LONDRES – Las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 94 personas en lo que va de año, y entre ellas a 28 pertenecientes a minorías étnicas al cabo de juicios injustos, afirmaron en una declaración Amnistía Internacional (AI) y el Centro Abdorrahman Boroumand, enfocado sobre los derechos humanos en Irán.
Roya Boroumand, directora ejecutiva del Centro, en Washington, dijo que las autoridades “están llevando a cabo ejecuciones a un ritmo aterrador, un indisimulado intento de oprimir aún más a las minorías étnicas y también de sembrar el miedo a la fuerza bruta que le espera a la disidencia, ya sea en la calle o en el patíbulo”.
Desde que comenzó el año, han sido ejecutadas 14 personas de la etnia kurda, 13 baluchis y un árabe ahwazí, y al menos otras 12 de grupos minoritarios recibieron sentencias a la pena capital. En Irán el grupo étnico mayoritario es el persa, con poco más de 60 % de la población.
La oleada de ejecuciones ha seguido a las manifestaciones, duramente reprimidas, que estallaron después de que el 16 de septiembre murió la joven Mahsa Amini, bajo custodia de la policía de la moral iraní, que la detuvo tres días antes acusándola de portar indebidamente sobre su cabeza el velo islámico, hiyab.
Según AI, los informes de las ejecuciones traen además “un espeluznante trasfondo de denuncias de violencia sexual y otras torturas, lo que supone un considerable aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado”.
“Causa pavor observar cómo las ejecuciones suelen estar precedidas por el empleo sistemático de ‘confesiones’ extraídas mediante tortura a fin de condenar a la persona acusada en juicios manifiestamente injustos”, dice el reporte de AI
Destacó el caso del ahwazí Hassan Abyat, ejecutado en una prisión de la provincia de Juzestán, suroeste, condenado a muerte dos veces: por el Tribunal Revolucionario, por “enemistad con Dios”, y por el Tribunal de lo Penal por “”pertenencia a un grupo de oposición” y presuntamente haber asesinado a un agente.
AI dijo que tras someter a Abyat a desaparición forzada, los interrogadores lo ataron a una cama especial de tortura, lo golpearon con cables y le administraron descargas eléctricas en los testículos. El acusado negó haber matado al agente. El tribunal lo declaró culpable sin investigar las denuncias de tortura para obtener “confesiones”.
El kurdo Arash Ahmadi corrió la misma suerte en una prisión de la occidental provincia de Kermanshah. Fue condenado a muerte por “enemistad con Dios”, debido a su pertenencia en el pasado a un grupo de oposición kurdo-iraní proscrito y a la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad.
Según activistas kurdos de derechos humanos, los interrogadores de la Guardia Revolucionaria lo obligaron a confesar bajo tortura.
En los caso de Abyat y Ahmadi, sus “confesiones” forzosas fueron retransmitidas por los medios de comunicación estatales, en una maniobra de las autoridades destinada a denigrarlos y justificar sus ejecuciones, indicó el reporte de AI.
Se les negó el principio de presunción de inocencia, no se les permitió acceder a representación legal, y sus ejecuciones se consumaron en secreto, sin notificación previa a las familias ni permitir a éstas una última visita.
Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, al menos seis jóvenes de la minoría baluchi (del sureste fronterizo con Pakistán) fueron condenados a muerte en diferentes juicios relacionados con las protestas que tuvieron lugar en la provincia de Sistán y Baluchistán en septiembre de 2022.
Se les condenó a muerte bajo cargos de “propagar la corrupción en la tierra” y “enemistad con Dios”, por incendios provocados y lanzamiento de piedras.
El 14 de febrero se comunicó a seis hombres árabes ahwazíes que fueron condenados a muerte tras un juicio colectivo ante un Tribunal Revolucionario, en una causa judicial que se remontaba a 2017, por el cargo de “enemistad con Dios”, debido a su presunta “pertenencia a grupos ilegales”.
“El mundo debe presionar a las autoridades iraníes para que dicten una moratoria oficial de las ejecuciones, anulen las sentencias condenatorias y las condenas a muerte injustas”, dijo Diana Eltahawy, directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, pues considera que la pena capital “es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”.
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