SAN SALVADOR – La nueva ley de pensiones, aprobada en El Salvador en diciembre de 2022, no es la reforma integral que había prometido con bombos y platillos el gobierno del presidente Nayib Bukele, pues arrastra varios de los viejos males del sistema previsional ahora modificado.
Por esa razón sectores sindicales y analistas creen que la reforma del sistema previsional en El Salvador, privatizado en 1996, ha sido motivada por un interés electoral de Bukele: generarse réditos políticos con el otorgamiento de un aumento de 30 % de las pensiones.
Sin embargo, ese incremento no cubre a todos, solo a los jubilados por vejez, y se dejó por fuera a quienes reciben pensión por invalidez, es decir, por enfermedad o accidente, y por sobrevivencia, que se dan cuando muere el o la cónyuge u otros familiares directos.
Y a los que sí cubre, el incremento no representa un aumento sustancial, y la pensión de la mayoría pasaría de 300 dólares a 400 dólares.
El 22 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones, que en principio reemplazó a la que estaba vigente desde 1996, pero cuyo articulado se mantuvo en la nueva, casi en 90 %.
“Hemos tratado de buscar una explicación de por qué se dio ese parto así de feo, y en general vemos que todo apunta a que fueron motivaciones electorales”: Paz Zetino.
La nueva norma tampoco amplía la cobertura, una de las mayores demandas que por años han planteado sindicatos y analistas. Solo quienes tienen un empleo formal, aproximadamente 28 % de la población económicamente activa, de unos tres millones de personas, podrán tener una pensión, así sea baja.
En un país de 6,7 millones de habitantes, el sistema registró 840 856 cotizantes a diciembre de 2022, y la recaudación acumulada alcanzó 13 897 millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales.
Las elecciones en la mira
“Hemos tratado de buscar una explicación de por qué se dio ese parto así de feo, y en general vemos que todo apunta a que fueron motivaciones electorales”, explicó a IPS el maestro Paz Zetino, dirigente de Bases Magisteriales Salvadoreñas, que aglutina a buena parte del sector educativo.
Zetino, quien se jubiló en marzo, dijo que uno de los temas claves, el aumento de las pensiones, no ha mejorado mucho, pues en general la mínima, que ronda los 300 dólares, va a subir a 400 dólares. Ese incremento, aunque bien recibido, no se puede calificar como una mejora sustancial.
“En su gran mayoría, independiente de si tienes el salario mínimo (300) o arriba, incluso si es de 1000 dólares, como es el caso de los profesores, todos están recibiendo más o menos unos 400 de pensión”, dijo Zetino, de 60 años.
De ahí que el incremento de 30 % tenga, más bien, una motivación electoral, explicaron a IPS los entrevistados, pues no es la reforma integral que el gobierno dijo que haría.
Bukele, etiquetado como neopopulista, anunció en septiembre de 2022 que se inscribirá como candidato presidencial en las elecciones generales de 2024, en medio de un fuerte debate político sobre si la reelección continua viola la Constitución de la República, como se interpretó con sus antecesores que en su momento lo intentaron.
Desde antes de ser candidato a la presidencia, que asumió en junio de 2019, y durante aquella campaña, Bukele aseguró que un segundo mandato, continuo, no era posible porque lo prohíbe la Constitución.
Pero tras llegar al poder, cambió su posición, luego de que la Sala Constitucional, renovada con jueces afines por los diputados leales a Bukele, resolvió que ese segundo mandado inmediato era viable.
La nueva reforma previsional, aprobada en diciembre de 2022 arrancó, para efectos prácticos, en enero de 2023, un año considerado “electoral”, en donde los partidos políticos afinan sus estrategias propagandísticas.
“Creo que no hay ninguna acción de este gobierno que no esté orientada a lo político electoral, y en El Salvador desde hace muchos años se dejó de hacer políticas pública por estar en una campaña electoral permanente”, señaló a IPS la economista Tatiana Marroquín.
Para la experta, la nueva ley de pensiones impulsada por Bukele “es una continuidad de acciones hecha por gobiernos pasados: poner parches a un sistema de pensiones, una reforma que ha demostrado ser inviable tanto financiera como socialmente”.
Un sistema viciado desde el principio
Hasta 1996, el sistema previsional salvadoreño era universal y solidario, es decir, todos los trabajadores cotizaban a un fondo común, del que salían las pensiones para los jubilados.
Pero ese año, la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista, de extrema derecha y seguidora de las políticas neoliberales en boga en los años 90, le dio vuelta a ese sistema e impuso por decreto otro basado en el ahorro individual, siguiendo el modelo chileno, impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet.
