MÉXICO – Cuando la empresa forestal privada mexicana Proteak Uno lanzó en 2014 el proyecto de forestación Fresh Breeze para compensar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante bonos de carbono en tres estados de México, lo pintó como una contribución al cuidado ambiental y la restauración del hábitat.
Pero nueve años después, los resultados obtenidos generan dudas en un país notoriamente atractivo para las empresas que intervienen en estos créditos.
La calificadora BeZero Carbon, con sede en Londres, le otorgó una valoración de AA-, que representa “una probabilidad moderada” de que se logre una tonelada de dióxido de carbono (CO2) evitada o removida de la atmósfera por cada crédito emitido.
El CO2 y otros cinco GEI son los responsables del recalentamiento planetario y la reducción de sus emisiones es la clave para contener la crisis climática. Dentro de los instrumentos para lograrlo están los bonos para mitigarlas o compensarlas.
Además, refleja una “adicionalidad” baja debido a otras fuentes de ingreso existentes y dependencia limitada de financiamiento para su ejecución (por la capacidad económica de la empresa), además del riesgo de fuga de carbono debido a la potencial actividad ganadera cercana.
En el mercado de créditos climáticos se denomina adicionalidad al extra en la mitigación que el sistema de bonos aporta a lo que hubiera ocurrido sin cada proyecto.
La iniciativa Fresh Breeze duraría hasta 2053 y consiste en la siembra de plantaciones de teca (Tectona grandis) para la obtención de productos madereros y el secuestro de carbono en los estados de Chiapas (sur), Tabasco (sureste) y Nayarit (noroeste).
“Los bonos no han cumplido con el objetivo primordial de reducir las emisiones, es una forma en que las empresas tratan de justificar su contaminación, pues las emisiones han seguido aumentando. No han sido herramienta efectiva”: Vania López.
La empresa calculó una emisión media anual de 52 573 títulos, para un total de 4,66 millones durante el periodo de operación. Desde 2017, ha colocado 1,03 millones de certificados de reducción, entre cuyos compradores aparecen las transnacionales petroleras Eni (italiana) y BP (británica), además de la del cemento Holcim (Suiza).
Por el CO2 equivalente atrapado y almacenado, los propietarios forestales pueden emitir certificados para su venta en mercados nacionales e internacionales a corporaciones y particulares nacionales o internacionales que quieren reducir sus emisiones contaminantes.
Empresas e individuos pueden comprar estos bonos de emisiones reducidas en lo que se conoce como el mercado voluntario de carbono para compensar (offset, en inglés) sus emisiones de GEI: cada bono representa la eliminación de una tonelada métrica de carbono de la atmósfera.
Cada compensación debe ser verificable, permanente y adicional en su captura de CO2.
Emilio Godoy / IPS
Cuestionamientos
El esquema del mercado voluntario del carbono surgió durante la aplicación del Protocolo de Kioto, vigente entre 2005 y 2020, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Supuso reducciones obligatorias para los países industriales pero no para las naciones en desarrollo y buscaba también transferencias de financiamiento y tecnología del Norte al Sur global.
Generalmente, los emisores de certificados se ubican en los países del Sur y los compradores, en el Norte. En medio, han surgido constructores de proyectos y vendedores de bonos, catalogados de los nuevos “villanos” del negocio y que más tajada se llevan.
Los críticos del esquema señalan que vende aire y traslada el CO2 de un sitio a otro, pues en lugar de reducir emisiones, las compensa por lo que se envía a la atmósfera.
Los proyectos forestales, tanto en México como en otros países, enfrentan la cotización baja de los bonos de carbono y que repercute en bajos ingresos. El proceso de compensación cuesta dinero, toma tiempo y requiere de costosa intermediación. Bonos provenientes de proyectos de ecosistemas terrestres cotizaban a 2,63 dólares el jueves 13 en el mercado voluntario internacional.
