han alcanzado objetivos clave para detener la propagación del VIH y proporcionar tratamiento a las personas infectadas. También asegura que otros 16 países, ocho de ellos del África subsahariana, donde vive 65% de las personas seropositivas, están a punto de conseguirlo.
Pero el informe también se centra en el devastador impacto que sigue teniendo el VIH/sida y en cómo el alarmante aumento de nuevas infecciones en algunos lugares se debe en gran medida a la falta de servicios de prevención del VIH para las poblaciones marginadas y claves para el control de la pandemia, así como a las barreras que suponen las leyes punitivas contra esos colectivos y su discriminación social.
“Los países que dan prioridad a las personas y las comunidades en sus políticas y programas ya están liderando el camino para acabar con el sida en 2030, afirmó la directora ejecutiva de Onusida, Winnie Byanyima, una política y activista ugandesa que está en el cargo desde 2019.
Los expertos y grupos que trabajan con poblaciones clave llevan tiempo advirtiendo del efecto muy negativo para controlar la epidemia de sida que la estigmatización, persecución y criminalización de grupos clave entre los afectados.
Señalan cómo las leyes punitivas pueden impedir que muchas personas accedan a servicios vitales relacionados con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH.
En Uganda se aprobó a principios de año una legislación contra la comunidad LGBTIQ que se considera una de las más duras jamás aplicadas (incluye la pena de muerte para algunos delitos). Desde entonces, el uso de los servicios para detectar y tratar el VIH ha disminuido drásticamente en el país, indican los grupos que trabajan allí con personas seropositivas.
“La ley ha tenido un efecto muy negativo en términos de salud”, dijo a IPS un trabajador del servicio de salud de la comunidad LGBTIQ de Uganda, que también forma parte de la organización de defensa de personas seropositivas Icebreakers.
Detalló desde Kampala, la capital, que “los miembros de la comunidad se ven amenazados por la violencia y los abusos del público; muchos tienen miedo de salir. Los puntos de acceso a los servicios de VIH son vistos ahora por los miembros de la comunidad LGBTIQ como lugares donde serán arrestados o atacados”.
Hablando bajo condición de anonimato, el trabajador añadió: “Esto va a afectar al seguimiento del tratamiento y será malo para la propagación del VIH”.
“Algunas personas están siendo rechazadas en los centros de servicios, incluidos los lugares a los que se acude para reponer los antirretrovirales, que necesitan los seropositivos para mantener controlado el virus.
El gobierno ugandés ha asegurado que el tratamiento continuará para las personas LGBTIQ, pero aun así “en algunos centros hay personas que dicen que la ley ya ha sido aprobada y que, por lo tanto, no necesitan administrar tratamiento a los miembros de la comunidad”, detalló.
Los grupos que trabajan con personas seropositivas en otros países donde se han introducido leyes estrictas contra la comunidad LGBTIQ también han advertido de que la criminalización de esta minoría no hará sino empeorar los problemas de la enfermedad.
En Rusia, que padece una de las peores epidemias de VIH/sida del mundo, la legislación contra el colectivo LGBTIQ promulgada en 2022 ha ilegalizado de hecho el trabajo de divulgación, lo que podría afectar gravemente a la prevención y el tratamiento del VIH.
El rechazo generalizado que con estas medidas se impulsa hacia el colectivo también obliga a muchas personas LGBTIQ que viven con el VIH a mentir a los médicos sobre cómo contrajeron la enfermedad, lo que significa que la epidemia no se está combatiendo adecuadamente.
Un trabajador de una oenegé con sede en Moscú que ayuda a personas con VIH dijo a IPS desde la capital rusa: “Lo que esto significa es que los grupos correctos de la sociedad no están siendo atacados (con medidas para prevenir el crecimiento de la epidemia), y por eso la epidemia en Rusia es lo que es hoy”.
La severidad de la legislación, las políticas conservadoras y la estigmatización tolerada por el Estado también afectan a otra población clave: los consumidores de drogas.
En los países de regiones donde el consumo de drogas es el motor principal o significativo de la epidemia, como Europa oriental, Asia central y Asia-Pacífico, los consumidores de drogas suelen tener dificultades para acceder a los servicios para prevenir y reducir el VIH.
Las personas con drogadicción temen ser detenidas en los puntos de intercambio de agujas, o ser atacadas por la gente, que a menudo los ve de forma negativa, y sufrir prejuicios y estigmatización por parte de los trabajadores del sistema sanitario.
Al mismo tiempo, en los Estados con leyes severas contra la comunidad LGBTIQ, los consumidores de drogas, los profesionales del sexo u otros grupos vulnerables e incluso las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a esos grupos, también se ven afectadas por la legislación.
El resultado es que los servicios vitales de prevención y tratamiento del VIH que prestan se ven obstaculizados o interrumpidos por completo.
Y estos problemas no se limitan a un puñado de Estados.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
El informe de Onusida señala que las leyes que penalizan a las personas de grupos de población clave o sus comportamientos siguen vigentes en gran parte del mundo.
La gran mayoría de los países (145) siguen penalizando el consumo o la posesión de pequeñas cantidades de drogas, las de dosis de consumo peronal.
Además, 168 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual, 67 países penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, 20 países penalizan a las personas transexuales y 143 países penalizan o persiguen de una u otra forma la exposición, la no revelación o la transmisión del VIH.
