RÍO DE JANEIRO – Los niños eran lanzados al aire y heridos con armas blancas. La masacre que se inició a tiros se completó a cuchillazos, para evitar sobrevivientes entre los 244 indígenas de la aldea. La masacre de 1904 marcó al pueblo xokleng y puede decidir el futuro de los pueblos originarios de Brasil.
Se trata de una tragedia emblemática del genocidio sufrido por los indígenas en la historia brasileña. Hubo matanzas más numerosas y recientes, especialmente durante la dictadura militar de 1964 a 1985, pero esa está en centro de un juicio del Supremo Tribunal Federal (STF) que determinará la marcha de las demarcaciones de territorios indígenas en el país.
El juicio tiene una causa específica, el reclamo del gobierno del sureño estado de Santa Catarina, hecho en 2016 a través de su Instituto de Medio Ambiente (IMA), de una parte de la tierra demarcada de los xokleng, para destinarla a una reserva biológica.
Pero el STF reconoció en 2019 que ese proceso tiene repercusión nacional, para todas las demarcaciones de tierras indígenas, porque el reclamo alega la tesis del “marco temporal”, una tesis por la cual los pueblos originarios solo tienen derecho a las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución brasileña vigente y que otorga esas asignaciones territoriales.
El juicio empezó en 2021, con los votos de dos de los 11 jueces del STF, uno contra y otro a favor del marco temporal. Luego se suspendió por el pedido del juez Alexandre de Moraes de más tiempo para analizar el tema. Solo se reanudó ahora, el 7 de mayo, justamente con el voto razonado de Moraes, y volvió a suspenderse el miércoles 7 de junio.
La masacre de 1904 fue parte de sus argumentos contra el marco, como ejemplo del despojo por la violencia a que fueron sometidos los indígenas. Seria “injusto” exigir su presencia en sus tierras tradicionales en una fecha precisa. Los xokleng fueron “forzados a dejarlas para no morir”, arguyó.
Violencias variadas
La Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, donde viven hoy 2300 personas, casi todos del grupo xokleng y algunas familias de los pueblos guarani y kaingang, fue demarcada en 2003 con las 37 000 hectáreas reconocidas como su territorio por el gobierno de Santa Catarina en 1926, según documento oficial en posesión de los indígenas.
Pero en 1965 la dictadura militar había fijado su territorio en solo 14 000 hectáreas. Además, 10 años después ordenó la construcción de represas en la cuenca del río Itajaí, que cruza la región, para contener inundaciones en las ciudades y haciendas río abajo.
En consecuencia inundó exactamente las tierras xokleng y redujo más aún el área donde viven los indígenas, su agricultura y sus carreteras, agravando el aislamiento de sus pobladores. Un estudio antropológico dictó en los años 90 la ampliación del territorio a las 37 000 hectáreas anteriores, cuestionadas por el gobierno local y hacendados que invadieron parte de las tierras
El casi exterminio de ese pueblo originario se hizo conocido por el libro del antropólogo Silvio Coelho dos Santos, “Indígenas y blancos en el sur de Brasil: la dramática experiencia de los xokleng” (Indios e brancos no Sul do Brasil: a dramática experiencia dos xokleng, en portugués), que recoge el registro de la masacre de 1904 en el diario “Novidades”.
Esa tragedia histórica tiene muchos casos similares en Brasil, pero ser conocida y documentada de forma incuestionable debilita el marco temporal, defendido por muchos políticos y hacendados como factor de seguridad jurídica y de reducción de los conflictos en el campo, pero en evidente su disconformidad con la Constitución.
“La inconstitucionalidad básica es que los artículos (sobre indígenas) no tratan del marco temporal y reconocen como ‘originarios’ los derechos territoriales indígenas. Para la Constitución, no hay indígena sin tierra”, explicó a IPS Marcio Santilli, expresidente de la gubernamental Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental.
Gracias al mandato de la Constitución se han demarcado hasta ahora sin establecer ese marco temporal que se aboga ahora 496 tierras indígenas, que suman 13 % del territorio nacional. Y están en distintas fases del proceso 238 áreas más, algunas ya identificadas como indígenas, otros aún en estudio, según el Instituto Socioambiental, que posee un importante banco de datos sobre el tema.
