WASHINGTON – Con asesinatos en Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú, los crímenes y otras formas de violencia contra defensores de derechos no se detienen y aún crecen este año en América Latina, señaló un nuevo reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
La Comisión “manifiesta su preocupación ante la persistencia de la violencia e intimidación en contra de personas defensoras, que se registran durante los primeros cuatro meses del año”, indicó el texto divulgado por la Cidh.
Entre los meses de enero y abril, la Cidh registró al menos 33 asesinatos de defensores de derechos en la región, en su mayoría contra quienes defienden el medio ambiente, la tierra o el territorio, una cifra mayor a los 27 casos registrados durante el mismo periodo en el 2022.
En cuanto a los casos documentados, en Brasil la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) registró el asesinato de al menos ocho personas defensoras.
En enero fueron asesinados los defensores indígenas pataxó Samuel Cristiano do Amor Divino y Nauí Brito de Jesus, en Itabela, estado de Bahía (noreste), y en Araiboia, estado de Maranhão (también noreste), Raimundo Ribeiro da Silva y los indígenas Valdemar Marciano Guajajara y José Inacio Guajajara.
Ese mismo mes fueron asesinados los defensores Raniel Barbosa, Rodrigo Hawerroth y Patrick Gasparini Cardoso en áreas del estado de Rondônia (norte).
En Colombia, Acnudh recibió 71 denuncias sobre asesinatos de personas defensoras, de las cuales 13 han sido verificadas.
En enero fueron asesinados el líder comunitario Cristian David Salinas Chocué en Ginebra, Valle de Cauca (suroeste), el líder indígena Jaime Álvarez Romero en Puerto Leguízamo, Putumayo (sur) y la lideresa campesina Edilsan Andrade Avirama en Rosas, Cauca (suroeste).
En febrero fueron asesinados el líder comunitario José Antonio Santiago Pérez en Tibú, Norte de Santander (noreste) y el líder campesino Jorge Orlando Cárdenas Fajardo en Cantagallo, Bolívar (norte).
El mes de marzo fue el más crítico, con el asesinato del defensor indígena Marlon Hernando García Pascal en Tumaco, Nariño (suroeste); el líder indígena Wilson Bomba Piamba en Caldono, Cauca, y el defensor comunitario afrodescendiente Néstor Yesid Martínez Pinto en Riohacha, La Guajira (norte).
También fueron abatidos el defensor afrodescendiente Weimar Possu Diaz en Puerto Tejada, Cauca, y, en Nariño el líder indígena Raúl Antonio Nastacuas, en Ricaurte, y la lideresa comunitaria Mariela Marínez Gaviria, en Tumaco.
En abril fue asesinada la defensora ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal en San Cayetano, Norte de Santander (noreste) y el defensor indígena José Isaías Quiguanás en Corinto, Cauca.
La Cidh indicó que “el Estado colombiano reiteró su compromiso con el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos”, así como para “brindar todas las garantías para el ejercicio de la valiosa labor de los defensores de derechos humanos”.
Según la Comisión, enero y mayo de 2023 la Fiscalía General de la Nación ha avanzado el esclarecimiento de 44 % de los homicidios que se investigan en jurisdicción ordinaria, incluyendo 16 casos con sentencia condenatoria.
Además, según los informes procesados por la Cidh, la colombiana Unidad Nacional de Protección “protege y garantiza la seguridad de 3745 líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera individual” y desplegaría actividades encaminadas a proteger y garantizar la seguridad de 220 colectividades.
En Honduras, Acnudh registró el asesinato de al menos seis personas defensoras en los primeros cuatro meses del 2023, en distintas zonas del país centroamericano.
Ellos son el líder campesino José Gilberto Martínez Cardona Olanchito, el defensor campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo, los defensores de la tierra Benigno Maldonado y José Omar Cruz Tomé, y los defensores del medio ambiente y el territorio Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
La Cidh dijo que el Estado hondureño le reiteró su compromiso y responsabilidad en la protección de los defensores de derechos humanos, así como en la promoción de un ambiente propicio para su labor.
En México, cifras de Acnudh indican que al menos cuatro personas defensoras fueron asesinadas, comenzando en febrero por el defensor ambiental Alfredo Cisneros Madrigal en Los Reyes, en el central estado de Michoacán.
En marzo, fue asesinado el defensor LGBTI Gustavo Robles Taboada en Cuautla, Morelos (centro); y, en abril, el defensor de la tierra Félix Vicente Cruz, en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca (sur) y el defensor del medio ambiente Eustacio Alcalá Díaz, en Chinicuila, Michoacán.
Adicionalmente, en enero se tuvo conocimiento sobre la desaparición de los defensores Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes en Colima (oeste) y en abril la del defensor indígena Alejandro Ortiz Vázquez en Metlatónoc, Guerrero (suroeste).
En Perú se registraron los asesinatos de al menos dos personas defensoras, ambos en abril: el defensor del territorio Cristino Melchor Flores, en el norteño departamento de Piura, y el del defensor indígena asháninka Santiago Contoricón, en el central departamento de Junín.
La información suministrada por el Estado a la Cidh indica que el gobierno se comprometió a brindar asistencia económica y jurídica a sus familiares.
La Cidh “urge a los Estados a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa”.
Igualmente, plantea buscar “la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición”.
Entre otras formas de violencia durante el período, la Cidh registró desapariciones y posterior localización con vida de defensores de derechos, y el uso estatal del programa (malware) Pegasus como método de espionaje contra personas y organizaciones defensoras.
De El Salvador, Guatemala y Perú recogió discursos estigmatizantes contra defensores de derechos, y expresó preocupación por la aprobación en primera lectura parlamentaria de la muy limitante “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” en Venezuela.
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