En consecuencia, la pandemia del VIH sigue afectando más a las poblaciones clave que a la población general.
En 2022, en comparación con los adultos de la población general (entre 15 y 49 años), la prevalencia del VIH era 11 veces mayor entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, cuatro veces mayor entre los y las profesionales del sexo, siete veces mayor entre las personas que se inyectan drogas y 14 veces mayor entre las personas transexuales.
Ann Fordham, directora ejecutiva del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, dijo a IPS que era urgente acabar con la criminalización de las poblaciones clave en el contagio de VIH.
“Los datos muestran que la prevalencia del VIH entre las personas que consumen drogas es siete veces superior a la de la población general, y esto puede atribuirse directamente a las leyes punitivas sobre drogas que fomentan el estigma y aumentan la vulnerabilidad al VIH”, adujo.
Para la activista, “es devastador que, a pesar de las pruebas de que estas políticas son profundamente perjudiciales, la mayoría de los países sigan penalizando el consumo de drogas o la posesión de pequeñas cantidades de drogas”.
Pero no solo las minorías se ven desproporcionadamente afectadas por el VIH.
Según el informe, en 2022 se infectaron por el VIH cada semana en todo el mundo 4000 mujeres jóvenes y niñas.
El problema es especialmente grave en la región del África subsahariana, donde faltan programas específicos de prevención del VIH para adolescentes y mujeres jóvenes y donde, en seis países con una elevada tasa de estos casos, las mujeres expuestas a violencia física o sexual por parte de su pareja en el año anterior tenían 3,2 veces más probabilidades de haber contraído el VIH que las que no habían sufrido ese tipo de violencia.
La investigación de Onusida ha sugerido que los factores biológicos, socioeconómicos, religiosos y culturales están detrás de este riesgo desproporcionadamente alto de contraer el VIH.
Muchas niñas y mujeres jóvenes de la región están económicamente marginadas y, por tanto, tienen dificultades para negociar el uso del preservativo y la monogamia. Mientras tanto, una cultura predominantemente patriarcal exacerba las desigualdades sexuales.
“Para las niñas y mujeres de África, son las desigualdades generales las que impulsan esta pandemia. Son las normas sociales las que no equiparan a hombres y mujeres, niñas y niños; son las normas las que toleran la violencia sexual, cuando se obliga a una niña a mantener relaciones sexuales sin protección, y eso se trata discretamente en lugar de enfrentarse al agresor”, afirmó Byanyima en la presentación del informe.
Los responsables de Onusida afirman que promover la igualdad de género y hacer frente a la violencia sexual y de género marcará la diferencia en la lucha contra la propagación de la enfermedad, pero añaden que también son importantes las medidas específicas dirigidas a mujeres jóvenes y niñas, y no sólo en el África subsahariana.
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Los servicios de salud sexual y reproductiva «no están diseñados para las mujeres jóvenes en muchas partes del mundo; por ejemplo, en algunos países las niñas no pueden acceder a las pruebas o al tratamiento del VIH sin el consentimiento de sus padres hasta una determinada edad, dijo a IPS el asesor principal sobre epidemiología de Onusida, Keith Sabin.
«La falta de educación sexual integral es una barrera tremenda en muchos lugares. Ayudaría mucho a mejorar el potencial de buena salud entre las niñas», añadió.
Aunque el informe destaca las barreras a las que se enfrentan las poblaciones clave, también muestra cómo su eliminación puede mejorar significativamente las respuestas al VIH.
Cita ejemplos de países de África, Asia y América Latina en los que las políticas basadas en pruebas, las respuestas ampliadas y los programas de prevención específicos han reducido las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida.
Algunos gobiernos de esas regiones del Sur también han integrado la lucha contra el estigma y la discriminación en las respuestas nacionales al VIH.
Onusida también destaca que el progreso en la respuesta mundial al VIH se ha visto reforzado al garantizar que los marcos jurídicos y políticos permiten y protegen los derechos humanos, destacando varios países que eliminaron leyes perjudiciales en 2022 y 2023, incluidos algunos que despenalizaron las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
«Los estudios sugieren claramente una mejor aceptación de los servicios entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) en los países donde la homosexualidad se ha despenalizado o está menos penalizada», dijo Sabin.
Son medidas que confirman, añadió, que «un determinado entorno político puede mejorar la aceptación de los servicios relacionados con el VIH) y los resultados» en contener la epidemia.
En el informe, Onusida hace un llamamiento a los líderes políticos de todo el mundo para que aprovechen la oportunidad de acabar con el sida invirtiendo en una respuesta sostenible al VIH, que incluya la eliminación efectiva de los obstáculos a la prevención y los servicios a los que se enfrentan las poblaciones clave.
Los expertos y activistas coinciden en que esto será crucial para acabar con la epidemia mundial.
«Sabemos desde hace tiempo que no acabaremos con el sida si no eliminamos estas leyes y políticas represivas que afectan a las poblaciones clave», afirmó Fordham.
A su juicio, «Onusida vuelve a dar la voz de alarma y hace un llamamiento a los gobiernos para que refuercen la voluntad política, sigan las pruebas y se comprometan a eliminar las barreras estructurales y sociales que obstaculizan la respuesta al VIH».
T: MF / ED: EG
