BLANTIRE, Malaui – Ubicado entre dos montañas muy deforestadas, el asentamiento de Nakadanga en el distrito de Machinga, en el sureste de Malaui, parece que no tiene vida.
Está aislado de todas las demás comunidades originarias del área. Aquí, las casas están hechas de ladrillos de barro y tienen techo de paja. No hay fuente de agua potable en la zona. No hay colegio cerca, ni centro de salud ni tiendas de comestibles.
Cuando los miembros del fideicomiso se reunieron para hablar con IPS en junio, una de las características más destacadas entre ellos fue que había más bebés y niños de lo que cabría esperar.
“Aquí proliferan los matrimonios precoces”, dijo una de las mujeres, Merika Kapachika.
“No hay ningún lugar donde nuestros hijos puedan aprender sobre los peligros de los matrimonios y embarazos precoces. En las casas no hay mucho que hacer”, añadió.
Kapachika se encuentra entre las personas que se trasladaron a la zona en 2006 en el marco de un programa de reasentamiento de tierras del gobierno.
Entre 2004 y 2011, el Ministerio de Tierras implementó el Proyecto de Desarrollo de Tierras Rurales de Base Comunitaria con apoyo financiero del Banco Mundial.
El proyecto implicó trasladar lo que describió como “familias pobres, sin tierras y sin seguridad alimentaria” de los distritos de cultivo de té de Thyolo y Mulanje, en la región del Sur, a cuatro distritos de la región del Este: Mangochi, Machinga, Balaka y Ntcheu.
Allí, la gente fue reubicada en tierras que el gobierno había adquirido de los propietarios de las haciendas. Los beneficiarios se organizaron en comunidades de reasentamiento denominadas fideicomisos, como el de Nakadanga.
Cuando finalizó el proyecto en 2011, se habían trasladado más de 15 000 familias en este pequeño país del sureste de África sin salida al mar, uno de los menos adelantados del mundo, dividido en 27 distritos y con unos 19 millones de habitantes, que viven mayormente de la agricultura, y donde Blantire es su segunda ciudad en importancia y considerada la capital del Sur y el Este.
El Proyecto de Informe de Resultados y Finalización de la Implementación del Banco Mundial, con fecha del 30 de marzo de 2012, dice que el programa logró «totalmente» sus objetivos de desarrollo.
Añade que el programa logró aumentar tanto los ingresos como la productividad agrícola de las familias rurales que se mudaron.
Según el informe, los ingresos de las familias reubicadas se habían multiplicado por seis; los rendimientos de maíz y tabaco alcanzaron un nivel promedio de 50 a 60 % más alto en comparación con las comunidades de las áreas circundantes.
Precisa que los rendimientos promedio de maíz y tabaco multiplicados por 4 y 2,6 respectivamente respecto a la situación anterior de los hogares reubicados.
“En base a los prometedores resultados de esta experiencia piloto de adquisición y redistribución de tierras para pequeños agricultores, el gobierno de Malaui está dispuesto a ampliar el enfoque a todo el país con el objetivo de reasentar al menos 100 000 hogares”, dice una parte del informe.
Sin embargo, evaluaciones alternativas exponen las dificultades sociales y económicas que han sufrido los beneficiarios.
Por ejemplo, un estudio del proyecto publicado e 2015 en la Revista Sudafricana de Extensión Agropecuaria (South African Journal of Agriculture Extension) halló que las comunidades reubicadas enfrentaron mayores dificultades para acceder a insumos agrícolas, crédito, mercados y servicios de extensión para apoyar su producción agrícola y acceso a servicios sociales.
“Como consecuencia, la seguridad alimentaria y de ingresos de los hogares se deterioró después de la eliminación gradual del proyecto en 2011”, dice el estudio.
En los seis fideicomisos visitados por IPS en los distritos de Machinga y Mangochi, donde se reasentó a 90 % de las 15 000 familias trasladadas prevalecen las historias de arrepentimiento.
Mary Yalale se mudó del distrito de Mulanje en 2007 y se reasentó en Mangochi. Inicialmente, parecía un reasentamiento prometedor. La gente finalmente tuvo suficiente tierra para cultivar. Se dieron cuenta de una buena cosecha en los primeros años.
“Sin embargo, no teníamos mercados para vender parte de nuestros productos a cambio de dinero para cubrir otras necesidades. Los vendedores se aprovechaban. Invadían el área, compraban nuestros productos a precios de explotación, sabiendo que no podíamos llevarlos a nuestros propios mercados donde podríamos ganar mejores precios”, dijo Yalale, del fideicomiso Kuma.