Lucio López valoró con cautela los créditos desde su experiencia en Nuevo Bécal, un ejido del suroriental estado de Campeche. El ejido es una modalidad colectiva de tenencia de la tierra y explotación agraria propia de este país latinoamericano con 128 millones de habitantes.
“Los bonos son complejos para nosotros. Toman mucho más tiempo, pero es una oportunidad de desarrollo comunitario”, dijo a IPS desde la localidad de Calakmul.
El territorio, integrado por 84 ejidatarios, tiene 52 800 hectáreas, de las cuales 10 000 están bajo manejo forestal. Con el proyecto de bonos, el plan es que esa superficie suba a 45 000 hectáreas.
Nuevo Bécal firmó en 2022 un convenio para la captura de carbono por 30 años, el máximo permitido por la ley agraria, con la empresa privada mexicana Zere, dedicada al desarrollo de proyectos.
“Los bonos son complejos para nosotros. Toman mucho más tiempo, pero es una oportunidad de desarrollo comunitario”: Lucio López.
“Están en la fase de desarrollo del proyecto. Buscamos ser el desarrollador y que así el porcentaje para la empresa sea menor. Con toda la superficie, se vuelve muy atractivo. Escuchamos que algunos ejidos se quejan, porque el porcentaje (a pagar a la empresa desarrolladora) es alto”, explicó López, quien ha sido responsable del cumplimiento de los acuerdos en asamblea.
Las zonas forestales del ejido conservan entre uno y 1,5 millones de toneladas de CO2. La proyección avista cinco toneladas por hectárea, a un precio aún por determinar. Por las capacidades existentes, el ejido ofreció el pago de 15 % de las ventas futuras por la inversión que Zere desembolsará en el desarrollo del proyecto.
México tenía 34,85 millones de hectáreas de bosque en 2021, equivalente a 17 % de su territorio, según cifras de la gubernamental Comisión Nacional Forestal (Conafor). Ejidos y comunidades poseían 70 millones de hectáreas de superficie arbolada, donde vivían casi 12 millones de personas.
Las tierras forestales del país capturaban ese año 188 millones de toneladas de CO2. El país perdió 208 850 hectáreas anuales en el periodo 2001–2021.
A tientas
La Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha intentado el ordenamiento del mercado voluntario de carbono.
En octubre de 2022, Semarnat y las firmas internacionales estandarizadoras de bonos Climate Action Reserve, Verra y Fundación Plan Vivo firmaron un memorando destinado a atenuar las irregularidades.
Dentro del mercado voluntario de bonos, las llamadas estandarizadoras, mayormente situadas en el Norte industrial, tienen la función de validar la metodología usada para el diseño de las iniciativas y las mediciones de reducciones, y sus lineamientos se han convertido en el modelo internacional, a falta de regulaciones amparadas por la CMNUCC.
Además, ha frenado el desarrollo de proyectos que involucran a entidades gubernamentales.
En un oficio de septiembre de 2022, consultado por IPS, el comisionado nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Adrián Peña, resaltó que los bonos no están regulados por la legislación mexicana y ordenó la abstención de contacto de sus funcionarios con las empresas que los desarrollan, comunidades, propietarios privados e intermediarios en relación con esos proyectos.
Otro documento de abril tiene el mismo tono, pues el director del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Agustín Ávila, ordenó a todas las dependencias ambientales frenar las iniciativas del mercado voluntario, hasta que no haya regulación, y asesorar a comunidades y pueblos indígenas para no firmar contratos, hasta tener toda la información del emprendimiento.
Con esas directrices de autoridades y climática mexicanas se obliga a ralentizar los planes sobre los bonos voluntarios, después de que la Conafor entregó 403 000 dólares para atrapar CO2 sobre 33 774 hectáreas en 2021.
Además, hay proyectos de certificados que se desarrollan en áreas protegidas. Entre ellos están el Taab Ché (manglar, en maya), en el área de protección de Yum Balam, con 7027 hectáreas, e Isla Cozumel, con 3052 hectáreas. Las dos áreas se ubican en la suroriental península de Yucatán y están bajo jurisdicción de la Conanp.
