WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó, este viernes 2, por el uso en México del programa israelí de espionaje telefónico Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al Estado mexicano a “redoblar sus esfuerzos en las investigaciones a periodistas y personas defensoras por el uso ilegítimo del software de vigilancia Pegasus”.
“El Estado debe considerar la labor de estas personas en las líneas de investigación y el impacto que tiene este tipo de acciones tiene en una democracia”, asentó la declaración del organismo que es parte del sistema interamericano.
Investigaciones de la prensa mexicana y extranjera han mostrado que el Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional –de la Secretaría de Gobernación (Interior)- y la Fiscalía General de la República adquirieron desde 2011 ese programa espía, con costos superiores a los 20 millones de dólares.
Su empleo para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción fue sistemáticamente negado por el Estado mexicano.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones como Amnistía Internacional han documentado y denunciado el uso de Pegasus, en flagrante violación de derechos humanos, en al menos 45 países de cuatro continentes, incluido México.
Pegasus, desarrollado por la firma NSO, se vende solo a gobiernos, previa autorización con base en la legislación militar israelí. Se instala subrepticiamente en los teléfonos y permite acceso total a los mensajes, correos electrónicos, multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos en el dispositivo del usuario.
Cuando llegó al poder en 2018, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña electoral denunció ese método como “ilegal”, anunció que se suprimirían esas labores de espionaje.
Pero el empleo de Pegasus ha continuado, según investigaciones de prensa y del instituto Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto.
La CIDH recordó que el pasado 15 de mayo la Fiscalía General anunció públicamente la apertura de una nueva carpeta de investigación en relación con la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por parte de la Procuraduría General de la República.
Esa investigación sería por los delitos imputados “peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa”, precisó la Cidh.
El organismo dijo que en los últimos años “ha conocido múltiples casos de espionaje a través de Pegasus en México”, por ejemplo para espiar ilegalmente a dos integrantes de la organización “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)” entre junio y septiembre de 2022.
Agregó que esa y otras tareas de vigilancia se vincularían con las labores del Centro Prodh y otras entidades ante graves violaciones a derechos humanos.
“La lista de personas presuntamente afectadas por Pegasus en los últimos años incluye, entre otras, a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Ayotzinapa”, sostuvo la Cidh.
El caso Ayotzinapa se refiere al asesinato de al menos nueve personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, como consecuencia de una operación de unidades policiales y militares en esa población del suroccidental estado de Guerrero.
Pero “el Estado mexicano transmitió a la CIDH declaraciones del Presidente de la República del 30 de mayo de 2023 en las que indicó que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos”, indicó la declaración de la entidad hemisférica.
“Si bien en 2021 la Relatoría Especial (de la CIDH) reconoció actuaciones en la búsqueda de justicia por hechos vinculados con el uso de Pegasus en México, se observa que, en términos generales, no se registran avances sustanciales”, agregó.
Observó que esa lentitud “contrasta con el aumento de reportes sobre personas afectadas, y la incertidumbre sobre si ha cesado o no el uso de Pegasus en contra de quienes desempeñan labores cruciales en una democracia”.
Insistió en que “las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes ante la dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos años”.
Para la CIDH “este tipo de prácticas vulnera el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana, y tiene el potencial de poner en riesgo la integridad de personas periodistas y defensoras, a la vez que incrementa la autocensura en la prensa y desincentiva las labores de defensa de derechos humanos”.
Por todo ello, la Comisión y la Relatoría “llaman al Estado mexicano a investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables”.
Instaron a “garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública”.
Finalmente, urgieron al Estado mexicano a “cesar inmediatamente cualquier acción destinada a la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia hasta tanto se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos y a instruir a todos sus agentes a que se abstengan de utilizar el software Pegasus de modo ilegal”.
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