Hoy, dijo, son tan pobres que algunos sobreviven a destajo en las casas de las comunidades originarias.
“Nuestra tierra se ha degradado porque ahora estamos recurriendo a los bosques para producir carbón y leña, que nuestros esposos llevan al pueblo para ganar dinero”, añadió.
“Hasta ahora, todavía no tenemos buenas relaciones con las comunidades originarias. Dicen que tomamos la tierra que les correspondía a ellos. Somos marginados. El gobierno no nos da abono barato como a los demás. Nos sentimos tontos por haber accedido a venir”, se lamentó.
En el fideicomiso Bweya, también en el distrito de Machinga, hay una escuela en un terreno de casi una hectárea.
El presidente del fideicomiso, Sowani Saidi, quien también es presidente de todos los fideicomisos de personas reubicadas de los dos distritos sureños, dijo que no fue por una acción del gobierno que lograron tener una escuela en el área.
“Nos mudamos aquí en 2007. Nos ha llevado más de 10 años de lucha con el consejo del distrito para que tengamos esta escuela aquí. Moldeábamos ladrillos y recogíamos arena para que nuestros hijos tuvieran una escuela”, dijo.
Puede que ahora tengan la escuela, pero están luchando para que el gobierno construya las casas de los maestros, lo que hasta ahora no han logrado.
Muchos de ellos se encuentran en el centro de comercio de la zona, a unos 10 kilómetros de distancia.
“Así que la mayoría no vienen la mayor parte del tiempo. No pueden caminar, o gastan mucho en alquilar motos para presentarse a trabajar. Cuando es época de lluvias, muchos días no hay clases porque no vienen los profesores. Le hemos estado pidiendo al gobierno que construya las casas, pero no tenemos respuesta”, dijo.
IPS se comunicó con el Ministerio de Tierras, que implementó el programa, para obtener sus comentarios sobre estas inquietudes. Pero su portavoz, Enock Chingoni, no respondió hasta la publicación de este reportaje.
Sin embargo, altos funcionarios de los consejos de los distritos de Mangochi y Machinga, que hablaron bajo condición de anonimato ya que no están autorizados a hacerlo oficialmente, dijeron que el proyecto no incluía actividades integradas de desarrollo social y económico.
El plan era que una vez que las personas se reasentaran, otro programa gubernamental, el Fondo de Acción Social de Malaui (Masaf), que también fue financiado por el Banco Mundial, brindaría servicios públicos.
“Sin embargo, Masaf no cumplió”, dijo un funcionario que formó parte de la implementación del programa en 2010 en el distrito de Mangochi.
Masaf, un producto de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de Malaui, estaba destinado a garantizar la reducción de la pobreza a través de actividades implementadas por los consejos locales bajo la política de descentralización. Pero la descentralización en sí misma generalmente se considera fallida hasta el momento.
“Hasta ahora, el gobierno central todavía controla gran parte del trabajo. Estamos en el lado receptor de la mayoría de sus decisiones”, dijo el funcionario que pidió no dar su nombre.
Cuando se le preguntó si el consejo tiene alguna intervención específica en las comunidades reasentadas, dijo que no hay ninguna.
“Sí, tenemos planes de desarrollo como consejo; pero tratamos a esas personas como cualquier otra persona. No va a haber ningún desarrollo específico para ellos. Al menos no del gobierno”, dijo el funcionario.
Gift Trapence, presidente de la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos (HRDC, en inglés), una organización local, criticó al proyecto por no considerar los servicios sociales como un componente central en su implementación.
“Tales proyectos no deben ser caldo de cultivo para la pobreza. Más bien deberían empoderar a los ciudadanos social y económicamente”, dijo Trapence.
Instó al gobierno a evaluar los asentamientos y elaborar un plan de acción para abordar los desafíos de acceso a los servicios públicos que enfrentan.
Pero en el fideicomiso de Nakadanga, en el distrito de Machinga, la pobladora Kapachika subrayño que ya no están interesados en este tipo de intervenciones.
“Llevamos más de 10 años aquí. Todo el tiempo, el gobierno ha sabido que estamos sufriendo; no ha hecho nada”, dijo.
“Lo que queremos ahora es que nos lleven de regreso a donde nos desarraigó”, sintetizó.
“Allí teníamos centros de salud. Teníamos buenos caminos y mercados. No teníamos que esperar a que nuestros hijos cumplieran 8 años para que comenzaran la escuela primaria. Estábamos dando a luz a nuestros bebés en hospitales, no en el monte. El gobierno debería llevarnos de regreso a nuestras aldeas”, insistió.
T: MLM / ED: EG
