CAMBRIDGE, Estados Unidos – El 2 de junio, el gobierno de Estados Unidos intensificó su conflicto con México por las restricciones impuestas en ese país sobre el maíz genéticamente modificado, iniciando el proceso formal de resolución de disputas bajo el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el T-MEC.
Es solo el último de un asalto de décadas de Estados Unidos a la soberanía alimentaria de México utilizando el instrumento contundente de un acuerdo comercial que ha inundado a México con maíz, trigo y otros alimentos básicos baratos, socavando la capacidad del país latinoamericano para producir sus propios alimentos.
Dado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no da muestras de dar marcha atrás, el conflicto puede poner a prueba hasta qué punto un gran exportador puede utilizar un acuerdo comercial para obligar a una nación soberana a abandonar las medidas que considera necesarias para proteger la salud pública y el medioambiente.
La ciencia de la precaución
Las medidas en cuestión son las contenidas en el decreto del presidente mexicano, anunciado a finales de 2020 y actualizado en febrero de 2023, para prohibir el cultivo de maíz modificado genéticamente, eliminar gradualmente el uso del herbicida glifosato para 2024 y prohibir el uso de maíz modificado genéticamente en tortillas y harina de maíz.
Los objetivos declarados eran proteger la salud pública y el medio ambiente, en particular la rica biodiversidad del maíz nativo que puede verse comprometida por la polinización incontrolada de las plantas de maíz transgénico.
Mientras que el decreto original se comprometía a eliminar progresivamente todos los usos del maíz transgénico, el decreto actualizado retira las restricciones sobre el maíz transgénico en la alimentación animal y los productos industriales, a la espera de más estudios científicos sobre los impactos en la salud humana y el medio ambiente.
En torno a 96 % de las exportaciones de maíz estadounidense a México, casi todas de maíz modificado genéticamente, entran en esa categoría. No está claro qué proporción de las exportaciones restantes, en su mayor parte maíz blanco, se destina a las industrias mexicanas de tortillas y harina de maíz.
Se trata de concesiones importantes. Después de todo, no existe ninguna restricción comercial para el maíz modificado genéticamente. México ni siquiera restringe las importaciones de maíz blanco modificado genéticamente, solo su uso en tortillas, una especie de pan blanco y circular producido con maíz mixtalizado y alimento básico del país.
Pero no importa. En la notificación formal del gobierno de Estados Unidos de que iniciaría consultas preliminares para presentar la disputa ante un panel de arbitraje del T-MEC, se cita la falta de justificación científica de las medidas, la denegación de algunas autorizaciones para nuevos productos transgénicos y la intención declarada de México de sustituir gradualmente el maíz transgénico para todos los usos por variedades no transgénicas.
La mexicana Secretaría de Economía (ministerio) señaló en su breve respuesta que México demostrará que sus medidas actuales tienen poco impacto en los exportadores estadounidenses, porque el país es autosuficiente en maíz blanco y nativo.
Cualquier sustitución futura de maíz no transgénico no implicará restricciones comerciales, sino que provendrá de las inversiones de México para reducir la dependencia de las importaciones mediante la promoción de una mayor producción nacional de maíz y otros alimentos básicos.
La declaración también señaló que el capítulo ambiental del T-MEC obliga a los países a proteger la biodiversidad, y para México, donde el maíz fue domesticado por primera vez y la dieta y la cultura están tan definidas por él, la biodiversidad del maíz es una prioridad.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
En cuanto a la afirmación de que las preocupaciones de México sobre el maíz transgénico y el glifosato no se basan en la ciencia, la acción de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) se produjo después de cinco semanas de foros públicos sin precedentes convocados por las agencias científicas nacionales de México para evaluar los riesgos y peligros.
Más de 50 expertos mexicanos e internacionales presentaron pruebas que justifican las medidas cautelares adoptadas por el gobierno.
Tres décadas de dumping agrícola estadounidense
México ha desplazado a Estados Unidos como líder mundial en obesidad infantil, ya que las dietas ricas en maíz nativo y otros alimentos tradicionales han sido sustituidas por alimentos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcar, sal y grasas.
