GUATEMALA – El deterioro de la democracia en Centroamérica avanza a ojos vista. A la cada vez más cruel y represiva dictadura en Nicaragua le siguen las prórrogas continuas de los estados de excepción en Honduras y El Salvador, que socavan y ponen en riesgo los derechos humanos. Los ataques a las garantías judiciales, a los derechos políticos y a la libertad de prensa son continuos.
En Guatemala, que vivirá elecciones el próximo 25 de Junio, El Periódico, medio conocido por destapar la corrupción a alto nivel durante más de un cuarto de siglo, se vio obligado a cerrar sus puertas en mayo de 2023 con su editor jefe en prisión por lo que se consideran cargos falsos.
En los últimos años, las autoridades han amenazado o han obligado a exiliarse a decenas de fiscales, jueces y periodistas, deshaciendo años de avances en la lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, el aumento de la inseguridad urbana se ha convertido en causa política. Varios de los principales candidatos presidenciales del país proponen políticas de seguridad de línea dura al estilo de El Salvador, donde la política securitaria del presidente populista Nayib Bukele ha provocado miles de denuncias por violación de los derechos humanos.
En su último Índice de Democracia anual, la Unidad de Inteligencia de The Economist clasifica a Guatemala como un régimen híbrido, a un paso de un Estado autoritario.
Los millones de votantes de Guatemala que elegirán un nuevo presidente el 25 de junio, lo harán en un momento en el que desaprueban casi todas las instituciones del país, incluido el Tribunal Superior Electoral.
Los guatemaltecos y guatemaltecas también tendrán que descifrar unas papeletas de votación complejas, con 22 candidatos presidenciales que reflejan una gran fragmentación política.
Son ya 30 los partidos políticos que concurren a la contienda por los 160 escaños de diputados y las 340 alcaldías y concejalías. Para el Congreso, elegirán listas de partidos en vez de candidatos directos.
Candidatos inhabilitados
El Tribunal Superior Electoral de Guatemala (TSE), dictó varias sentencias controvertidas para suspender a candidatos a estas elecciones.
A comienzos del periodo electoral, el TSE congeló las candidaturas del conservador Roberto Arzú, y de la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera. Tras una visita conjunta al país, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), Humans Rights Watch y RFKHR afirmaron que estas medidas representan una «exclusión arbitraria de candidatos».
La decisión más polémica del TSE, sin embargo, fue la de inhabilitar a la candidatura favorita a un mes de las elecciones. El 19 de mayo, el TSE suspendió definitivamente la postulación de Carlos Pineda. El fallo se basaba en las acusaciones de que Pineda y otros 200 candidatos del partido conservador Prosperidad Ciudadana (PC), tenían que ser inhabilitados debido a presuntas irregularidades en el proceso de nominación.
Tales acusaciones las hizo el antiguo partido de Pineda, Cambio, que controla la familia de Manuel Baldizón, ex candidato presidencial que cumplió una condena por lavado de dinero en Estados Unidos. La suspensión de la candidatura de Pineda inició como algo temporal, pero el 26 de mayo se reafirmó la decisión del TSE y la decisión quedó como inapelable.
Pineda, un empresario de 50 años, se presentó como un outsider anticorrupción y, como Nayib Bukele en El Salvador y Rodolfo Hernández en Colombia, utilizó TikTok para superar a sus rivales. En la última encuesta de Prensa Libre, Pineda lideraba la intención de voto con 23,1 %.
Pineda ha dejado clara su vocación populista al expresar reiteradamente su aprecio por la política de seguridad de Bukele. Días antes de su inhabilitación, hizo público un viaje suyo a El Salvador «para ser testigo de un país próspero donde no se roba dinero y hay suficiente para todos».
Después de su inhabilitación queda la pregunta sobre qué candidato podrá atraer a sus votantes. La primera opción es Sandra Torres, segunda en la carrera por las elecciones. Torres se identifica como socialdemócrata y forma parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza, el partido más grande de Guatemala, que cuenta con el mayor número de alcaldes y diputados electos para el período 2020-2024.
La otra opción es Edmond Mulet, candidato de centro derecha por el partido Cabal, que es un modismo guatemalteco para decir sí, o “exacto”.
