RÍO DE JANEIRO – Dos niñas de 11 años, embarazadas tras ser víctimas de violación, pusieron tintes dramáticos al derecho al aborto en Brasil en los últimos meses. A las dos soportaron muchas presiones, incluso de los jueces, para que tuviesen sus hijos, pese a la legalidad de la interrupción de sus embarazos, y sus casos tuvieron finales diferentes.
Una tuvo su segundo hijo apenas cumplidos los 12 años, en marzo, en el nororiental estado de Piauí. La otra aguantó las presiones y logró interrumpir el embarazo en Santa Catarina, un estado del sur de Brasil, en junio de 2022.
En Brasil el aborto es legal en casos de violación y de riesgo de muerte materna según el Código Penal de 1940. Una tercera causa, la anencefalia del feto, se agregó por un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) en 2012.
La niña de Piauí ya había tenido un primer hijo en 2021, a los 10 anos, tras la violación de un primo de 25 años, porque su madre descartó el aborto por recomendación del médico que alegó riesgo de muerte en la interrupción del embarazo.
Ahora tuvo una niña después que un juez de apelación anuló la autorización del aborto concedida anteriormente por una jueza de primera instancia.
La legislación, sin embargo, obvia cualquier intervención judicial en esos casos. La inducción legal del aborto se puede practicar directamente en los hospitales, sin interferencia de la Justicia.
Pero en Santa Catarina el hospital negó el servicio a la niña de 11 años, bajo el pretexto de que ella ya llevaba 22 semanas de embarazo, hecho que no representa ningún impedimento legal.
El caso fue entonces a los tribunales, donde una jueza decidió internar a la niña en una casa de acogida para que tuviera el hijo y lo destinase a una adopción. Fue necesario un habeas corpus solicitado por la familia al Ministerio Público (fiscal) local para que se le pudiera practicar el aborto.
“Es necesario mejorar el sistema de informaciones y la oferta de servicios en relación al aborto, sensibilizar las estudiantes de medicina, enfermería y sicología. La universidad no informa sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual”: Ligia Cardieri.
Esos obstáculos al aborto legal persisten en los servicios médicos y en la Justicia, denuncian activistas de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de sus derechos reproductivos, mientras en el Poder Legislativo proliferan propuestas para mayores restricciones.
Las niñas madres se multiplican
Niñas de 10 a 14 años tuvieron 10 867 hijos en la década de 2010-2019 en el sureño estado de Paraná, según un estudio de la Red Feminista de Salud (RFS). Ese estado tiene 11,5 millones de habitantes, solo 5,5 % de la población nacional de 208 millones estimados por el nuevo censo en proceso de conclusión.
En todo el país, son más de 17 000 nacimientos anuales de madres de hasta 14 años, según cifras suministradas por el Ministerio de Salud.
Todas ellas tenían derecho al aborto legal, ya que el mismo Código Penal tipifica como violación cualquier acto sexual con niñas de menos de 14 años, no importan las circunstancias, destacó a IPS la secretaria ejecutiva de la RFS, Ligia Cardieri.
“Es necesario mejorar el sistema de informaciones y la oferta de servicios en relación al aborto, sensibilizar las estudiantes de medicina, enfermería y sicología. La universidad no informa sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual”, lamentó en una entrevista por teléfono desde Curitiba, capital de Paraná.
De las casi 400 000 interrupciones voluntarias del embarazo registradas anualmente por los servicios de salud, menos de 2000 son abortos practicados legalmente, según datos que se consideran muy inferiores a los reales y que para Cardieri también revelan la falta de conocimientos médicos y legales para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Mejoras y precariedades
Pese a todo, los datos indican avances. Se hablaba de más de un millón de abortos inducidos en el inicio del siglo en Brasil, basados en las hospitalizaciones originadas por complicaciones de la práctica ilegal en su mayoría. Las estimaciones cayeron a 400 000, pero en relación a mujeres de18 años o más.
Las muertes resultantes de abortos cayeron de 401 al año en 1979 a menos de cien actualmente, por los datos del Sistema de Informaciones sobre Mortalidad del Ministerio de Salud.