Los investigadores descubrieron que desde que en 1994 entró en vigencia el acuerdo al que sustituyó desde 2020 el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos ha estado «exportando obesidad».
Recientemente, el gobierno de López Obrador se enfrentó a la poderosa industria de alimentos y bebidas para imponer severas etiquetas de advertencia en los alimentos con alto contenido de estos ingredientes poco saludables. Sus restricciones al maíz transgénico y al glifosato se derivan del mismo compromiso con la salud pública.
Lo mismo ocurre con la campaña del gobierno para reducir la dependencia de las importaciones de cultivos alimentarios clave: maíz, trigo, arroz, judías y productos lácteos. Pero como documento en un nuevo informe político del Instituto de la Política Agrícola y Comercial (IATP, en inglés), «Nadando contra la corriente», las exportaciones baratas de Estados Unidos siguen socavando estos esfuerzos.
Hemos documentado que en 17 de los 28 años transcurridos desde que entró en vigor el TLCAN, Estados Unidos ha exportado maíz, trigo, arroz y otros cultivos básicos a precios inferiores a lo que cuesta producirlos.
Se trata de una práctica comercial desleal conocida como dumping agrícola, que tiene su origen en la sobreproducción crónica de estos productos en la agricultura fuertemente industrializada de ese país.
Justo cuando el TLCAN eliminó muchas de las medidas políticas que México podía utilizar para limitar dichas importaciones, la sobreproducción estadounidense alcanzó un crescendo, resultado de su propia desregulación de los mercados agrícolas.
Las exportaciones de maíz a México se dispararon más de 400 % en 2006, con precios un 19 % por debajo de lo que costaba producirlo. De nuevo, de 2014 a 2020, los precios del maíz se situaron 10 % por debajo de los costes de producción, justamente cuando México empezó a tratar de estimular la producción interna.
Calculamos que los agricultores mexicanos de maíz perdieron 3800 millones de dólares en esos siete años por los bajos precios de sus cosechas. También los productores de trigo perdieron 2100 millones de dólares por las exportaciones de Estados Unidos a precios 27% inferiores a los costes de producción.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha tenido poco éxito en aumentar la producción nacional de sus alimentos prioritarios, aunque el incremento de los precios internacionales en 2021 y 2022 supuso un estímulo para los agricultores.
También lo han generado creativas iniciativas gubernamentales, incluido un innovador plan de compras públicas justo cuando llega la gran cosecha de maíz blanco en todo el norte de México.
Con la caída de los precios del maíz y el trigo de alrededor de 20 % en las últimas semanas, el gobierno está comprando alrededor de 40 % de la cosecha de los pequeños y medianos agricultores a precios más altos, a fin de dar a los productores más grandes el poder de negociación para luego exigir precios más altos de los grandes compradores de granos que dominan la industria de la tortilla.
Nadar contra la corriente neoliberal
Con su compromiso con la salud pública, el medio ambiente y el aumento de la producción nacional de alimentos básicos, el gobierno mexicano está nadando a contracorriente de la fuerte corriente neoliberal. Sorprendentemente, lo está haciendo sin dejar de cumplir su acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Antes de que las autoridades comerciales estadounidenses agraven aún más la disputa sobre el maíz transgénico, deberían mirarse al espejo y preguntarse si tres décadas de dumping agrícola son coherentes con las reglas del comercio internacional justo. ¿Y por qué México no tiene todo el derecho a garantizar que sus tortillas no estén contaminadas con maíz transgénico y glifosato?
Para más información sobre la controversia del maíz transgénico, puede leer en la página del IATP el reporte “Food Sovereignty, Trade, and Mexico’s GMO Corn Policies (Soberanía alimentaria, comercio y políticas de México sobre el maíz transgénico)».
Timothy A. Wise es asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP). También es investigador sénior en el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Global de la estadounidense Universidad de Tufts.
T: MF / ED: EG
