LONDRES – La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) saludó este lunes 29 como “histórica” la adopción en Liubliana, por más de 70 países, de un nuevo tratado para contribuir a que se haga justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Fisseha Tekle, asesor jurídico sobre Justicia Internacional en AI, dijo 1ue “la aprobación de esta nueva convención de cooperación internacional es un paso histórico para garantizar justicia a las víctimas de crímenes de derecho internacional”.
“En un mundo en el que se cometen atrocidades cada vez más evidentes, y donde a menudo se deja sin posibilidad de resarcimiento a cantidades enormes de víctimas, la convención abre más vías para la justicia”, agregó.
La “Convención de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra” establece las obligaciones de los Estados sobre cooperación judicial y extradición en la investigación de crímenes de derecho internacional.
También conocido como Convención de Liubliana-La Haya, y en ocasiones llamado Tratado de Asistencia Judicial Recíproca, el acuerdo fue alcanzado por consenso tras dos semanas de negociaciones en Liubliana, en las que participaron delegaciones de más de 70 Estados, organizaciones internacionales y sociedad civil.
El tratado cubre un vacío existente en el derecho y la justicia internacional al aclarar y consolidar el deber y la obligación de los Estados de prestarse asistencia mutua en casos de crímenes de derecho internacional.
Elaborado con los aportes de unos 300 expertos, el texto proporciona herramientas para luchar contra la impunidad de los crímenes y refuerza el papel de los sistemas judiciales nacionales en estos casos.
Fue promovido por Argentina, Bélgica, Eslovenia, Mongolia, Países Bajos y Senegal, se prevé que esté disponible para su firma en La Haya a comienzos de 2024, y deberá ser ratificado por un mínimo de 15 países para entrar en vigor.
En su articulado establece cuáles serán los órganos centrales de cooperación, definiciones y estatuto de las víctimas, testigos y peritos, procedimiento de asistencia internacional y extradición, traslado de personas condenadas y procedimiento de solución de controversias.
AI destaca que se amplían las normas sobre el reconocimiento, el papel y los derechos de las víctimas; se enfatiza la obligación de proporcionar en todo momento un trato justo a las personas acusadas, se declaran ilegales la mayoría de las prescripciones de estos crímenes, y se ha mejorado el lenguaje sobre género.
“Es importante que la obligación primordial de los Estados de procesar o extraditar a las personas sospechosas de haber perpetrado crímenes de derecho internacional se haya consagrado y ampliado para incluir ciertos crímenes perpetrados en conflictos armados no internacionales”, dijo Tekle.
Sin embargo, para AI resulta “muy preocupante” que algunos Estados lograsen una exención y garantizar que la investigación y el procesamiento de presuntos perpetradores presentes en su territorio tenga carácter discrecional, cuando debería ser una obligación universal.
No obstante, la determinación de la mayoría de los Estados implicados en las negociaciones, de reducir al máximo los “santuarios” para responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y de realizar el derecho de las víctimas a una reparación, garantizó que esta exención fuera limitada.
“En conjunto, se ha aprovechado una oportunidad histórica para reforzar la cooperación jurídica internacional, y ahora instamos a los Estados a que firmen el tratado sin demora y lo ratifiquen sin reservas”, concluyó Tekle.
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