GINEBRA – La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) criticó, este martes 28, las detenciones arbitrarias y otros excesos constatados en El Salvador durante el estado de emergencia que ya cumple un año.
“Entendemos los serios desafíos que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, es su deber hacerlo en cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró la portavoz de Acnudh, Marta Hurtado.
Recordó que el 27 de marzo se implantó un estado de emergencia, inicialmente por un mes y que desde entonces se ha renovado periódicamente, y durante el cual “las autoridades han tomado varias medidas que plantean graves problemas de derechos humanos”.
Al menos 65 000 personas, incluidos niños, han sido detenidas desde entonces, dio Hurtado a periodistas en la sede de Acnudh en esta ciudad suiza.
Unos 4000 individuos fueron llevados, semidesnudos y encadenados, a una cárcel de máxima seguridad recién construida, en operaciones de traslado ampliamente publicitadas por el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Acnudh subraya que el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo y las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento , incluso durante los estados de emergencia.
Hurtado dijo que algunas de las detenciones masivas “pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen estar basadas en investigaciones poco fundamentadas, en perfiles burdos de la apariencia física –casi todos los hombres presos lucen muchos tatuajes- o el origen social de los detenidos”.
Las condiciones en los lugares de detención superpoblados también se consideran muy preocupantes, y Acnudh ha recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento.
También ha habido casos de reclusos con enfermedades crónicas que no reciben la medicación prescrita y denuncias de otras formas de malos tratos.
“Es especialmente preocupante que presuntamente 90 personas hayan muerto bajo custodia desde que se promulgó el estado de emergencia y solo se dispone de información limitada sobre cómo avanzan las investigaciones sobre estas muertes”, dijo Hurtado.
Destacó la responsable que los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad. Hasta el momento, la institución nacional de derechos humanos de El Salvador ha recogido cerca de 8000 denuncias de violaciones de derechos contra los presos.
Acnudh instó a las autoridades a garantizar que las personas no sean detenidas sin autorización legal suficiente, y que garanticen que quienes sean detenidos cuenten con todas las salvaguardias fundamentales exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
El gobierno también debe permitir que la institución nacional de derechos humanos acceda sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes regulares e independientes sobre las condiciones, se indicó.
“Recordamos a las autoridades la experiencia internacional, la cual demuestra que depender de un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los reclusos se reintegren con éxito a la sociedad”, dijo Hurtado.
Agregó que encontrar soluciones a largo plazo para la inseguridad y el crimen requerirá abordar las causas fundamentales de la violencia de las pandillas, como las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales y gobernanza efectivas.
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