GINEBRA – Autoridades tanto de Israel como de los Territorios Palestinos Ocupados cometen la mayoría de las violaciones a los derechos de las poblaciones civiles, concluyó una comisión especial de investigación de las Naciones Unidas.
“Se violan los derechos de los miembros de la sociedad civil en todos los ámbitos mediante acoso, amenazas, detenciones, interrogatorios, detenciones arbitrarias, tortura y tratos inhumanos y degradantes”, indicó el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
Según esa Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, “la mayoría de las violaciones están siendo cometidas por las autoridades israelíes”.
Esos atropellos serían “parte del objetivo del gobierno israelí de asegurar y consagrar su ocupación permanente (de los territorios) a expensas de los derechos del pueblo palestino”, indicó el informe.
La jurista sudafricana Navy Pillay, presidenta de la comisión, dijo que “estamos especialmente alarmados por la situación de los defensores palestinos de los derechos humanos, que son sometidos sistemáticamente a una serie de medidas punitivas como parte del régimen de ocupación”.
“Estas medidas también repercuten profundamente en los niños, ya que contribuyen a la fragmentación familiar y a aumentar el trauma psicológico y el miedo”, agregó.
“Estamos especialmente alarmados por la situación de los defensores palestinos de los derechos humanos, que son sometidos sistemáticamente a una serie de medidas punitivas como parte del régimen de ocupación”: Navy Pillay.
El gobierno israelí, según el reporte, restringió paulatinamente el espacio cívico mediante una estrategia de deslegitimación y silenciamiento de la sociedad civil. Esta práctica incluyó la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil palestina y a sus miembros, tachándolos de “terroristas”.
La comisión consideró que esas medidas israelíes son injustificadas y violan los derechos humanos fundamentales, como el de libertad de asociación, de expresión, de opinión, de reunión pacífica, de intimidad y de derecho a un juicio justo.
El estudio también señala a las autoridades palestinas, tanto en Cisjordania ocupada como en la Franja de Gaza, ya que han tenido bajo su punto de mira a defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil palestinos, con el objetivo de acallar opiniones discrepantes.
El reporte dedica un apartado a examinar las políticas y prácticas restrictivas y su repercusión en diferentes grupos de la sociedad civil, como periodistas, defensoras de los derechos humanos y artistas, junto a activistas y centros culturales palestinos que promueven la diversidad y la inclusión de personas LGBTIQ.
Aunque el informe se centra en las acciones emprendidas por las autoridades, también constata que algunas organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel clave a la hora de silenciar a la sociedad civil en los territorios ocupados e Israel y de presionar a quienes defienden los derechos de los palestinos en el mundo.
Las organizaciones de derechas que operan en Israel y en el extranjero aplican y promueven la estrategia del gobierno israelí contra la sociedad civil.
Los grupos palestinos contrarios a los derechos de género que operan en la Cisjordania ocupada han tomado como blanco a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres palestinas.
Tanto las autoridades israelíes como las palestinas permiten, y en algunos casos fomentan y apoyan, las acciones de organizaciones no gubernamentales dirigidas contra agentes de la sociedad civil.
El informe recomienda que todos los titulares de deberes garanticen el respeto y la protección de los derechos a la libertad de asociación, expresión y opinión y de reunión pacífica, así como los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los de salud, vivienda y educación.
Asimismo, demandan que los agentes de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las defensoras de los derechos humanos, pueden llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad y libertad y sin sufrir acoso ni represalias.
También solicita que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional priorice la investigación de la situación en los territorios ocupados, incluida la identificación de los responsables directos, los que ejercen la responsabilidad de mando y las personas que ayudan o instigan a la comisión de crímenes de la competencia de esa corte.
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