La despenalización del aborto hasta la 12 semana de gestación está pendiente de un muy demorado fallo del Supremo Tribunal Federal, en respuesta a una demanda hecha en 2017 por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
“Pero no estoy segura de que sea el momento de la adopción de tal médica, antes de madurar un debate en la sociedad y de ampliar los servicios que aún no atienden satisfactoriamente los casos legales, como los de las niñas violadas”, razonó Cardieri, socióloga especializada en salud pública.
Pero además de las muertes, la ilegalidad en la mayoría de los casos cuesta “soledad, miedo y clandestinidad” a las mujeres, destacó.
Mientras, en el legislativo Congreso Nacional surgen riesgos de retroceso. Ya en 2007 se presentó un proyecto de ley bautizado como “Estatuto del feto (nascituro, en portugués)», que fue obstruido por la resistencia femenina.
Pero la llegada de más diputados y senadores ultraconservadores en la nueva legislatura instalada e1 de febrero ha dado nuevo empuje a la propuesta que pretende definir el feto como un ser humano, desde la concepción, lo que convierte el aborto en un homicidio y anula la legalidad de los casos previstos en la legislación.
Otra propuesta de “alto riesgo”, según Clara Wardi, del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea), intenta prohibir la telemedicina para la interrupción del embarazo.
Aborto por telemedicina
Ese servicio telemático surgió en Brasil en 2020 para hacer frente a la pandemia de covid-19, que dificultó la atención presencial en los hospitales y clínicas. Se hizo factible por la eficacia y seguridad del uso del medicamento misoprostrol y es aprobado por la Organización Mundial de Salud (OMS).
Sin embargo, la médica Helena Paro, profesora de la Universidad Federal de Uberlandia, enfrentó ataques del Ministerio de Salud, durante el gobierno anterior del ultraderechista Jair Bolsonaro, y de políticos conservadores, por publicación en 2021 del manual “Aborto legal vía telesalud”.
El Consejo Regional de Medicina de Minas Gerais, el sureño estado en que se ubica la ciudad de Uberlandia, instauró un proceso de ética que puede quitar a Paro la certificación profesional.
“Aumentaron desde 2002 los proyectos de ley presentados en el Congreso que buscan criminalizar o dificultar el aborto. A partir de este año esa tendencia crece por la el crecimiento de la bancada de extrema derecha”, apuntó Wardi a IPS por teléfono desde Brasilia, donde monitorea la actividad legislativa que afecta a las mujeres.
La presión por retrocesos legislativos se alimenta del ascenso político de la extrema derecha, desde la elección de Bolsonaro en 2018, junto con el fundamentalismo religioso, evaluó.
“Cuestiones no solucionadas de la sociedad brasileña, como los daños de la dictadura militar” (1964-1985), favorecen las banderas ultraderechistas contra los derechos humanos, en que se incluyen los de las mujeres, acotó.
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De todos modos, la oposición al aborto no se amplió en la opinión pública brasileña, según datos preliminares de un sondeo de Cfemea con instituciones académicas sobre tendencias de la población sobre el tema durante los últimos 40 años.
Y hubo avances tecnológicos que contribuyeron a la reducción de la mortalidad, aunque en Brasil solo 8 % de los abortos se hace por la técnica de aspiración, ampliamente adoptada en el resto del mundo. Aun predomina el curetaje, método agresivo, rechazado por la OMS hace más de 20 años, señaló.
El Misoprostrol, de eficacia comprobada para aborto en los años 90, fue decisivo para bajar la cantidad de muertes. Pero solo fue aprobado para ese fin por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en 1998 y bajo rígido control, en contrate con otros países que permiten su venta libremente en las farmacias.
En ese cuadro, pese al refuerzo del conservadurismo en la política, Cardieri dijo que “estoy optimista”, porque el nuevo gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva «mejora el ambiente para un debate positivo de calidad”, además de la llegada de nuevos actores y argumentos a la discusión.
ED: EG
