GINEBRA – El gobierno de Nicaragua comete violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, afirmó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que actúa en el marco de las Naciones Unidas, en un informe divulgado este jueves 2.
El jurista alemán Jan Simon, integrante del grupo, dijo que se trata de “crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”.
Los otros miembros del Grupo, expertos independientes y que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza, son el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago.
Los abusos señalados en el informe incluyen “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país”.
El 9 de febrero el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó del país a 222 presos políticos y les despojó de la nacionalidad.
El mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero, les impuso la pérdida de la nacionalidad, y ordenó el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
Entre ellos, el obispo de la diócesis católica de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien rehusó ser expulsado y permanece tras las rejas, condenado a 26 años de prisión.
Según los expertos, el conjunto de abusos “no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
Simon dijo que “las altas autoridades del gobierno han logrado instrumentalizar a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”.
Afirmó que “el objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”, y como consecuencia “la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra”.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.
El gobierno obstruyó cualquier investigación sobre esas y otras muertes, de acuerdo con el reporte.
También se indicó que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional, y miembros de grupos armados progubernamentales, cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales. Muchas personas fueron detenidas sin orden judicial, y quedaron recluidas en régimen de incomunicación.
Buitrago dijo que “todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población y, para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”.
“Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”, recordó Buitrago.
El informe recordó que desde diciembre de 2018 al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas, y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
El Grupo concluyó que el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo –su esposa- son responsables de haber puesto en práctica estos crímenes, y a la fecha continúan incurriendo en esas prácticas.
“Las violaciones, abusos y crímenes investigados y descritos dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables”, sostuvo Simon.
El informe instó al gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, y a poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos.
También propone emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
Finalmente, el informe insta a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas, y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional.
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