RÍO DE JANEIRO – El padrinazgo militar, una singularidad de la extrema derecha en Brasil, deja de ser un factor de desequilibrio y tensión en la política nacional, ante el reconocimiento tácito de su fracaso en los últimos años y la degradación de algunos de sus agentes.
El repliegue de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles quedó sellado tras los actos golpistas del 8 de enero, con varios oficiales involucrados en la invasión de las sedes de los Tres Poderes en Brasilia y la consecuente sustitución del comandante del Ejército el 21 de enero, con la asunción del general Tomás Paiva, considerado un legalista.
Siempre se trató de disminuir la anomalía de la numerosa participación castrense en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), incluso cuatro o cinco generales en su núcleo central palaciano, por la alegación de que eran retirados. Pero los hechos comprobaron que si representaban una amplia opinión militar.
Además dos oficiales activos mancharon la pretendida eficiencia e idoneidad militar. El general Eduardo Pazuello, como ministro de Salud de 15 de mayo de 2020 a 23 de marzo de 2021, simboliza la mortal gestión de la pandemia de covid-19 bajo el gobierno ultraderechista de Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército.
La oposición a las medidas preventivas, como el aislamiento social y el uso de mascarillas, la recomendación de medicamentos inadecuados, como la cloroquina de combate a la malaria, y fallas graves, como la falta de oxígeno en los hospitales de Manaus, capital del Amazonas, responden por gran parte de mas más de 700 000 muertes por covid-19 en Brasil, según los especialistas.
A eso se suma un boicoteo de las vacunas, practicado por la confesada obediencia del general a las órdenes del exgobernante, a fines de 2020.
Otro oficial corrosivo de la reputación de los militares es el teniente-coronel Mauro Cid, detenido desde el 3 de mayo, debido a la falsificación de certificados de vacunación anticovid-19 de su familia y de Bolsonaro y su hija Laura, de 12 años. Lo hizo cuando era el edecán del expresidente.
El exmandatario siempre afirmó su oposición a la vacuna, pero despertó sospechas cuando decretó sigilo de cien años sobre su certificación vacunal, en enero de 2021.
Fraude de vacunación
La Contraloría General de la Unión del nuevo gobierno, presidido por Luiz Inácio Lula desde el 1 de enero, anuló el secreto el 13 de marzo, ya que el mismo Bolsonaro hizo pública su condición de no vacunado, quitándole validez al sigilo.
Ocurre que luego la Policía Federal descubrió en los registros del Ministerio de Salud una certificación visiblemente fraudulenta de dos vacunaciones del ex presidente y su hija, ya que constaban como hechas en ciudades o fechas incompatibles con sus agendas, que son conocidas.
Investigaciones posteriores apuntaron el teniente-coronel Cid como el responsable de tales delitos, con la complicidad de varias autoridades locales. Su esposa confesó ante la Policía Federal el 19 de mayo haber usado la falsa certificación recibida de su marido.
Bolsonaro aseguró a la misma policía no haber pedido el certificado y que todo se hizo sin conocimiento, echando toda la responsabilidad a su exedecán.
Un militar enredado
La situación del teniente-coronel, un brillante oficial que los medios castrenses apuntaban como futuro general, ya era vulnerable por haber intentado rescatar joyas evaluadas en más de un millón de dólares, supuestamente regaladas por el gobierno saudí a Bolsonaro y retenidas en el aeropuerto internacional de São Paulo.
La retención se debió a la forma clandestina de internación de las joyas en Brasil. Además Bolsonaro intentó incorporar esas y otras joyas, también traídas de Arabia Saudí, a su patrimonio personal, violando las leyes que destinan ese tipo de regalos oficiales al patrimonio del Estado.
El teniente-coronel se enredó más aún en los delitos del llamado “bolsonarismo” al tener su teléfono celular incautado por la Policía Federal, donde se descubrieron sus diálogos con otros militares, en que se discuten planes para un golpe de Estado.
Los interlocutores no eran oficiales activos, sino uno coronel retirado y otro un ex capitán expulsado del Ejército, pero los diálogos fortalecen las sospechas de que había por lo menos cierta propensión al golpe en sectores de las Fuerzas Armadas, aunque no un plan preparado.
Los comandantes de muchos cuarteles toleraron los campamentos de “bolsonaristas” incitadores de un golpe militar, delante de sus casernas durante 70 días, desde la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre.
Los numerosos gestos de apoyo a Bolsonaro en las elecciones y en el gobierno dificultan a los militares disociarse de los desastres de la extrema derecha, especialmente en la gestión de la pandemia y los atentados contra la democracia.
Pero es un atavismo de las Fuerzas Armadas brasileñas rehuir sus fechorías. Nunca reconocieron la tortura sistemática, los asesinatos y prisiones ilegales cometidas durante la dictadura, siquiera la dictadura como tal.
El golpe militar de 1964, que inauguró el régimen autoritario que duró hasta 1985, habría sido una contrarrevolución, un movimiento en defensa de la democracia contra el comunismo.
Farsas deterioran reputaciones
Un ejemplo emblemático es el atentado en Río de Janeiro el 30 de abril de 1981, en que murió un sargento y quedó gravemente herido un capitán. La bomba con que aterrorizarían cerca de 20 000 presentes en un espectáculo musical estalló antes dentro del automóvil que usaban.
La “investigación” del Ejército apuntó ambos como víctimas de un atentado izquierdista, pese a todas las pruebas en contra y ningún esfuerzo por identificar los “terroristas”. Solo 20 años después el Supremo Tribunal Militar reconoció la farsa, pero el sargento y el capitán como autores individuales.
Pero otros atentados anteriores, incluso una carta-bomba que mató a la secretaria del Colegio de Abogados de Brasil, Lyda Monteiro, dejaban evidente que sectores radicales de las Fuerzas Armadas buscaban prolongar la dictadura, con la inseguridad provocada por sus bombas. Sus comandantes habían decidido devolver el poder a los civiles.
El terrorismo tuvo el efecto contrario. Intensificó el movimiento por la redemocratización del país, por medio de elecciones libres y por voto directo de la población, que culminaron en el fin de la dictadura en 1985 y la nueva Constitución nacional en 1988.
De todos modos, al parecer, resultó el esfuerzo de los militares en mantener su reputación, incluso negando hechos negativos. Tres décadas después de sumergir en la abstención política, los militares volvieron al poder por vía electoral, al potenciar la candidatura ultraderechista de Bolsonaro en 2018.
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Con la derrota de la reelección en octubre de 2022, más los fracasos y delitos cometidos por los suyos, los militares vuelven al silencio político. La extrema derecha, que apadrinaron en los últimos años, tendrá que prescindir de su apoyo ostensivo en el futuro previsible y limitarse a la disputa electoral, sin las amenazas de golpe militar.
La imagen de las Fuerzas Armadas podrá deteriorarse más aún por revelaciones de la Comisión Parlamentaria de Investigación que buscará revelar el enredo del 8 de enero, cuando miles de extremistas que invadieron y destruyeron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Supremo Tribunal Federal el 8 de enero.
Muchos militares están involucrados en ese intento golpista y las investigaciones podrán extenderse a las decenas de generales que toleraron los campamentos “bolsonaristas” delante de sus cuarteles, en una campaña por la fracasada asonada.
ED: EG
