GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este martes 21 que cesen las detenciones arbitrarias practicadas por el Estado venezolano, así como los ataques, intimidación y criminalización que sufren defensores de derechos y periodistas en ese país.
Venezuela “sigue enfrentándose a graves problemas de derechos humanos en los ámbitos civil, político, económico y social”, resumió Türk al presentar una actualización oral de la situación en el país sudamericano, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
Türk, quien visitó Venezuela en enero, dijo que “me siguen preocupando profundamente las personas detenidas arbitrariamente”, y afirmó que su oficina, Acnudh, sigue documentando esas situaciones.
Los casos incluyen “personas que permanecen detenidas después de que se hayan dictado órdenes de puesta en libertad, y personas mantenidas en detención preventiva más allá de los límites legalmente establecidos”, indicó.
Türk no distinguió en su exposición entre detenidos políticos y comunes, pero organizaciones locales de derechos humanos como el Foro Penal consideran que hay hasta 270 presos políticos, entre civiles y militares, en ese país de 28 millones de habitantes.
“Reitero mis llamamientos realizados en enero para que se ponga en libertad de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente”, expresó Türk.
Dijo que “un espacio libre y vibrante para que la gente exprese sus opiniones es vital.
Sin embargo, los defensores de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización”.
“Por ejemplo, seis dirigentes sindicales y laborales llevan ya más de nueve meses detenidos, acusados de conspiración y asociación delictiva”, aseveró.
“Venezuela sigue enfrentándose a graves problemas de derechos humanos en los ámbitos civil, político, económico y social”: Volker Türk.
Como la Asamblea Nacional legislativa comenzó a debatir una ley con severos controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), el alto comisionado planteó que ese instrumento deberá respetar las normas internacionales de derechos humanos.
Türk, un jurista austríaco de 58 años, dijo que conoció a “personas que me hablaron de su lucha diaria por sobrevivir, de los cortes regulares de electricidad, de la falta de agua corriente, de la indisponibilidad de medicinas y alimentos, de cómo se endeudaban cada vez más”.
“Me hablaron de las consecuencias que estos problemas tienen en su salud mental: muchos sufren ansiedad y depresión. Según las estadísticas de la ONU, hay más de siete millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país”, indicó.
Una cifra similar de venezolanos, siete millones, han abandonado el país en los últimos 10 años para escapar de la crisis económica, social y política, según reportes de agencias de las Naciones Unidas.
Como un paso positivo, Türk mencionó la renovación de la carta de entendimiento con el gobierno que permite a su oficina continuar su trabajo en Venezuela durante los próximos dos años, y la voluntad para emprender reformas judiciales.
Un paso en ese sentido dio el Tribunal Supremo de Justicia al anular este marzo una norma que castigaba con prisión a militares que mantuviesen relaciones con oficiales o soldados del mismo sexo.
“Las autoridades también resolvieron comenzar a trabajar, con el apoyo de mi oficina, en dos protocolos para investigar numerosos presuntos casos de feminicidios y discriminación contra personas LGBTIQ+”, dijo Türk.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo, tomó nota del informe y anunció que Caracas responderá “en su debida oportunidad”.
En la ronda de comentarios, los representantes de la Australia, España, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Ucrania y la Unión Europea destacaron la erosión de los derechos humanos, y abogaron por la libertad de los presos políticos y por el cese del hostigamiento a las ONG, principalmente.
En cambio los de Bielorrusia, Bolivia, Burundi, China, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Irán, Níger, Rusia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur y Yemen criticaron la coerción que se ejerce sobre el Estado venezolano mediante sanciones económicas desde Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos.
Las representaciones de Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Uruguay expusieron su preocupación por las restricciones al espacio cívico en Venezuela, en particular por el proyecto de ley sobre las ONG, y pidieron la libertad de todos los detenidos por causas políticas.
Chile instó a Venezuela para que sostenga el compromiso de mantener las puertas abiertas a los trabajos de Acnudh.
Argentina y Brasil se sumaron a los demás países que apoyaron los trabajos de Acnudh y pidieron que cesen las sanciones sobre el Estado venezolano.
Desde el campo de las ONG, Tamara Taraciuk, directora para el hemisferio en Human Rights Watch, exhortó al alto comisionado para que exija que el proyecto de ley que controlaría esas organizaciones sea archivado, tras denunciar “inaceptables esfuerzos por socavar el espacio cívico”.
La representación de la Comisión Internacional de Juristas señaló lo que considera falta de independencia del poder judicial, y también reclamó por “las amenazas que se viven en ese país sobre las organizaciones no gubernamentales”.
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