En Brasil, según el censo de 2022, hay 1,65 millones de indígenas, un incremento de 84 % respecto al censo de 2010, aunque representan solo 0,8 % de la población nacional. En el país hay 305 pueblos indígenas que hablan 174 lenguas, según la Funai.
Moraes condenó el marco, pero su voto preocupó a líderes indígenas, por proponer una “indemnización plena” a los propietarios “de buena fe” que ocupan áreas demarcadas. Hasta ahora solo se indemniza las mejoras aportadas y no la tierra en si misma, considerada producto de usurpación.
Conciliación rechazada
“Moraes quiere la indemnización previa, pagar a los hacendados primero y después demarcar la tierra indígena, lo que puede demorar 10 años. Buscan un gran acuerdo, el medio término, para satisfacer a los que se adueñan ilegalmente de las tierras”, protestó Mauricio Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).
“¿Por qué siempre son nuestros derechos que hay que reducir? Siempre el medio término para nuestros derechos, a nosotros las pérdidas”, acotó al hablar a los indígenas presentes en Brasilia para acompañar el juicio del STF.
Cerca de 1500 “parientes” de todo el país acamparon en la capital y hubo manifestaciones de “no al marco temporal” en decenas de ciudades y carreteras del país, informó Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib.
Moraes propuso también que, en caso de dificultades prácticamente insuperables, como la existencia de ciudades en el área reconocida como indígena, que se recurra a la compensación, es decir la sustitución por tierras en otros lugares, si lo acepta la comunidad indígena.
“Nuestros territorios son innegociables. Nuestra relación con ellos es profunda, es donde cayeron nuestros ancestros”, contrarrestó Terena.
Su queja se debió asimismo a la nueva interrupción del juicio. Otro juez, André Mendonça, exministro de Justicia del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro (2019-2022), pidió más tiempo para reflexión. Tiene hasta 90 días para dar a conocer su voto y permitir la reanudación, pero prometió hacerlo antes.
“Ellos necesitan tiempo. Salimos de acá sin respuesta”, lamentó Terena. El proceso ya se arrastra hace más de siete años y el marco temporal sirve de justificación para invasiones y violencia de tierras indígenas.
De todos modos “fue positivo el voto de Moraes” por reconocer la inconstitucionalidad del marco, evaluó Megaron Txucarramãe, cacique del pueblo kaiapó, que tiene su hábitat en la región de la Amazonia Oriental.
“Volveremos a Brasilia cuando se reanude el juicio, seguiremos en la lucha parar asegurar la Constitución y la tierra para nuestros nietos”, dijo a IPS, por teléfono desde el campamento indígena en Brasilia.
Diputados contra indígenas
Su batalla no se limita al frente judicial. La Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo, en régimen de urgencia, un proyecto de ley que establecería el marco temporal, por una mayoría de 283 votos contra 155. Depende ahora del Senado su aprobación final.
“Los procesos caminan paralelamente y se influyen mutuamente. Si el STF declara inconstitucional el marco temporal, el proyecto de ley pierde finalidad, pero aumenta el costo para el Supremo”, evaluó desde São Paulo para IPS Oscar Vilhena, director de la Escuela de Derecho en la privada Fundación Getulio Vargas.
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El costo se refiere a mayores presiones políticas de los legisladores de derecha y vinculados a los terratenientes, conocidos como los ruralistas, que hace mucho atacan el STF por supuestamente inmiscuirse en labores legislativas.
Además, si se impone la inconstitucionalidad de la regla pretendida, “la Cámara de Diputados podría retomar las deliberaciones sobre una enmienda constitucional ya aprobada en el Senado”, advirtió Santilli por teléfono desde Brasilia.
La propuesta, que había quedado olvidada en la cámara baja desde 2015, cuando la recibió del Senado, establecería justamente el pago de una indemnización por la propiedad de la tierra, no solo por las mejoras, a los terratenientes afectados por territorios indígenas demarcados desde octubre de 1988, es decir durante la vigencia de la actual Constitución.
ED: EG