Las directrices ponen también barreras a los estados de Jalisco (oeste), que considera siete iniciativas forestales, y Quintana Roo (sureste, con nueve), que buscan la promoción de proyectos de títulos, según documentos consultados por IPS.
En enero debía comenzar a funcionar el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), que abarca las empresas industriales y de energía que emiten al menos 100 000 toneladas de CO2, pero se ha retrasado por la falta de reglamento, en una violación a la ley climática.
Creado por la Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012, y luego de un programa piloto de dos años y medio, el SCE involucra a 282 empresas, cuya identidad se desconoce, con un total de 227,75 millones de bonos en movimiento.
Conafor calcula que 10 % de compensaciones del mercado voluntario requeriría de 250 proyectos forestales con un promedio de 10 000 toneladas de CO2 por emprendimiento.
Pero Semarnat no concluye aún las reglas del mercado.
El borrador, obtenido por IPS, propone la creación del Registro Nacional de Proyectos o Actividades de Mitigación del Mercado Voluntario de Carbono, directrices para el fomento de buenas prácticas en la transferencia de la titularidad de las emisiones y criterios de transparencia, justicia climática y social, así como de ética ambiental.
Para ello, plantea consultas previas al diseño del proyecto, libre de injerencias y con información completa sobre la iniciativa, basadas en un Protocolo de Protección a los Derechos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables.
Pero esto puede chocar con las asambleas ejidales que votan sobre un proyecto, un mecanismo interno de esos ordenamientos.
Negocios
Para Vania López, académica de la Facultad de Economía de la pública Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los bonos son instrumentos financieros para tratar de compensar o reducir las emisiones a la atmósfera y que no reflejan el valor integral de los árboles.
“No han cumplido con el objetivo primordial de reducir las emisiones, es una forma en que las empresas tratan de justificar su contaminación, pues las emisiones han seguido aumentando. No han sido herramienta efectiva”, aseguró a IPS desde la ciudad de Puebla, en el centro del país.
Las estandarizadoras de bonos enfrentan críticas por su baja contribución a la reducción de la contaminación, complicidad en blanqueo ecológico (greenwashing, en inglés) de las empresas y tolerancia a la violación de derechos socioambientales.
La Iniciativa de Calidad de Créditos de Carbono -de las internacionales y no gubernamentales Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, Fondo Mundial para la Naturaleza e Instituto Oeko- concluyó que los bonos emitidos en México bajo el Estándar Verificado de Carbono (VCS, en inglés), de la estandarizadora Verra, tienen varios problemas
Entre ellos: una probabilidad muy baja de cumplir con los requisitos de calidad en la disminución de emisiones, la permanencia de esos recortes y el abordaje de efectos socioambientales.
Valoró positivamente la ayuda a la transición hacia emisiones cero netas (la emanación iguala a la anulación de la contaminación), el impedimento de la doble contabilidad de los créditos (solo un actor de la transacción acredita el carbono) y la presencia de fuertes ordenamientos y procesos institucionales.
También le pueden interesar:
Bosques mexicanos certificados como sostenibles quieren salir del anonimato
El bosque mexicano víctima y solución ante el cambio climático
Comunidades forestales aliadas contra degradación en México
Otra estandarizadora internacional, Gold Standard, recibió una evaluación similar.
El ejidatario López sugirió que la comunidad se apropie de los proyectos.
“Tenemos que trabajar con los desarrolladores para supervisar el proyecto. Se puede mejorar muchas cosas todavía. En nuestro caso, por el manejo forestal y todas las actividades (que realizamos) son sinónimo de calidad”, dijo.
La investigadora López pidió mayor vigilancia de las autoridades.
“Hay que ver la voluntad política y no dejarse presionar por las grandes empresas e instituciones financieras. Semarnat debería dar normatividad sobre los recursos. Y que las instituciones hagan su trabajo, para que haya certeza y transparencia sobre lo que se hace”, planteó.
ED: EG
