LONDRES – La violencia continúa en Myanmar, bajo gobierno militar desde febrero de 2021. La Junta está acusada de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con pruebas de uso sistemático de asesinatos, violaciones, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos, en su intento de reprimir a las fuerzas que exigen el retorno a la democracia.
Incluso la ayuda humanitaria está restringida. Recientemente, la Junta se negó a permitir la entrada de las organizaciones de ayuda que intentaban suministrar alimentos, agua y medicinas a las personas desesperadamente necesitadas tras un devastador ciclón. No es ni mucho menos la primera vez que bloquea la ayuda.
Crisis como ésta exigen una respuesta internacional. Pero mientras esto ocurre, el organismo intergubernamental regional, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), se mantiene en gran medida al margen. Su cumbre, celebrada en Indonesia en mayo, no produjo ningún avance.
Inacción de la Asean
La respuesta de la Asean al golpe fue la publicación de un texto, el Consenso de Cinco Puntos (5PC), en abril de 2021, dos meses después de la imposición de una Junta Militar. En él se pedía el cese inmediato de la violencia y un diálogo constructivo entre todas las partes. La Asean acordó proporcionar ayuda humanitaria, nombrar un enviado especial y visitar Myanmar para reunirse con todas las partes.
La sociedad civil criticó este acuerdo porque reconocía el papel de la junta y no hacía mención alguna a la necesidad de restaurar la democracia. Y la violencia sin paliativos y las violaciones de los derechos humanos son la señal más clara posible de que el 5PC no está funcionando, pero la Asean se aferra a él.
En su cumbre de mayo, reiteraron su apoyo al plan los 10 Estados de la Asean: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, además de Myanmar, que está suspendido de participar de las cumbres desde el golpe .
Un reto importante es que la mayoría de los Estados de la Asean no tienen interés en la democracia. Los 10 tienen muy restringido el espacio cívico. Además de Myanmar, está bloqueado en Camboya, Laos y Vietnam.
A estos Estados no les convendría tener una democracia floreciente a sus puertas, lo que solo podría aumentar la presión nacional e internacional para que siguieran su ejemplo.
Los Estados que reprimen los derechos humanos en su propio país suelen trasladar el mismo enfoque a las organizaciones internacionales, tratando de limitar su capacidad para cumplir los compromisos en materia de derechos humanos y examinar las violaciones.
El énfasis continuado en el 5PC no ha ocultado las divisiones entre los Estados de la Asean.
Algunos parecen creer que pueden dialogar con la Junta y, al menos, persuadirla de que modere su violencia, aunque la realidad lo hace cada vez más insostenible. Pero otros, en particular Camboya, un Estado unipartidista dirigido por el mismo primer ministro desde 1998, parecen decididos a legitimar la junta.
La presidencia de la Asean, que rota anualmente y nombra al enviado especial, ha ejercido una presión variable.
Con los dos últimos, Brunei Darussalam (un sultanato que celebró sus últimas elecciones en 1965) y Camboya, no ha ocurrido gran cosa. Brunei nunca visitó el país después de que se le denegara el permiso para reunirse con líderes democráticos, mientras que el primer ministro de Camboya, Hun Sen, visitó Myanmar el año pasado.
Se trató de la primera visita de un jefe de gobierno a Myanmar tras el golpe de Estado, por lo que solo puede interpretarse como una concesión de legitimidad.
Indonesia, actual presidente, no ha nombrado un enviado especial, sino que ha creado una oficina dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores. Hasta el momento parece estar adoptando un enfoque suave de diplomacia discreta en lugar de una acción pública.
Tailandia, dirigida en la actualidad por un gobierno promilitar, también parece dispuesta a colaborar con la Junta.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Aunque los representantes de la junta siguen teniendo prohibida la asistencia a las cumbres de la Asean, Tailandia ha roto filas y ha invitado a los ministros de Asuntos Exteriores de la Asean, incluido el de Myanmar, a mantener conversaciones sobre la reintegración de los líderes de la junta.
Un gobierno que llegó al poder a través de un golpe de Estado, pero que ahora debería apartarse tras unas elecciones en las que fue derrotado ampliamente, parece estar intentando reforzar la legitimidad del gobierno militar.
Los Estados de la Asean parecen incapaces de ir más allá del 5PC, incluso cuando lo socavan. Pero el hecho de que se adhieran formalmente a él permite a la comunidad internacional en general mantenerse al margen, respetando el liderazgo regional y el 5PC.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó finalmente una resolución sobre Myanmar en diciembre de 2022. En ella se pedía el fin inmediato de la violencia, la liberación de todos los presos políticos y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria.
Pero su lenguaje no iba lo suficientemente lejos en la condena de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y seguía haciendo hincapié en el 5PC. No impuso sanciones, como un embargo de armas, ni remitió a Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI).
Otros artículos de Andrew Firmin.
La sociedad civil de Myanmar y de la región insta a la Asean a ir más allá. Muchos se han unido para desarrollar una agenda de cinco puntos que va más allá de la 5PC. Pide una estrategia para poner fin a la violencia militar mediante sanciones, un embargo de armas y la remisión de Myanmar a la CPI.
Exige que la Asean se comprometa más allá de la Junta y, en particular, con las fuerzas democráticas, incluido el Gobierno de Unidad Nacional, que es el gobierno democrático en el exilio.
Insta a que se refuerce el papel del enviado especial y a que la ayuda humanitaria se dirija a los responsables locales en lugar de a la Junta. La Asean debe tener esto en cuenta.
Una bifurcación en el camino
El plan actual de la Asean es una receta para que continúe la violencia militar, cada vez más legitimada por la aceptación de sus vecinos. Las elecciones ceremoniales podrían alimentar aún más esta situación.
La Junta prometió en su día celebrar elecciones en agosto, pero en febrero, en el segundo aniversario del golpe, prorrogó el estado de emergencia otros seis meses. Si finalmente se celebran, no hay esperanzas de que sean libres o justas.
En marzo, la Junta disolvió unos 40 partidos políticos, incluido el partido, la Liga Nacional para la Democracia, que era el gobernante cuando se produjo el golpe.
El único propósito de unas posibles elecciones falsas será dar a la Junta un barniz de legitimidad que presentar como signo de progreso, y algunos Estados de la Asean podrían estar dispuestos a comprarlo.
Esto no debería permitirse. La Asean tiene que escuchar las voces de la sociedad civil que le piden que se ponga las pilas -y permanezca unida- a la hora de pedir cuentas a la Junta. Si no lo hace, seguirá fallando no sólo al pueblo de Myanmar, sino a toda la región, que espera razonablemente que se respeten los derechos humanos fundamentales y que quienes matan, violan y torturan se enfrenten a la justicia.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
