QUITO – Un día después de que se iniciara su juicio político, Guillermo Lasso presidente ecuatoriano, firmó el decreto para disolver la Asamblea con base en el mecanismo conocido como la «muerte cruzada», una figura que forma parte de la Constitución ecuatoriana de 2008 y que permite al jefe del Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que ésta obstaculiza gravemente su capacidad para gobernar.
Desde que se promulgó la Constitución, es la primera vez que un presidente invoca esta figura en el país, por lo que hay preocupación sobre cómo se manejará el proceso.
A partir de la entrada en vigor del decreto presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de siete días. La primera vuelta debe celebrarse en un tiempo máximo de 90 días, según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y quienes sean elegidos en esa vuelta permanecerán en sus cargos hasta 2025, año en que están previstas las próximas elecciones regulares en Ecuador.
El presidente Lasso puede presentarse como candidato en las elecciones anticipadas, lo que pone en cuestión su mandato oficial, que va hasta 2025.
De ahí el nombre «muerte cruzada» que alude a que tanto la Asamblea como el presidente pueden perder sus atribuciones al invocar esta figura para justificar su decisión. Lasso afirmó que la oposición puso «en jaque la democracia ecuatoriana» al desestabilizar al gobierno.
Sin embargo, la razón real detrás de las acciones de Lasso podría ser su miedo a perder la presidencia en el juicio político puesto en marcha, a pesar de que solo necesitaba que un tercio de los 137 congresistas rechazaran su destitución para mantenerse en el poder. Ahora, con la «muerte cruzada» puede gobernar por decreto durante un plazo máximo de seis meses.
El miedo de Lasso se puede explicar con su baja popularidad, y la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador. Sin embargo, algunops medios hablan de la muerte cruzada como un «suicidio político«, ya que le abrió la puerta de par en par a los correístas, que fueron los ganadores absolutos de las recientes elecciones seccionales en el país.
Violencia y ceguera política sin tregua
La problemática del aumento exponencial de la inseguridad y la violencia en Ecuador ha puesto en jaque a Lasso, Desde el comienzo de su mandato, el presidente ecuatoriano ha enfrentado revueltas carcelarias, avances del narcotráfico y ha tenido que declarar varios estados de emergencia para frenar los crímenes violentos en el país.
Durante el gobierno Lasso Ecuador ha registrado algunas de las tasas de homicidios más altas de América Latina y no ha podido enfrentar esta crisis de seguridad pública.
A finales de 2021, Lasso decretó el estado de excepción por «grave conmoción interna» en todo el territorio nacional. En ese momento calificó al narcotráfico como el «principal enemigo» de Ecuador. En 2022, durante el paro nacional masivo, para recuperar el orden público Lasso declaró de nuevo estado de excepción durante 30 días en las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Azuaya.
En enero de 2023 el movimiento indígena pidió la renuncia del presidente y se declaró en movilización permanente. Según Lasso, esta decisión del movimiento fue el pretexto para comenzar el juicio político en su contra, que llevó a la crisis actual del país. Finalmente, en abril, Lasso declaró a los grupos criminales organizados como terroristas, declaraciones que le dieron un poder absoluto a los militares para perseguir a las pandillas, a pesar de las denuncias sobre corrupción al interior de este órgano de control.
Lasso, por otro lado, ha sido objeto de críticas políticas, especialmente por parte del correísmo y del mismo expresidente Rafael Correa, que está muy presente en la política ecuatoriana desde que se refugió en Bruselas para huir de un juicio pendiente por corrupción.
Durante la campaña presidencial, la relación de Lasso con la banca fue cuestionada. En 2021 el correísmo creó una comisión para investigar el «feriado bancario» de 1999, debido al cual el gobierno ecuatoriano congeló los depósitos bancarios, lo que llevó a una acelerada devaluación de la moneda local, el sucre, que hizo que el país se dolarizara.
Lasso ha dicho que no tuvo nada que ver con el feriado, pero los correístas no creen en sus palabras.
En 2022, el presidente ecuatoriano sobrevivió a un intento de juicio político debido al aumento desmedido en el precio del combustible y los alimentos, y en 2023 Lasso tuvo que enfrentar la derrota de su partido en las elecciones seccionales y en el referendo ecuatoriano, que tuvo como resultado un rechazo de los cambios que el gobierno propuso a la Constitución, y que le dio la victoria al correísmo en las regiones.
En este contexto, el 9 de mayo la Asamblea Nacional resolvió proceder a su juicio político por presunta participación en el delito de malversación de caudales públicos puesto que, según la oposición, el presidente no finalizó un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para transportar derivados de petróleo, lo que representaría significativos perjuicios a las arcas del Estado ecuatoriano.
Lasso, sin embargo, afirmó que era un contrato de 2018, que el proceso carece de pruebas y que solo es un mecanismo para destruirlo.
Un problema que puede crear la nueva situación del país es que provoque protestas masivas; varios movimientos indígenas advirtieron que se movilizarán y que están buscando el apoyo de colectivos políticos y sociales. A Mayo 17 de 2023, las Fuerzas Armadas se habían desplegado en puntos clave de Quito para evitar conflictos por movilizaciones.
Si bien la “muertes cruzada” que aplica Lasso permite pensar en una nueva Asamblea y un nuevo gobierno, también profundiza la inestabilidad política e institucional de Ecuador, un país que, en los últimos tres años, ha sido golpeado duramente por la crisis económica y social, desastres naturales, baja inversión, desempleo y alta emigración.
El paso a paso tras la «muerte cruzada»
- El CNE tiene siete días para convocar nuevas elecciones presidenciales y de legisladores.
- Después de convocadas las elecciones, deben realizarse en un plazo máximo de 90 días.
- Luego, el CNE debe hacer públicos los resultados en un plazo máximo de siete días.
- Si ningún candidato presidencial queda electo, se convoca a una segunda vuelta que debe realizarse en los 45 días siguientes a la publicación de los resultados.
- El CNE tiene un plazo de siete días para hacer públicos los resultados.
- Los ganadores deben posesionarse en los 15 días siguientes a partir de la publicación de los resultados.
- El nuevo presidente y los nuevos legisladores ocuparon sus cargos hasta 2025.
- La «muerte cruzada» no podrá invocarse de nuevo en lo que resta del periodo constitucional.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta América Latina.