A partir de entonces, los trabajadores salvadoreños, sobre todo los más jóvenes, fueron obligados a entrar al sistema, en un negocio perfecto para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), privadas, pues los clientes llegaron por decreto.
Dos de esas AFP funcionan en el país.
Los trabajadores de mayor edad, de poco interés para esas administradoras porque iban a cotizar menor tiempo en el nuevo sistema privado, quedaron dentro del antiguo esquema universal, que va a expirar definitivamente cuando muera el último de esos jubilados.
Hubo otro sector que tuvo la opción de irse al sistema privado o quedarse en el antiguo, llamados los “optados”.
De modo que, de entrada, el nuevo modelo creó tres segmentos de cotizantes, con lo cual se violentó el precepto de igualdad ante una ley.
Las AFP, creadas con el nuevo sistema privado, cobraron una taza de 2 % de la cotización de los trabajadores, la que en 2017 bajó a 1,90 % por “administrar” el fondo de los trabajadores, es decir, invertirlo en el mercado bursátil y generar a los trabajadores dividendos.
Esas ganancias aumentarían las cuentas individuales de los trabajadores y ello les beneficiaría en una mejor pensión a la hora de retirarse, a los 60 años, los hombres, y 55, las mujeres.
Sin embargo, esas inversiones nunca lograron despegar, por las limitaciones propias del mercado bursátil local, entre otros factores.
Los entusiastas de ese sistema privado dijeron también, en su momento, que el nuevo modelo aumentaría la cobertura, lo cual tampoco se ha cumplido, 27 años después de echarse a andar.
Círculo vicioso
Ahora, con la reforma impulsada por el gobierno de Bukele, y aprobada por la bancada oficialista, dominada por su partido, Nuevas Ideas, poco ha hecho para subsanar esos desajustes originales: la baja en las pensiones y la poca cobertura, entre otras deficiencias.
La nueva norma previsional “se hizo con una visión político partidaria”, sostuvo a IPS Patricio Pineda, al frente de la Mesa por una Pensión Digna, una organización que viene empujando cambios sustanciales en el sistema desde 2018.
La mayoría de analistas sostienen que el incremento de 30 % carece de un sustento financiero, y el gobierno no termina de explicar bien de dónde saldrán los recursos para pagar ese aumento.
“Cuando uno habla de integralidad en un sistema de pensiones tiene que fijarse al menos, primero, en el tema de cobertura, es decir, incluir a más personas, pero también hacerlo paralelo a una reforma fiscal”, explicó la economista Marroquín.
Y acotó: “Porque sin duda alguna es necesario encontrar los fondos para ampliar la cobertura”.
Pineda calculó que este 2023, el primer año de puesta en marcha de la nueva ley, el Estado va a requerir de unos 2000 millones de dólares para cubrir ese 30 % extra, tomando como base una pensión mínima de 400 dólares.
Pero por otro lado, la recaudación anual del sistema alcanza unos 1200 millones.
“Estaríamos con un 20 % de déficit”, subrayó Pineda.
Agregó que el aumento solo cubre a los jubilados por vejez, que son alrededor de 119 000 personas.
Ese segmento de población es al que el gobierno le estaría apuntado como objetivo electoral para las elecciones generales de 2024, es decir, asegurar sus votos.
En 2024 los electores salvadoreños elegirán, además del presidente y vicepresidente, los 84 diputados de la unicameral Asamblea Legislativa y los 20 del Parlamento Centroamericano, junto con los alcaldes de 262 municipios.
Por su parte, Zetino, el maestro de Bases Magisteriales Salvadoreñas, narró que en su caso particular, le afectó el hecho de que la nueva ley mantuvo una fórmula, en vigencia desde 2017, para calcular las pensiones.
El maestro, que justo se acaba de retirar, señaló que en sus años de trabajo logró recaudar en su cuenta individual unos 77 000 dólares, porque se esforzó por cotizar incluso más de lo requerido.
Con la antigua fórmula de cálculo de las pensiones, él habría recibido un monto de al menos 900 dólares mensuales, pero con la nueva ley, que mantuvo la fórmula de 2017, su jubilación será de 573 dólares, que ya es alta para el promedio de maestros, dijo.
A eso hay que restar otros descuentos de ley y al final le quedaría más baja aún.
“La pensión más alta que he escuchado en el magisterio es de 420 dólares”, dijo, pero menos los descuentos, “entonces estamos hablando de una persona que va a enfrentar su vejez con 264 dólares”.
ED: EG