Más a la derecha, hay una tercera candidata en la contienda, Zury Ríos, del partido de ideología ultraconservadora Valor. Sin embargo, una encuesta de mayo de CID-Gallup muestra a Mulet como el principal beneficiado, ganando 7 puntos y llegando potencialmente a la segunda vuelta.
En Guatemala ningún partido ha logrado ganar dos elecciones presidenciales consecutivas desde los acuerdos de paz de 1996, cuando el país volvió a la democracia. En la actualidad, Manuel Conde, el candidato de Vamos, el partido del presidente Gianmattei, tiene solo 4% de intención de voto en las encuestas.
Finalmente, para estas elecciones presidenciales guatemaltecas hay otros 19 candidatos, lo que da cuenta de la creciente fragmentación del espacio político.
Según la misma encuesta de CID-Gallup, cuatro de ellos registran entre 2 % y 4 % de la intención de voto; Conde (4 %), el exalcalde de Mixco Amílcar Rivera (2 %), el exembajador en Israel Manuel Villacorta (2 %) y el diputado Armando Castillo (2 %). La encuesta también deja claro que el resto de los candidatos tendría menos de 2 puntos de apoyo.
Fantasmas de la Guatemala del pasado
Este año las candidaturas para la presidencia guatemalteca incluyen algunos de los «delfines» políticos y culturales más conocidos del país. Figuras como Zury Ríos, Juan Francisco Solórzano, Roberto Arzú y Bernardo Erévalo vienen de un linaje de hijos y nietos de dictadores, poetas, intelectuales, y ex presidentes.
Juan Francisco Solórzano es el nieto de Alaíde Foppa, poeta feminista e intelectual desaparecida por el Estado guatemalteco en 1980. Bernardo Arévalo es el hijo de Juan José Arévalo, primer presidente de Guatemala elegido democráticamente entre 1945 y 1951.
Por otro lado, Roberto Arzú es el hijo de Álvaro Arzú, presidente de Guatemala entre 1996 y 2000, año en que firmó los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil en el país. Finalmente, Zury Ríos es la hija de Efraín Ríos Montt, dictador entre 1982 y 1983 y artífice del genocidio contra la mayoría maya de Guatemala.
El Tribunal Superior Electoral le ha permitido presentar candidatura a pesar de que el artículo 186 de la constitución prohíbe a los parientes cercanos de antiguos jefes de Estado que llegaron al poder mediante un golpe de Estado presentarse como candidatos a la presidencia.
Un contexto electoral de alto riesgo
Cerca de 83% de los guatemaltecos y las guatemaltecas cree, según la encuesta de Prensa Libre citada anteriormente, que la situación del país ha empeorado en los últimos tres años.
Así mismo, aunque la economía creció 4 % en 2022, se calcula que 55 % de la población vive en la pobreza. Son los guatemaltecos y las guatemaltecas de las zonas rurales los que más preocupados están por los altos costos de vida, mientras que a las poblaciones urbanas les preocupa la inseguridad ante el aumento en las tasas de homicidio y de las bandas de crimen organizado que han experimentado las ciudades.
Adicionalmente, solo el 11 % de la población aprueba el actual presidente, Alejandro Gianmattei, quien ha sido acusado de corrupción y cuyo mandato supervisó una de las campañas de vacunación contra la covid-19 más lentas de América Latina.
En un país en el que la iglesia evangélica es considerada la institución en la que más se confía por parte de la ciudadanía, ningún candidato ha ganado en primera vuelta en casi tres décadas.
Además, el país cuenta con una altísima migración que no vota (solo 80 000 de los 3,8 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en el extranjero se registraron para votar, según el TSE).
En un contexto de ataques a la libertad de expresión (Guatemala ocupa el puesto 127 de 180 países en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros sin Fronteras), ataques a jueces y fiscales, alta fragmentación política y con candidatos inhabilitados de manera antidemocrática, todo indica que las votaciones del 25 de junio no serán decisivas y probablemente se irán a una segunda vuelta el 20 de agosto.
Mientras tanto, la amenaza de que los retrocesos democráticos continúen es real.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
